Nota informativa sobre Etiopía y Honduras

Portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: Liz Throssell
Lugar: Ginebra
Fecha: 19 de enero de 2018

(1) Etiopía

Acogemos con beneplácito la decisión tomada por Etiopía el miércoles 17 de enero de liberar a 115 detenidos federales, entre los que figuran varios dirigentes políticos.

La coalición gobernante también declaró que había archivado las causas contra aproximadamente 400 otros detenidos en el ámbito regional.

Estos acontecimientos son positivos. Instamos al gobierno a que siga adelante con el proceso de liberación de las personas detenidas por expresar sus opiniones políticas, entre ellas, las que fueron detenidas por tratar de ejercer su derecho a la libertad de expresión y opinión.

El Fiscal General señaló que entre los detenidos aptos para ser puestos en libertad no figuran los sospechosos de asesinato, causar lesiones, destruir infraestructuras ni de tratar de derrocar por la fuerza el orden constitucional.

Reconocemos la gravedad de algunos de los delitos que pueden haberse cometido, pero instamos al gobierno a que garantice la buena aplicación e interpretación de esos agravantes, ya que lo contrario acarrearía la detención ilegítima de personas. Vale recordar que la prisión preventiva debería ser la excepción y no la regla, y debería basarse en una evaluación individualizada.

El Gobierno también anunció que se investigarán los recientes casos de violencia y asesinato y que los responsables deben rendir cuentas de sus actos. Estas investigaciones deberían realizarse de manera rápida, independiente, imparcial, transparente, eficaz y exhaustiva. Recordamos que el Alto Comisionado solicitó al Gobierno de Etiopía, durante su visita en mayo de 2017, que permitiera que el personal de la Oficina del ACNUDH accediera a las zonas afectadas por la violencia y las protestas, para ayudar a las autoridades a crear un espacio democrático abierto y estable para todos los ciudadanos.

El Gobierno manifestó su voluntad de revisar la legislación. Esta revisión debería priorizar la armonización de las leyes antiterroristas y las relativas a la sociedad civil y los medios de comunicación, según los principios y las normas internacionales de derechos humanos. Estamos dispuestos a respaldar cualquier revisión de esta índole.

(2) Honduras

Nos preocupa el riesgo de recrudecimiento de las protestas en Honduras, entre las continuas tensiones que siguieron a la controvertida elección presidencial de noviembre, y exhortamos a todos los partidos políticos, medios de comunicación y representantes de la sociedad civil a que se abstengan de formular declaraciones que puedan interpretarse como una incitación a la violencia. La oposición anunció protestas generales de ámbito nacional del 20 al 27 de enero, día en el que Juan Orlando Hernández debe asumir la presidencia.

Entre el 29 de noviembre y el 22 diciembre, en el contexto de las protestas poselectorales, al menos 22 personas fueron asesinadas, 21 de ellas civiles y un oficial de policía. Tenemos confirmación de que 13 de estas muertes fueron obra de las fuerzas de seguridad.

El 13 de enero, nuestra oficina de Honduras expresó su preocupación por el uso indiscriminado de gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes durante el día anterior  y condenó los actos de vandalismo. Insistimos en nuestro llamado a todas las partes para que se abstengan de cometer actos de violencia y respeten el derecho de reunión pacífica.

Reiteramos el llamamiento formulado por nuestra oficina de Honduras para que las autoridades evalúen las normas relativas al uso de la fuerza, y para que los cuerpos de seguridad sólo la apliquen para controlar las manifestaciones cuando sea necesaria y lo hagan de manera proporcional, de conformidad con el derecho internacional. Se debería rendir cuentas públicamente de cualquier uso letal de la fuerza, que según las normas internacionales en materia de derechos humanos debería limitarse estrictamente a la protección de la vida.

Asimismo, instamos a las autoridades hondureñas a que eviten el uso de la policía militar y de las fuerzas armadas para controlar las manifestaciones, ya que esos cuerpos no están adecuadamente equipados ni entrenados para desempeñar dichas funciones.

FIN

Para más información y solicitudes de prensa, póngase en contacto con Rupert Colville (+41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org) o Liz Throssell (+41 22 917 9466/ ethrossell@ohchr.org) o Ravina Shamdasani (+41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org)

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