Antecedentes

El Relator Especial dedicará su próximo informe temático a la Financiación verde, una transición justa para proteger los derechos de los pueblos indígenas, que se presentará al Consejo de Derechos Humanos en su 54º período de sesiones, en septiembre de 2023.

La financiación verde es fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas establecidas por los acuerdos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Marco Global de Biodiversidad Post-2020 de la Convención de Diversidad biológica (CDB), todos los cuales tendrán un impacto significativo en los derechos de los Pueblos Indígenas.  El informe ofrecerá recomendaciones a los Estados para regular el sector financiero, a las instituciones financieras de desarrollo (IFD)^1/ , a los receptores de fondos internacionales como las empresas privadas, así como a los organismos especializados de las Naciones Unidas^2/ , en su papel de instituciones de financiación. El informe tratará de orientar a las organizaciones e instituciones de financiación para que refuercen las estructuras de gobernanza y rendición de cuentas a fin de reducir los efectos negativos de sus actividades sobre los derechos de los pueblos indígenas y facilitar el acceso de éstos a las oportunidades económicas y los mercados mundiales. También se abordarán las mejores prácticas, especialmente en lo que respecta a la financiación directa de iniciativas de conservación y proyectos de energías renovables dirigidos por indígenas.

Una “transición justa” aborda las intervenciones y salvaguardias sociales y medioambientales necesarias para garantizar los derechos y medios de vida de los pueblos indígenas cuando las economías cambian a prácticas de desarrollo sostenible para combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Garantiza que los más afectados por los daños medioambientales no carguen con los costos de esta transición, participen en la elaboración de soluciones políticas y tengan una participación equitativa en las nuevas oportunidades económicas.

El impacto de la financiación verde sobre los derechos de los pueblos indígenas debe entenderse y abordarse desde el marco de los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos pertinentes, en particular el artículo 39 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece el derecho de los pueblos indígenas a acceder a la asistencia financiera y técnica de los Estados y a través de la cooperación internacional para el disfrute de los derechos contenidos en la Declaración. Los Estados también tienen la obligación, en virtud del artículo 29, de establecer y aplicar programas de asistencia, sin discriminación, para que los pueblos indígenas conserven y protejan el medio ambiente y la capacidad productiva de sus tierras, territorios y recursos.  Los financiadores privados tienen la obligación de respetar los derechos humanos según los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGP, por sus siglas en inglés). Este estudio explorará la intersección de la inversión bajo criterios Ambientales, Sociales y de Gobierno (ESG, por sus siglas en inglés) y las prácticas de información emergentes en el sector privado, a través de la lente de las responsabilidades de los financiadores en virtud de los UNGP de respetar los derechos de los Pueblos Indígenas.

El informe cubrirá el papel y el impacto potencial sobre los derechos de los pueblos indígenas de los mecanismos internacionales de financiación climática^3/ , los mercados de créditos de carbono y créditos de biodiversidad, las organizaciones internacionales de conservación^4/  y los inversores, las instituciones financieras internacionales y los organismos de las Naciones Unidas que financian energía verde, proyectos de desarrollo sostenible, programas REDD+ y objetivos de biodiversidad. El informe abordará cómo los derechos de los Pueblos Indígenas se ven afectados por los esfuerzos para cumplir con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional y los objetivos de protección del clima y la biodiversidad a largo plazo. Algunos ejemplos de proyectos que se han enmarcado como alternativas ecológicas a la producción de combustibles fósiles son los parques eólicos y solares; la extracción de litio para baterías de vehículos eléctricos; la producción de biocombustibles; las presas hidroeléctricas; los proyectos de energías renovables y de mitigación y adaptación al cambio climático; y la creación de áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad.

El Relator Especial se basará en los hallazgos realizados previamente por el mandato en sus informes al Consejo de Derechos Humanos sobre los "Impactos del cambio climático y la financiación para el clima en los derechos de los pueblos indígenas (2017) A/HRC/36/46; "Acuerdos internacionales de inversión, incluidos los tratados bilaterales de inversión y los capítulos sobre inversión de los acuerdos de libre comercio (2016), A/HRC/33/42; y en el informe a la Asamblea General sobre "Áreas protegidas y derechos de los pueblos indígenas: Las obligaciones de los Estados y las organizaciones internacionales" (2022), A/77/238, en el que se señalaba cómo las prácticas de conservación excluyentes arrebatan la gestión y el control de las tierras a los pueblos indígenas, a menudo bajo la influencia de organizaciones internacionales de conservación financieramente poderosas.

