Estados Unidos: las Autoridades están manipulando la crisis por la COVID-19 para restringir el acceso a la interrupción al embarazo, afirman expertos de las Naciones Unidas

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GINEBRA (27 de mayo de 2020) – Expertos* de Naciones Unidas declararon hoy que algunos estados de EEUU parecen estar manipulando la crisis por la COVID-19 para limitar el acceso a cuidados esenciales por interrupción del embarazo.

El Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas de las Naciones Unidas declaró que algunos estados como Tejas, Oklahoma, Alabama, Iowa, Ohio, Arkansas, Luisiana y Tennessee habían utilizado las órdenes de emergencia por la COVID-19, las cuales suspenden las operaciones que no se consideren inmediatamente necesarias desde el punto de vista médico, con el fin de restringir el acceso a la interrupción al embarazo.

“Lamentamos que los estados mencionados anteriormente, con un largo historial de prácticas restrictivas contra la interrupción del embarazo, parecen estar manipulando esta crisis para restringir severamente los derechos reproductivos de las mujeres,” expresó Elizabeth Broderick, Vicepresidenta del Grupo de Trabajo.

“Esta situación supone también el último ejemplo que viene a demostrar un patrón de restricciones y retrocesos en el acceso a cuidados por aborto legal en todo el país. Tememos que, sin un compromiso político claro para corregir esta tendencia de restricciones y retrocesos, los estados continuarán aplicando este patrón,” manifestó Broderick.

El Grupo de Trabajo indicó que el acceso a servicios de interrupción del embarazo era fundamental en tiempos de crisis, cuando las mujeres han de lidiar con nuevas restricciones para su movilidad, debido a la cuarentena y los confinamientos.

“También expresamos nuestra profunda preocupación por que, al negar el acceso a cuidados urgentes por interrupción del embarazo, las autoridades estén poniendo en riesgo a las mujeres, agravando aún más las desigualdades sistémicas. Para muchas mujeres de EEUU, las prohibiciones sobre el aborto durante esta pandemia retrasarán los cuidados por interrupción del embarazo más allá del plazo legal o harán que los servicios de interrupción del embarazo sean completamente inaccesibles,” afirmó Broderick.

Las restricciones sobre los servicios esenciales de salud reproductiva socavan los esfuerzos de salud pública destinados a combatir la COVID-19. En los casos donde se esté poniendo en práctica la prohibición del aborto, las mujeres se verán obligadas a tener que viajar fuera de su estado para acceder al servicio de interrupción del embarazo, poniendo de este modo en riesgo su propia salud y obligándolas a tener que pasar por alto las directrices sobre salud pública, aseguró la experta.

“Los cuidados por interrupción del embarazo constituyen asistencia sanitaria esencial y deben permanecer disponibles durante la crisis de la COVID-19. Las restricciones en el acceso a información y servicios completos sobre salud reproductiva, incluyendo el aborto, así como métodos anticonceptivos, constituyen violaciones de los derechos humanos y pueden causar un daño irreversible, en especial para mujeres de bajos ingresos y para las que pertenecen a minorías raciales y comunidades de inmigrantes,” declaró Broderick.

El negar a las mujeres el acceso a información y servicios que solamente ellas necesitan y el no atender a su salud y seguridad específicas es en esencia discriminatorio e impide a las mujeres ejercer el control sobre sus propios cuerpos y vidas.

El Grupo de Trabajo expresó también su enorme preocupación por la insistencia de EEUU, a través de una carta con fecha de 18 de mayo de la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, para que se eliminaran las referencias a “salud sexual y reproductiva y sus derivados” del Plan Mundial de Respuesta Humanitaria a la COVID-19 (HRP, según sus siglas en inglés).

“Reiteramos que los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo el acceso a interrupción de embarazo seguro y legal, son esenciales y deben seguir siendo un componente clave en las prioridades de las Naciones Unidas en sus respuestas a la pandemia de la COVID-19. Eliminar referencias a salud sexual y reproductiva del HRP tendrá consecuencias devastadoras para las mujeres de todo el mundo. Debilitará gravemente el esfuerzo conjunto de la comunidad internacional para responder a las necesidades en cuestión de salud de las mujeres en estos tiempos de crisis”, afirmó Broderick.

Los Expertos han mantenido contactos con el gobierno de EEUU previamente para aclarar estos asuntos en cuestión. 

FIN

(*) El Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2010. Está compuesto por cinco expertos independientes: Sra Meskerem Geset Techane (Presidenta), Sra Elizabeth Broderick (Vicepresidenta), Sra Alda Facio, Sra Ivana Radačić, y la Sra Melissa Upreti.

Esta declaración ha sido respaldada por: Dainius Pūras, Relator Especial sobre el derecho a la salud física y mental y Dubravka Šimonovic, Relator Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias;
El Grupo de Trabajo forma parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo. Los titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos para abordar situaciones de países específicos o cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. No forman parte del personal de la ONU y son independientes de cualquier gobierno u organización. Actúan a título individual y no reciben un salario por su trabajo.

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