Oral updates and introduction to country reports of the High Commissioner and her Office on Colombia, Cyprus, Eritrea, Guatemala, Honduras, Venezuela, and the impact of COVID-19 on human rights

English

46th session of the Human Rights Council
Statement by Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights

Geneva, 26 February 2021

Madame President,
Excellencies,
Colleagues, Friends,

I am honoured to present my Office’s reports on the human rights situations in Colombia, Cyprus, Guatemala, Honduras and on the impact of COVID-19 on human rights. I will also briefly update the Council on the situation in Eritrea, as well as on our technical cooperation with Venezuela.

Empiezo con mi informe anual (A/HRC/46/76) sobre Colombia.

En 2020, mi Oficina ha seguido fortaleciendo su cooperación con el Estado colombiano y reconoce las medidas tomadas para responder a la pandemia de la COVID-19 con un enfoque de derechos humanos. Asimismo, felicito al Gobierno por la protección temporal anunciada a migrantes venezolanos.

A pesar de una reducción de la tasa nacional de homicidios, mi Oficina observa una intensificación de la violencia debida a la expansión de grupos armados no estatales y de grupos criminales, con graves consecuencias para la población civil. En 2020, recibimos información sobre 81 masacres, de las que documentamos 76, el mayor número desde 2014. Asimismo, registramos 133 casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de los que documentamos 90. La Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia también documentó al menos 252 asesinatos de excombatientes de las FARC desde la firma del Acuerdo de paz.

Insto al Estado a redoblar esfuerzos para proteger a la población, estableciendo una presencia estatal integral en los territorios más afectados. Saludo la apertura del Ministerio del Interior de trabajar con mi Oficina para fortalecer la respuesta institucional a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Asimismo, insto a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad a adoptar una política pública para desmantelar las organizaciones criminales. Insto también al Estado a seguir fortaleciendo la unidad especial de investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.

Celebro los avances significativos en materia de justicia transicional. Estos avances, y la futura publicación del informe de la Comisión de la Verdad constituyen una oportunidad histórica para garantizar los derechos de las víctimas y abrirle camino a una reconciliación que permita superar décadas de violencia y conflicto. Me preocupan las manifestaciones en contra del sistema de justicia transicional, incluyendo las propuestas legislativas de abolir la Jurisdicción Especial para la Paz. Frente a éstas, urge la protección efectiva del Estado de estas instituciones, sus integrantes y de quienes acuden ante ellas.

Reitero la plena disposición de mi Oficina para apoyar la implementación de las recomendaciones de mi informe.

En Guatemala , mi oficina fortaleció la cooperación técnica con el Estado en 2020, como demostrado en mi informe anual (A/HRC/46/74).
Guatemala continuó enfrentando retos sistémicos y estructurales, en particular la pobreza, la desigualdad, la discriminación, la impunidad e la inseguridad.

Los impactos sociales y económicos de la pandemia de la COVID-19 han sido desproporcionados para los pueblos indígenas, las mujeres y las personas con discapacidad.

Saludo la adopción de medidas por el Gobierno para fortalecer el acceso a la atención de salud culturalmente adecuada y proporcionar información en formatos accesibles y en idiomas indígenas.

Aliento a las autoridades a fortalecer la protección social, con mayor énfasis en las personas en situación de vulnerabilidad. Reconozco el compromiso del Ejecutivo y del Congreso en expandir los programas sociales y aumentar el presupuesto nacional para responder a la crisis generada por la pandemia.

Insto al Congreso a promover una agenda legislativa orientada a fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos y evitar la adopción de legislación regresiva.

Hago un llamado para que sean adoptadas las medidas para garantizar elecciones independientes, objetivas y transparentes de magistrados en la Altas Cortes.

En 2020, mi Oficina observó la erosión del espacio cívico, con crecientes ataques e intimidaciones contra personas defensoras de derechos humanos, incluyendo periodistas. Insto al Estado que adopte medidas para la prevención de los ataques y la protección de estas personas, así como de operadores de justicia.

Aliento a las autoridades priorizar el fortalecimiento de la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM), cuyo anunciado reemplazo por una institución de menor rango es inquietante. Asimismo, insto a que la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) fortalezca la implementación de las actividades nacionales en esta materia.

También aliento al Gobierno a que continúe colaborando con los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos. Reitero la plena disposición de mi Oficina para apoyar en la implementación de las recomendaciones incluidas en mi informe y para continuar trabajando con el Gobierno para la promoción y protección de los derechos humanos de todas y todos en Guatemala. 

