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Portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos:  Jeremy Laurence

Lugar: Ginebra

Fecha: 28 de abril de 2020

Nos preocupa la expulsión del este de Libia de al menos 1.400 migrantes y refugiados este año, violando las obligaciones de Libia con las normativas internacionales sobre derechos humanos acerca de la no devolución y las expulsiones colectivas, y la posibilidad de que más personas puedan ser deportadas por la fuerza.

La mayoría de los expulsados de Libia han sido enviados a Sudán, Níger, Chad, y Somalia.  

Este mes, un portavoz oficial del gobierno confirmó que las autoridades libias habían “evacuado” a 160 migrantes sudaneses. Personal de ACNUDH que sigue de cerca la situación ha señalado que éstos fueron deportados sin acceso a asilo u otra necesidad de protección, asistencia legal, o sin el debido proceso o garantías procesales básicas. Estas prácticas violan las obligaciones de Libia respecto a la normativa internacional sobre derechos humanos la cual prohíbe la devolución y expulsiones colectivas. 

En las directrices publicadas recientemente por nuestra Oficina sobre la COVID-19 y los Derechos Humanos de los Migrantes, subrayamos que los controles de fronteras y demás medidas deben cumplir con el principio de no-devolución y con la prohibición de expulsiones colectivas, así como incluir garantías procesales, incluyendo un debido proceso, acceso a abogados y traductores, y el derecho a apelar una decisión de repatriación. También hemos recomendado que los países suspendan de forma temporal las repatriaciones forzosas durante la pandemia de la COVID-19 con el fin de salvaguardar los derechos humanos, la salud y la seguridad de todos los afectados. Todas las decisiones y procedimientos de repatriación deben volver a ser evaluados para garantizar que son compatibles con el derecho de los migrantes a la salud, así como implementar estrategias de salud pública más amplias.

Al mismo tiempo, nos preocupa bastante el bienestar de miles de migrantes que permanecen retenidos en centros de detención oficiales atestados y poco higiénicos, además de en otros lugares no oficiales, repartidos por el país, donde se exponen a sufrir graves violaciones de derechos humanos y abusos, en medio de la propagación de la COVID-19. También destacamos que los migrantes detenidos no tienen acceso a información, prevención y servicios de salud. Nuestra preocupación se ve agravada por el hecho de que muchos de estos centros de detención se ubican además en zonas próximas a lugares actuales de conflicto.

Naciones Unidas ha denunciado repetidamente que estas detenciones son fundamentalmente arbitrarias y ha pedido el cierre de los centros de detención. En el contexto de la COVID-19, se debe dar prioridad urgente al traslado desde los centros de detención a lugares seguros.

Finalmente, volvemos a solicitar a todas las partes del conflicto que se sumen al llamamiento del Secretario General de las Naciones Unidas a un alto el fuego mundial, con el fin de crear las condiciones necesarias para la entrega de ayuda vital y llevar esperanza a lugares que se encuentran entre los más vulnerables a la pandemia de la COVID-19.

FIN

Para obtener más información y solicitudes de los medios de comunicación, póngase en contacto con: Rupert Colville - + 41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org o Jeremy Laurence - + 41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org o Liz Throssell - + 41 22 917 9296 / ethrossell@ohchr.org o Marta Hurtado - + 41 22 917 9466 / mhurtado@ohchr.org

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