589 muertos hasta la fecha en la región central de Mali en lo que llevamos de 2020 a medida que empeora la seguridad - Bachelet

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GINEBRA (26 de junio de 2020) - 589 civiles han sido asesinados en lo que llevamos de este año en la región central de Mali, a medida que un deterioro de la situación de seguridad y una impunidad generalizada socavan los esfuerzos por proteger a los civiles, afirmó el viernes la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet.

Las violentas disputas entre las comunidades Peulh y Dogón, han aumentado en los últimos meses, donde milicias con base comunitaria, que fueron creadas inicialmente para defender a las comunidades, se han vuelto cada vez más violentas y se han visto implicadas en ataques contra otras comunidades. Desde el 1 de enero hasta el 21 de junio de 2020, la División de Derechos Humanos y Protección de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización en Mali (MINUSMA, según sus siglas en inglés) registró 83 episodios de violencia entre líneas comunales en la región de Mopti (región central de Mali).

Milicias con base comunitaria de la comunidad Peulh, que son principalmente pastores, fueron responsables de al menos 71 de estos incidentes violentos, los cuales condujeron a la muerte de 210 personas, mientras que las pertenecientes a la comunidad Dogón, quienes son principalmente agricultores y cazadores, llevaron a cabo 12 ataques, que dejaron al menos 82 muertos. 

Hubo también secuestros de personas, las cuales fueron obligadas a unirse a las milicias de base comunitaria o a desplazarse, siendo el objetivo claro de los atacantes el infligir el mayor daño posible y duradero a las comunidades, quemando casas, saqueando propiedades y graneros, y matando o robando ganado.

Estos ataques que cruzan las líneas comunitarias han sido también alimentados e instrumentalizados por Al Qaeda del Magreb Islámico, el Estado Islámico del Gran Sáhara, el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes y otros grupos armados similares o afiliados, los cuales se han aprovechado de la violencia entre comunidades para reclutar a miembros para sus filas.

Estos grupos armados han aumentado su presencia en las regiones centrales ya que siguen siendo combatidos en el norte de Mali por fuerzas armadas nacionales e internacionales. Según la información documentada por la División de Derechos Humanos y Protección, desde principios de año, estos grupos armados han sido los responsables de 105 abusos de derechos humanos en la región de Mopti, incluyendo 67 asesinatos.

Miembros de las Fuerzas de Defensa y Seguridad Malienses enviados a la zona para combatir la violencia comunitaria y a los grupos armados han participado ellos mismos en violaciones de los derechos humanos, dirigidas en su mayoría contra miembros de la comunidad Peulh.

En lo que llevamos de año, la División de Derechos Humanos y Protección ha documentado 230 ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias atribuidas a miembros de las Fuerzas de Defensa y Seguridad Malienses (MDSF, según sus siglas en inglés) en las regiones centrales de Mopti y Ségou. Cuarenta y siete de estas muertes, las cuales se produjeron en cinco incidentes en marzo de 2020, se atribuyen a las Fuerzas de Defensa y Seguridad Malienses, las cuales actuaron presuntamente al mando de la Fuerza Conjunta del G5 Sahel (G5 Sahel). También se han documentado casos de desapariciones forzadas, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, detenciones arbitrarias, y la destrucción de varias propiedades.

Todas estas violaciones y abusos han sido cometidos en un contexto de total impunidad. La falta de rendición de cuentas continúa erosionando la confianza de la población en las instituciones del país, lo que hace que la población acuda a las milicias y grupos armados para buscar seguridad.

“El círculo vicioso de los ataques de represalia entre las milicias Dogón y Peulh, juntamente con las violaciones y abusos cometidos por las Fuerzas de Defensa y Seguridad Malienses y otros grupos armados, ha creado una situación de inseguridad crónica para la población civil, quienes ya no pueden contar con la protección de las fuerzas malienses. Esto debe acabar,” afirmó Bachelet.

“El Gobierno y las fuerzas nacionales deben restaurar la autoridad del Estado en todo el país, y ofrecer paz, seguridad y protección para la población. Este entorno de protección solamente se puede conseguir si se acaba la impunidad y si todos los agresores, incluyendo a algunos miembros de las fuerzas de defensa y seguridad, son obligados a rendir cuentas por sus acciones. El pueblo necesita de justicia, reparación y resarcimiento,” aseguró. 

“Solicito a las autoridades malienses que lleven a cabo investigaciones inmediatas, exhaustivas, imparciales e independientes por todas las supuestas violaciones y abusos de derechos humanos y que garanticen que se crean procesos adecuados de rendición de cuentas. Esta es la única vía para invertir esta tendencia de violencia continua,” añadió Bachelet.

FIN

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