Ahora paso a la situación en Honduras (A/HRC/46/75) donde, en 2020, mi Oficina ha fortalecido la cooperación técnica con entidades del Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El país sigue enfrentando desafíos en la garantía de los derechos humanos, incluyendo altos niveles de violencia, impunidad, discriminación y falta de acceso a derechos económicos, sociales y culturales. La pandemia de la COVID-19, así como el impacto causado por los huracanes ETA y IOTA, han exacerbado los obstáculos prexistentes que enfrentan los más vulnerables.

Valoro la disposición del Gobierno para acatar recomendaciones de mi Oficina, incluida la modificación del Decreto que declaró el Estado de Emergencia en respuesta a la pandemia. Mi Oficina registró un total de 665 protestas sociales durante el Estado de Emergencia. Me preocupan las detenciones arbitrarias, la militarización de la seguridad ciudadana y el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en el manejo de las manifestaciones. Llamo al Estado a emprender un proceso gradual de desmilitarización y fortalecimiento de las instituciones civiles del sector.

En 2020 mi Oficina observó cómo las personas defensoras de derechos humanos, del medioambiente y de la tierra siguen sufriendo amenazas, criminalización de sus actividades, e incluso asesinatos. Hago un llamado al Estado a fortalecer el espacio cívico y asegurar el derecho a la consulta previa libre e informada de las comunidades indígenas y afro hondureñas. 

Fortalecer la rendición de cuentas y el acceso a la justicia para víctimas de violaciones a los derechos humanos es una prioridad. Me preocupan los obstáculos en el acceso a la justicia en varios procesos judiciales, incluyendo en el juicio relacionado al asesinato de Bertha Cáceres.

Lamento que el Estado no haya llevado a cabo todavía un proceso de consulta participativo para reformar el nuevo Código Penal y asegurar el cumplimiento con las obligaciones internacionales de derechos humanos, incluidas las vinculadas con el derecho a la libertad de expresión, los derechos de las mujeres y el combate a la corrupción.

Quisiera destacar que miles de personas han salido de Honduras en las llamadas “caravanas de migrantes” y muchos retornos no cumplieron con los criterios de voluntad, dignidad y seguridad. Recuerdo que los desafíos de derechos humanos son a su vez causas estructurales de la migración.

Agradezco el Estado por la cooperación permanente con mi Oficina y los mecanismos de Derechos Humanos.

Señora Presidenta,
Excelencias,

Me complace presentar esta actualización sobre la cooperación entre mi Oficina y la República Bolivariana de Venezuela (HRC/45/2). El 10 de marzo tendré la oportunidad de abordar la situación de los derechos humanos en el país (HRC/45/20).

Desde mi última actualización, el plan de trabajo conjunto fue renovado y ampliado. Mi equipo continúa reforzando la asistencia técnica, prestando también apoyo sobre detención preventiva y protocolos de investigación de violaciones del derecho a la vida, e integridad personal. Mi equipo también ha trabajado intensamente con la Defensoría del Pueblo, realizando 4 capacitaciones en los últimos meses.

Mi Oficina ha visitado ya siete estados y hemos realizado otras cinco visitas a centros de detención desde septiembre. Confío en que en breve se organicen más, incluso a prisiones militares y centros de detención de los servicios de inteligencia.

En octubre, mi equipo propuso a las autoridades un protocolo para la observación de audiencias judiciales, que espero ver adoptado y aplicado. Desde mi última actualización, también hemos formalizado un mecanismo de intercambio de información sobre casos individuales y situaciones de preocupación. Aliento a profundizar este intercambio, con respuestas sustantivas y oportunas y resoluciones adecuadas.

Tomo nota de la decisión de conceder el arresto domiciliario a Juan Planchart y de permitirle recibir una atención médica adecuada. También tomo nota de la liberación de dos militares que habían cumplido su condena, liberación condicional de 12 indígenas pemones y absolución de un periodista. 

También acojo con satisfacción las medidas para proporcionar a algunos detenidos acceso a exámenes médicos, e insto a darles seguimiento con asistencia médica, y a compartir oportunamente los informes médicos con los abogados y familia. Esta práctica, así como el contacto regular con los miembros de la familia y los abogados y el acceso adecuado al agua y los alimentos, debe ser estandarizada en todos los lugares de detención.

Mi equipo sigue dando seguimiento, junto con la Fiscalía General, a los casos de presuntas violaciones de derechos humanos. Acojo con beneplácito la imputación de nuevos cargos en virtud de la Ley contra la Tortura en el caso del asesinato del capitán Acosta Arévalo.

