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Declaraciones Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Informe oral de actualización sobre la situación de derechos humanos en Yemen

20 marzo 2019

Declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

40º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos

20 de marzo de 2019

Excelencias:

Examinaré ahora la situación de derechos humanos en Yemen. Los esfuerzos de mediación que realiza actualmente el Enviado Especial han propiciado la implantación de una tregua precaria en la ciudad de Hodeidah y en los puertos de esa misma ciudad, de Salif y de Ras Issa. A pesar de las dificultades, este alto al fuego sigue vigente y se mantiene también un reducido número de medidas relativas al intercambio de prisioneros, la posibilidad de acceder nuevamente a las instalaciones de almacenamiento de los molinos del Mar Rojo en Hodeidah y el despliegue de la misión de las Naciones Unidas en apoyo del Acuerdo de Hodeidah, lo que ofrece un rayo de esperanza para la consecución de nuevas mejoras.

Pero todavía falta mucho por hacer. Aunque la situación de Hodeidah es importante, las terribles condiciones de derechos humanos que prevalecen en el resto del país también merecen atención. A pesar de los esfuerzos realizados por nuestros colegas que prestan ayuda humanitaria, los civiles yemeníes, entre ellos los niños, son ahora más vulnerables y están más hambrientos que en ningún otro momento desde marzo de 2015.

Más de 24 millones de personas necesitan ayuda; 14,3 millones de ellas tienen necesidad urgente de recibirla. Más de 2 millones de niños padecen desnutrición aguda en Yemen y 360.000 de ellos son casos de desnutrición muy grave.

Las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad –incluso numerosas mujeres y niños, en particular las que han sido desplazadas— corren un alto riesgo de convertirse en víctimas de la trata de seres humanos, el matrimonio forzado y la violencia sexual, o la explotación.

Los recursos básicos han llegado a ser lujos que pocos pueden permitirse. Durante años, muchos docentes, médicos, enfermeras y otros empleados públicos han dejado de percibir sus salarios. Algunos de estos empleados públicos han logrado sobrevivir y prestar atención vital a los pacientes gracias a incentivos limitados que aportan los organismos de las Naciones Unidas que operan sobre el terreno. El impago de los salarios en 10.000 escuelas registrado desde 2016 –casi dos tercios de los colegios, en 11 provincias— ha limitado aún más el acceso a la educación de 3,7 millones de niños.

Se ha reducido el número de instalaciones sanitarias y la calidad de sus servicios, mientras aumenta la incidencia de enfermedades prevenibles. Se calcula que casi 300 instalaciones sanitarias han resultado dañadas o destruidas, y que menos de la mitad de las instalaciones restantes se encuentra en pleno funcionamiento. Estos centros se enfrentan también a la escasez de medicamentos, equipos y personal.

Unos 19,7 millones de yemeníes carecen de acceso a los servicios básicos de salud. Las enfermedades no transmisibles matan ya a más personas que las balas y las bombas. Esta situación se agrava por la clausura permanente del aeropuerto de Sana’a y la falta de acceso a instalaciones médicas del extranjero para los pacientes que necesitan dicha atención.

Al mismo tiempo, los bombardeos periódicos de la aviación y la artillería, así como las minas terrestres, siguen hiriendo y matando a la población civil en todo el país. Desde que el 13 de diciembre de 2018 se firmara el Acuerdo de Estocolmo, se calcula que ocho niños han resultado heridos o muertos en Yemen cada día. Casi 1,2 millones de niños siguen viviendo en 31 zonas de conflicto activo, donde están obligados a presenciar la violencia de la guerra; entre esos lugares figuran Hudaydah, Taizz, Hajjah y Sa’da.

Me preocupa particularmente la reciente escalada de hostilidades en la provincia de Hajjah y los informes relativos a civiles muertos o heridos, así como la destrucción de viviendas ocurrida a principios del mes en curso. Los informes preliminares indican que han muerto 22 personas, entre los que figuran 12 niños y 10 mujeres, y que otras 30 personas, entre ellas 14 niños, resultaron heridas. Hemos recibido noticias no confirmadas de que miles de familias se encuentran desplazadas en esa provincia.

Me inquietan profundamente los informes que señalan que tanto el Gobierno y las fuerzas aliadas de la coalición como los hutíes siguen reclutando a niños para incorporarlos a las fuerzas armadas o a grupos de milicianos, y que los han usado como tropa activa en las hostilidades. En la mayoría de los casos, se trata de menores de entre 11 y 17 años de edad, pero los informes señalan periódicamente casos de reclutamiento de niños incluso de ocho años de edad.

Las partes en conflicto también han sometido a la población civil a prácticas de detención arbitraria o desaparición forzada. Hasta el momento, ha habido muy poca rendición de cuentas en los casos de abusos y vulneraciones de derechos humanos y de violaciones del derecho humanitario internacional perpetradas por todas las partes en conflicto, y tampoco ha sido posible proporcionar remedio o reparación a las víctimas. Estos son elementos esenciales de cualquier acuerdo de paz justo y duradero, y no deberían considerarse a posteriori. Insto a todas las partes en conflicto a que presten atención a la recomendación formulada al respecto el año pasado por el Grupo de Expertos Eminentes para Yemen.

Asimismo exhorto a todas las partes en conflicto a que levanten las restricciones impuestas a la entrada en Yemen de artículos de asistencia humanitaria y otros bienes indispensables para la población civil. Aprovecho la oportunidad para recordar a todos que las Convenciones de Ginebra –redactadas hace ya 70 años— estipulan que todos los Estados, incluso los que no están involucrados en un conflicto armado, tienen la obligación de adoptar medidas para garantizar que las partes en un conflicto armado respeten dichas Convenciones. Una de esas medidas consiste en condicionar, limitar o impedir los traslados de armamento.

En septiembre, el Grupo de Expertos Eminentes para Yemen me presentará por escrito su segundo informe y exhorto a todos los interesados pertinentes a que colaboren plenamente con los miembros del Grupo y les proporcionen acceso ilimitado al país, a fin de que puedan cumplir su cometido.

En virtud de la Resolución 36/33, mi Oficina sigue propiciando el aumento de capacidad y aportando asistencia técnica a la Comisión Nacional Yemení de Investigación, con el fin de que complete su labor de indagación, y para garantizar que investiga las violaciones y los abusos perpetrados por todas las partes en Yemen, de conformidad con las normas jurídicas internacionales.

Muchas gracias, señor Presidente.

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