Los países deben combatir la violencia doméstica en el contexto de los confinamientos por COVID-19 – experta en derechos de las Naciones Unidas

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GINEBRA (27 de marzo de 2020) – Las medidas restrictivas adoptadas en todo el mundo para combatir la COVID-19 aumentan el riesgo de violencia doméstica; los gobiernos deben defender los derechos humanos de las mujeres y los niños y adoptar medidas urgentes para las víctimas de esta violencia, explicó hoy una experta en derechos humanos de las Naciones Unidas.

“Es muy probable que se produzca un aumento de los índices de violencia doméstica generalizada, tal como ya sugieren los informes policiales y de líneas de asistencia telefónica iniciales. Para muchas mujeres y niños, el hogar puede convertirse en un lugar de miedo y maltrato. Esta situación empeora notablemente en casos de aislamiento como los confinamientos impuestos durante la pandemia de la COVID-19,” advirtió Dubravka Simonovic, la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer.

“Todos los países deben realizar esfuerzos considerables para combatir la amenaza de la COVID-19, pero no deben olvidarse de las mujeres y niños que son víctimas de la violencia doméstica, ya que esto podría provocar un aumento de la violencia doméstica incluyendo femicidios por parte de la pareja,” explicó.

“Este riesgo se ve agravado en períodos en los que no existen o escasean los centros de acogida y servicio de asistencia para las víctimas; cuando resulta difícil el acceso a los centros que siguen abiertos; y cuando existe un menor apoyo por parte de la comunidad; hay menos intervenciones policiales y un menor acceso a la justicia al estar cerrados muchos juzgados.”

La experta de las Naciones Unidas destacó que, para muchas mujeres, las medidas de emergencia necesarias para combatir la COVID-19 han incrementado su carga de trabajo doméstico, así como de cuidado de niños, parientes mayores y miembros de la familia enfermos. “Para agravar el problema, las restricciones de movimiento, las dificultades económicas y la incertidumbre generalizada animan a los agresores y les ofrecen un mayor poder y control.”   

Simonovic expresó su especial preocupación por las mujeres con mayor riesgo de violencia doméstica, como por ejemplo las mujeres con discapacidades, las mujeres migrantes indocumentadas y las víctimas de la trata de personas.  

La experta de las Naciones Unidas apeló a que los países no dejaran en suspenso la protección de las víctimas y les instó a continuar combatiendo la violencia doméstica en tiempos de COVID-19. Las medidas para proteger a las víctimas deben seguir en vigor o implementarse durante la crisis. Esto incluye garantizar el acceso a protección mediante órdenes de alejamiento y el mantener los centros de acogida y líneas de asistencia telefónica para las víctimas. La policía debe redoblar sus esfuerzos para ofrecer una respuesta rápida.

“Debido a que realizar una llamada telefónica puede resultar peligroso en un contexto de confinamiento domiciliario, las líneas de asistencia telefónica pueden facilitar la comunicación incorporando chats online y servicios de mensajes de texto para las víctimas. Los países deben idear también nuevas soluciones creativas para apoyarlas,” afirmó la experta.

“Los gobiernos no deben permitir que las circunstancias extraordinarias y medidas restrictivas por la COVID-19 conduzcan a una violación del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.”

La declaración de Simonovic ha sido respaldada por Elizabeth Broderick (Vicepresidenta), Alda Facio, Sra. Ivana Radačić, Meskerem Geset Techane (Presidenta), Melissa Upreti, Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra las mujeres y las niñas; Maud de Boer-Buquicchio, Relatora Especial sobre la venta y la explotación sexual de niños; Catalina Devandas Aguilar, Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad;Agnes Callamard, Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y Maria Grazia Giammarinaro, Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños.

FIN

Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el cuerpo de mayor tamaño de expertos independientes dentro del sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general para los mecanismos independientes del Consejo para la verificación de hechos y supervisión que abordan bien situaciones específicas de cada país o cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no forman parte del personal de la ONU y no reciben salario alguno por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título personal. 

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