El Relator Especial solicita aportaciones de los Estados miembros y entidades intergubernamentales, agencias de la ONU, pueblos y organizaciones indígenas, en particular organizaciones de mujeres indígenas, actores de la sociedad civil, organizaciones humanitarias y de desarrollo, instituciones nacionales de derechos humanos, representantes de empresas y otras partes interesadas, para contribuir a la preparación del informe. Las contribuciones pueden enviarse a hrc-sr-indigenous@un.org antes del 21 de abril de 2023 en inglés, francés o español en formato Word. Por favor, indique en el asunto de su correo electrónico "Submission to 54th HRC session report". Por favor, el límite las aportaciones es de 10 páginas.

Las contribuciones se publicarán a medida que se reciban en la página web del mandato. Por favor, indique en su correo electrónico si NO desea que su envío se haga público.

CUESTIONARIO

El Relator Especial está especialmente interesado en recibir aportaciones sobre alguno o todos los temas siguientes, incluyendo estudios de caso y ejemplos específicos de mejores prácticas lideradas por Pueblos Indígenas, así como iniciativas tomadas por Estados y organizaciones internacionales.

1. ¿Las IFD están cumpliendo con sus políticas de salvaguardia? Por ejemplo, ¿estas instituciones u organizaciones están realizando o garantizando la realización de evaluaciones de impacto ambiental, social y de derechos humanos independientes, transparentes y participativas y obteniendo el consentimiento libre, previo e informado cuando los Pueblos Indígenas se ven afectados por un proyecto financiado por una IFD?
2. ¿Existen oportunidades para que los Pueblos Indígenas participen en el desarrollo y ejecución de proyectos financiados por IFD relacionados con la conservación, la transición a energías limpias y los mercados de carbono?
3. ¿Qué papel desempeñan las IFD en la formulación de políticas, más allá de la propia inversión financiera? ¿Cómo las IFD garantizan que los Pueblos Indígenas estén representados en el desarrollo de estrategias institucionales globales, en particular en la creación y aplicación de políticas que afectan a los Pueblos Indígenas?
4. Por favor, describa su experiencia con los mecanismos de reclamación de las IFD y los paneles de inspección a nivel institucional o nacional. ¿Son eficaces estos mecanismos a la hora de proporcionar soluciones a las violaciones de los derechos humanos? Por ejemplo, ¿hay problemas estructurales en el funcionamiento de estos mecanismos en cuanto a los actores en los que se centran, los plazos en los que operan, los recursos disponibles, etc.? ¿Cómo pueden mejorarse estos mecanismos?
5. Por favor, describa alguna iniciativa para abordar la violencia sexual y de género y la desigualdad de género, los derechos de las personas con discapacidad y las personas lesbianas, gay y de género diverso como parte de los esfuerzos más amplios para mejorar el marco normativo e institucional de las IFD.
6. Proporcione ejemplos de marcos jurídicos nacionales en los países receptores que protejan los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de la financiación verde.
7. ¿Cómo se protegen los derechos de propiedad y control de los Pueblos Indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos en las regulaciones sobre mercados de compensación de carbono y biodiversidad?
8. ¿Qué papel desempeñan las organizaciones privadas de conservación, si es que desempeñan alguno, en el desarrollo de las políticas de salvaguardia de las instituciones financieras internacionales?
9. ¿Cuál es el papel de los Estados en la regulación de las actividades de las organizaciones privadas de conservación?
10. Por favor, describa cómo la financiación verde ha beneficiado a los Pueblos Indígenas y ha servido para fortalecer sus derechos o, por el contrario, no ha respetado adecuadamente sus derechos y ha contribuido a violaciones de los derechos humanos.
11. Sírvase proporcionar ejemplos de Pueblos Indígenas que lideren el desarrollo y /o la implementación de proyectos de desarrollo sostenible financiados por Estados, IFD y organizaciones internacionales de conservación.
12. ¿Cómo han participado los Pueblos Indígenas en el desarrollo de los mercados de carbono, si es que lo han hecho? Si los Pueblos Indígenas están participando en los mercados de carbono, ¿cómo se busca u obtiene su consentimiento libre, previo e informado por parte de las empresas que desean utilizar sus tierras, territorios o recursos naturales para compensaciones?
13. ¿Cómo se puede regular el mercado de carbono para garantizar que todos los actores, independientemente de la naturaleza o escala de la iniciativa (mercado de carbono voluntario o enfoques jurisdiccionales), estén obligados a respetar los derechos de los Pueblos Indígenas, incluido su derecho a dar o negar su consentimiento a los proyectos de carbono relacionados con sus tierras, territorios y recursos?
14. ¿Cómo pueden los Pueblos Indígenas acceder a la financiación, directa o indirectamente, para promover la aplicación del Acuerdo de París y el Marco Global de Biodiversidad del Convenio sobre la Diversidad Biológica, incluyendo 30x30 (Meta 3)? ¿Cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentan los Pueblos Indígenas para acceder a la financiación y cómo pueden superarse? Por ejemplo, ¿cómo la imposición de condiciones restrictivas afecta su capacidad para acceder a la financiación?