Período Extraordinario de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos sobre la grave situación de derechos humanos en Etiopía

Señora Vice-Presidenta,
Excelencias,
Colegas y amigos,

Agradezco al Consejo por haber convocado este Período Especial de Sesiones para debatir la situación en Etiopía, la cual nos preocupa cada vez más, en especial con respecto al conflicto en marcha, sus cada vez más graves repercusiones para las necesidades humanitarias, así como el estado de emergencia que se declaró el mes pasado. 

Conflicto 

El conflicto en la región de Tigray se ha extendido durante los últimos meses a otras zonas del país.  Ahora están implicados un número mucho mayor de participantes, con graves repercusiones para los civiles. 

El Consejo recordará que el informe de la Investigación Conjunta sobre Tigray, publicado por la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía y nuestra Oficina el 3 de noviembre, concluyó que todas las partes del conflicto, que incluyen a la Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía, las Fuerzas de Defensa de Tigray y las Fuerzas de Defensa de Eritrea, habían cometido, en diferentes grados, violaciones y abusos de derechos humanos, así como violaciones del derecho humanitario internacional y del derecho relativo a los refugiados.  Algunos de los incidentes investigados podrían ser constitutivos de crímenes internacionales, incluyendo crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. El informe introdujo una serie de recomendaciones para el Gobierno de Etiopía y otros actores, entre ellas figuran el llamamiento a todas las partes del conflicto para que pongan fin a todos los abusos y las violaciones; y para que tomen todas las medidas necesarias a fin de proteger a la población civil y sus infraestructuras; y para acordar, sin condiciones previas, poner fin inmediato a todas las hostilidades y acabar con cualquier medida que pueda agravar la ya de por sí grave crisis humanitaria.

A la vez que el Gobierno de Etiopía expresó algunas reservas en relación con las conclusiones de la investigación conjunta, sí se comprometió a llevar a cabo investigaciones extensas e imparciales sobre las supuestas violaciones graves, y a implementar algunas de las recomendaciones que recoge el informe.  El Frente de Liberación Popular de Tigré y el Gobierno de Eritrea rechazaron la totalidad del informe así como sus conclusiones.  El Gobierno de Etiopía continuó con su propio compromiso para crear un Grupo de Trabajo Interministerial, y tanto nuestra Oficina como la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía fueron invitadas a debatir los planes del Gobierno para implementar las recomendaciones del informe conjunto.  El Grupo de Trabajo ha señalado algunas áreas donde prevé necesitar apoyo considerable por parte de las Naciones Unidas y tiene la intención de solicitar de manera formal a los socios de las Naciones Unidas y la comunidad internacional algunos tipos específicos de ayuda, incluso con respecto a las investigaciones y los procesos. 
Mientras tanto, el conflicto ha seguido en marcha, con combates continuos más allá de las fronteras de Tigray.  Nuestra Oficina sigue recibiendo informes creíbles de violaciones y abusos graves de derechos humanos por todas las partes. 

Las repercusiones humanitarias del conflicto son cada vez más trágicas. La grave inseguridad alimenticia afecta en la actualidad a más de 9,4 millones de personas en el norte de Etiopía, según la OCAH.  En Tigray, 5,2 millones de personas, aproximadammete el 90 por ciento de la población, está necesitada.  Solamente suministros humanitarios limitados y organizados por las Naciones Unidas han conseguido entrar en Tigray desde julio, incluyendo alimentos y suministros médicos vitales.  En junio, la OCHA calculó que al menos 400.000 personas en Tigray vivían en condiciones parecidas a la hambruna; dada la dificultad del acceso, no se han publicado cálculos más recientes, pero es probable que la situación sea incluso peor en la actualidad. La falta de acceso se ha visto agravada por el acoso a trabajadores humanitarios, incluyendo trabajadores de ONGs, que se ha visto acompañado por una retórica generalizada en contra de la ayuda humanitaria. Los ataques contra instalaciones médicas y otras estructuras civiles esenciales son profundamente preocupantes. 

Al menos dos millones de personas por toda la región de Tigray, Amhara y Afar se han visto obligadas a abandonar sus hogares debido al conflicto, y muchas de ellas no están recibiendo la asistencia que necesitan para poder seguir con vida.  Existe también inquietud porque las personas desplazadas internamente puedan ser presionadas a volver o ser reasignadas a zonas que quizás no sean seguras. Me preocupa también la situación de los refugiados eritreos que viven en Etiopía, muchos de los cuales expresan sus temores a represalias por parte de fuerzas eritreas que operan en el país.   Conviene destacar las potenciales repercusiones regionales que tiene el conflicto, donde más de 50.000 etiopíes han abandonado la región de Tigray en dirección al Sudán oriental, la mayoría entre noviembre y diciembre de 2020, lo que disminuye aun más los ya de por sí escasos recursos que tiene el Sudán.

Estado de emergencia 

El estado de emergencia a nivel nacional anunciado el 2 de noviembre está conduciendo a problemas considerables en materia de derechos humanos, y a una gran escala. 

En particular, el estado de emergencia autoriza la detención, la búsqueda y captura de cualquier persona sospechosa de apoyar al Frente de Liberación Popular de Tigré y al Ejército de Liberación de Oromo, designados como «grupos terroristas» en mayo de 2021.  Estas disposiciones tan amplias han conducido a arrestos y detenciones masivas de miles de etiopíes, incluyendo a empleados de Naciones Unidas, y, según el Comité para la Protección de Periodistas, al menos a 14 periodistas.  La mayoría de los detenidos pertenecen a la etnia Tigré.