La Relatora Especial sobre Medidas Coercitivas Unilaterales realizó una visita al país en febrero, y sigo promoviendo visitas adicionales de otros mandatos este año para que se enfoquen en una amplia gama de problemas de derechos humanos.

Estamos iniciando la evaluación de medio término de la Carta de Entendimiento con el Gobierno, con vistas a reforzar nuestra cooperación, ampliar nuestra presencia y establecer una Oficina en Venezuela.

I now move to the report on Cyprus (A/HRC/46/23).

The persisting division of Cyprus continues to hinder the full enjoyment of human rights and fundamental freedoms. The report continues to highlight concerns with respect to the right to life and the question of missing persons; the principle of non-discrimination; freedom of movement and the right to seek asylum; property rights; freedom of religion or belief and cultural rights; freedom of opinion and expression; and the right to education. It also emphasizes the importance of ensuring a gender perspective to the peace process.

The COVID-19 pandemic exacerbated human rights challenges. Restrictions on freedom of movement rendered the buffer zone effectively impassable, serving as a stark reminder that Cyprus remains a divided island. The effect was particularly acute for individuals and groups in vulnerable situations, including older people, those with disabilities, migrants and asylum seekers members of religious communities and Cypriots who were already affected by the protracted division. I note, however, that both sides have accepted many requests to facilitate access for Cypriots to essential services.

I commend the efforts of all of those who continued to work to advance the promotion and protection of human rights, despite the challenges. They included civil society, religious leaders and faith-based actors, and many bicommunal technical committees.  I urge stronger efforts for mutual dialogue and cooperation, and call upon all parties to work towards the full restoration of human rights to the population of Cyprus.

Let me now turn the update on Eritrea, as mandated by resolution 44/1.

The 2018 peace agreement with Ethiopia prompted hope of internal reforms to improve the situation of human rights in Eritrea, but I remain concerned by the lack of tangible progress. I have, however, noted some positive developments in recent months, namely the release of a large group of Muslim men last August and that of 28 Jehovah’s Witnesses on 4 December 2020, who had each spent between 5 to 26 years in prison. In recent weeks, 70 evangelical and orthodox Christians were released from three Eritrean Prisons.

At the same time, Eritrean authorities have yet to ensure full respect for human rights, in particular the freedoms of expression and opinion, association and peaceful assembly, and religion. I reiterate my call to the Eritrean Government to release political prisoners, journalists, civil society activists, and those detained for practicing their faith, some of whom have been held incommunicado for decades.

I am also concerned by reports indicating the participation of Eritrean troops in the conflict in Tigray alongside the Ethiopian army, and allegations of their implication in cases of serious human rights violations. Those include acts of abductions and forceful return of Eritrean refugees and asylum seekers and their imprisonment in unknown locations. Such allegations need to be investigated promptly and thoroughly by independent mechanisms. 

As a member of this Council, Eritrea is duty bound to respect the highest standards of human rights promotion and protection in full cooperation with other United Nations bodies. I encourage the Government to strengthen its cooperation with UN human rights mechanisms, in particular with the Special Rapporteur on the situation of human rights in Eritrea, and to enhance its engagement and technical cooperation with my Office. We remain ready to assist Eritrea on the three priority human rights areas identified by the authorities, as well as in implementing the recommendations from the Universal Periodic Review.

Lastly, I now turn to my report on the global impact of the COVID-19 pandemic on human rights (A/HRC/46/19).

The health and socio-economic crisis we face is unparalleled. 

As stated in my report, the pandemic has demonstrated the importance of strong public universal healthcare systems, with quality care available, accessible, affordable to all -- without any discrimination, and regardless a person’s ability to pay.

Universal health coverage is a fundamental priority.

And vaccines must be made available to everyone.

Addressing inequalities and discrimination is a defining challenge of our time. Upholding human rights is the way to address them and we must strengthen our investments on Economic, Social and Cultural rights.

There is an absolute necessity to create greater resilience to future shocks and ensure a more effective, sustainable recovery.

From the catastrophe brought by the pandemic, we now have both the opportunity and the responsibility to recover better. For people and planet.

For that, we also need meaningful participation and new levels of global cooperation and international solidarity.

The Secretary-General’s Call to Action for Human Rights spells out the transformative role of human rights in addressing the challenges faced globally and should drive our recovery efforts from COVID-19.  

I welcome the promising examples submitted by States and encourage all to share your best practices.

My Office and I look forward to continuing our work supporting States with their human rights-based recovery efforts.

This concludes my introduction of country reports and updates under item 2.   I encourage stakeholders to implement their recommendations.

Thank you.