Comunicado de prensa: Yemen, Camboya y Guatemala

Portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: Liz Throssell
Fecha: 25 de agosto de 2017
Lugar: Ginebra
Tema: Yemen, Camboya, Guatemala

(1) Yemen

Nuestra oficina en Yemen ha estado recopilando información sobre el ataque aéreo de las fuerzas de la coalición que el pasado viernes 23 de agosto afectó un hotel de la provincia de Saná. Hasta ahora hemos podido confirmar que 33 civiles murieron y otros 25 resultaron heridos como consecuencia del ataque.

Según testimonios recogidos por nuestra oficina, entre las 3:30 y las 4:00 de la madrugada (hora local) se produjeron dos ataques aéreos muy seguidos en la población de Bayt Al Athri, en la provincia de Arhag. El primero afectó a un puesto de control hutí, si bien no consta que se produjesen víctimas.

Pocos minutos después, un segundo ataque golpeó el hotel Instirahat Al Shahab, destruyendo la segunda planta y causando serios daños en el resto del edificio. Según los testigos, unas 67 personas se encontraban en el hotel en el momento del bombardeo. El hotel está ubicado en la principal arteria de la ciudad, a unos 15 metros del puesto de control.

Se trasladó a diez de los heridos al hospital de Al Awmara y otras 15 personas, algunas gravemente heridas, ingresaron en hospitales de Saná, a unos 40 km.

También el 23 de agosto, a las 5:30 de la mañana, un ataque aéreo de las fuerzas de la coalición afectó a una vivienda en la población de Raimat Hameed, en el distrito de Sanhan. En el bombardeo murieron seis civiles y otros 13 resultaron heridos. Según los testigos, cuatro de las víctimas mortales se encontraban dentro de la vivienda en el momento del ataque, mientras que las otras dos estaban fuera, en un campo cercano. La casa estaba situada a unos 400 metros de un puesto de control de seguridad hutí.

El 22 de agosto, sobre las 5 de la madrugada, una mujer y dos niños murieron y otros dos niños resultaron heridos como consecuencia de un ataque aéreo llevado a cabo por la coalición liderada por Arabia Saudita, que destruyó una casa en la localidad de Talan, a unos 20 kilómetros de la frontera entre Yemen y Arabia Saudita, en la provincia de Saada.

En todos estos casos con resultado de civiles heridos o fallecidos, los testigos aseguran que no se había advertido de la inminencia de los ataques.

El derecho humanitario internacional prohíbe expresamente los ataques contra población u objetivos civiles, así como los ataques indiscriminados o desproporcionados. Recordamos a todas las partes implicadas en este conflicto y, en especial, a los países de la Coalición, que tienen la obligación de velar por el pleno cumplimiento del derecho humanitario internacional. También instamos a las autoridades competentes a que lleven a cabo una investigación fehaciente, exhaustiva e imparcial sobre estos incidentes.

En la semana del 17 al 24 de agosto murieron 58 civiles, de los cuales 42 fueron víctimas de ataques de la coalición liderada por Arabia Saudita, como he mencionado anteriormente. Además, hombres armados no identificados mataron a 12 civiles mientras que combatientes de los Comités Populares asociados al movimiento hutí asesinaron a otros cuatro. El total de víctimas registrado esa semana es superior al de todos los civiles fallecidos en el mes de junio, cuando murieron 52 personas, y de julio, cuando se contaron 57 fallecimientos de civiles.

Desde 2015, la Oficina del ACNUDH ha podido documentar 13.829 víctimas civiles, de ellas 5.110 fallecidas y 8.719 heridas. Estas cifras se basan en las víctimas que nuestra oficina en Yemen ha podido verificar, aunque tememos que la cifra total sea mucho mayor.

(2) Camboya

Nos preocupa la rápida aprobación de un conjunto de medidas ministeriales y administrativas que han traído consigo la suspensión de programas y licencias de radio, amenazan con clausurar el principal diario en inglés y han forzado el cierre de una organización no gubernamental extranjera. Ante las elecciones generales del próximo año, instamos al gobierno a que garantice el pleno ejercicio de los derechos políticos y civiles, así como la libertad de prensa.

El 23 de agosto de 2017, se clausuró por orden ministerial la ONG extranjera National Democratic Institute (NDI). Se trata de la primera clausura forzosa a tenor de la Ley de Asociaciones y Organizaciones no gubernamentales, aprobada en 2015.

La orden de clausura obliga además a su personal internacional a abandonar el país antes de siete días. El trabajo de esta organización se ha centrado en los procesos electorales, en colaboración con partidos de todo signo político. Otras tres organizaciones camboyanas del ámbito de los derechos humanos y de la organización de elecciones se vieron sujetas a inspecciones fiscales a comienzos de este mes. Nos preocupa que el cierre de NDI se haya producido sin respetar los trámites establecidos y también nos inquieta el deterioro general del contexto en el que trabajan los defensores de derechos humanos y, en general, de la sociedad civil en Camboya.

Esta misma semana, el gobierno revocó las licencias a varias emisoras de radio, con la consiguiente paralización de los programas que emiten, entre otros, varias organizaciones nacionales de derechos humanos y medios de comunicación independientes, las emisoras Radio Free Asia y Voice of America -financiadas con fondos estadounidenses-, y el partido de la oposición. Uno de los principales diarios independientes en lengua inglesa, el Cambodia Daily, dispone de plazo hasta el 4 de septiembre para hacer frente a un supuesto retraso en el pago de impuestos, por un valor de 6,3 millones de dólares estadounidenses, si no quiere ser clausurado. El periódico ha solicitado una auditoría fiscal transparente y el derecho a recurrir, sin que se hayan atendido sus peticiones.

Instamos al Real Gobierno de Camboya a que respete los procedimientos legales en todas las medidas adoptadas, especialmente el derecho a recurrir, y a que salvaguarde el derecho a la libertad de asociación y de expresión.

(3) Guatemala

Nos gustaría reiterar nuestro apoyo a la labor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y de la Oficina del Fiscal General, dirigidas respectivamente por Iván Velásquez y Thelma Aldana.

Nos adherimos a las repetidas manifestaciones de apoyo a la labor que realiza el señor Velásquez por parte del Secretario General, la más reciente a través de su portavoz el pasado miércoles.

Para el ACNUDH, la CICIG, es un aliado fundamental en la promoción de los derechos humanos y la consolidación de los esfuerzos del Estado por mantener un sistema judicial independiente e imparcial en todo el país.

Gracias a su trabajo conjunto con la Oficina del Fiscal General de Guatemala, la CICIG ha investigado y llevado a juicio a varias organizaciones criminales que se habían infiltrado en las tres ramas del Estado.

En el contexto guatemalteco actual, es necesario garantizar la necesaria protección de las instituciones judiciales y los defensores de los derechos humanos, en particular de los que están involucrados en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Para más información y solicitudes de prensa, póngase en contacto con Rupert Colville (+41 22 917 9767/ rcolville@ohchr.org o Liz Throssell ( +41 22 917 9466/ ethrossell@ohchr.org ) o Ravina Shamdasani (+41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org)

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