Estas detenciones han continuado durante los últimos días.  A principios de esta semana, ACNUDH recibió informes de la detención de cerca de 83 personas, incluyendo cuatro mujeres, en la zona de Guji en la región de Oromia, detenciones vinculadas al estado de emergencia.  La semana pasada, el 8 y 9 de diciembre, aproximadamente 1.500 personas de las etnias Tigré y Gumuz fueron detenidas en Asosa, en la región de Benishangul-Gumuz, también en relación al estado de emergencia. 

A la vez que algunos de los detenidos durante las últimas seis semanas han sido puestos en libertad, calculamos que sigue bajo arresto un número de entre 5.000 y 7.000 personas, que incluyen a 9 empleados de Naciones Unidas.  Muchos se encuentran detenidos en régimen de incomunicación o en ubicaciones desconocidas.  Este hecho equivale a una desaparición forzada, y es una cuestión de preocupación muy grave.   El acceso por parte de supervisores independientes ha entrañado enormes dificultades. Según denuncias, muchos de ellos han sido sometidos a tratamiento inhumano y degradante y a hacinamiento extremo, lo que se suma a su detención prolongada sin cargos, sin acceso a abogados o a cualquier otra forma de debido proceso. 

También deploro el aumento del discurso de odio y de la incitación a la violencia por parte de las autoridades federales y regionales, así como por otras figuras públicas, dirigidos especialmente contra miembros de la etnia Tigré y miembros de la comunidad Oromo.  Al igual que las búsquedas por todo el país, las redadas en viviendas y las detenciones, esta retórica, en discursos públicos, en los medios de difusión y en las redes sociales, incluyendo Facebook y Twitter, intensifica el clima de miedo.  El riesgo de un incremento del odio, la violencia y la discriminación es muy elevado, y podría escalar hasta la violencia generalizada.  Esto podría tener implicaciones considerables, no solamente para millones de personas en Etiopía, sino también para toda la región. 

Excelencias,

Todas las partes del conflicto deben adoptar medidas inmediatas para poner fin al conflicto, para proteger a los civiles y acabar con las continuas violaciones y abusos de derechos humanos que se están cometiendo contra la población de Etiopía. 

Es necesario permitir de forma urgente el paso rápido, seguro y sin obstáculos a trabajadores humanitarios para que puedan ayudar a todos los civiles que lo necesiten en Tigray y otras zonas afectadas por el conflicto. Es mandatorio respetar su dignidad, imparcialidad e independencia, y es necesario despolitizar los debates sobre la necesidad de ayuda humanitaria.  Se debe condenar cualquier tipo de acoso a trabajadores humanitarios. 

Apelo encarecidamente a una reevaluación por todas las partes de los daños inmediatos y a largo plazo que se están realizando a una nación que se enorgullece con razón del lugar único que ocupa en la historia de la humanidad, y de sus avances recientes en infrastructura, desarrollo y dignidad humana.  Animo a todas las partes a alejarse de una postura bélica, y, por el bien de las vidas y derechos humanos del pueblo de Etiopía, a acabar de forma inmediata con las hostilidades sin imponer condiciones previas. También apelo a todas las partes a participar en un diálogo inclusivo productivo a nivel nacional, tanto a través de la Comisión de Diálogo Nacional, una vez que esta haya sido creada formalmente, como en el contexto de los esfuerzos de mediación de la Unión Africana.

Reitero la necesidad de que el Gobierno adopte medidas inmediatas para asegurar que las medidas aplicadas en virtud del estado de emergencia cumplen plenamente con los compromisos del país con el derecho humanitario internacional.  Recientes medidas emprendidas por las autoridades en el contexto del estado de emergencia no parecen ir de la mano con el compromiso expreso del Gobierno de poner en práctica las recomendaciones del informe de investigación conjunto.  Nuestra oficina, por su parte, está lista para asistir al Gobierno ofreciendo orientación específica en estas áreas. En especial, todas las personas detenidas en virtud del estado de emergencia deben seguir siendo tratadas de manera plenamente acorde con las normas internacionales, que incluyen conocer el paradero de los lugares de detención, así como los cargos de los que se les acusa, además de recibir un juicio equitativo y sin demora.  Se debe permitir el acceso a todos los centros de detención a supervisores independientes, incluyendo a la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía. 

La creación por parte del Gobierno de un mecanismo nacional para implementar recomendaciones en materia de derechos humanos supone un paso adelante, y será importante poner en funcionamiento y hacer realidad este compromiso suscrito para que las víctimas reciban una rendición de cuentas significativa. Quiero destacar que, como ejemplo, los compromisos manifestados para investigar casos de violencia sexual y de género, así como para procesar a los autores, no han sido suficientes, tanto en transparencia como en su eficacia. 

Seguiremos colaborando con la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía y apoyando los esfuerzos auténticos desplegados por las autoridades para avanzar en la búsqueda de responsables de violaciones cometidas en el contexto del conflicto, en Tigray o en cualquier otra parte del país. 

Incumbe al Estado el cumplir con su responsabilidad principal de facilitar procedimientos justos e independientes que atiendan a toda la serie de violaciones identificadas, y no solamente a ejemplos individuales aislados, y tener en consideración la responsabilidad de mando que sea apropiada.  Si no existiera un esfuerzo considerable por exigir responsabilidades, un mecanismo internacional podría suponer un complemento muy útil. 

Gracias.