Comunicado de prensa sobre Iraq, Al Jazeera, Venezuela y Guatemala

Portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos: Rupert Colville
Lugar:  Ginebra
Fecha: 30 June 2017
Tema:    (1) Iraq, (2) Al Jazeera, (3) Venezuela and (4) Guatemala

(1) Iraq

Estamos sumamente preocupados por la situación de los civiles en Mosul, donde los combates alcanzan cada vez más intensidad y concentración, a medida que las Fuerzas de Seguridad de Iraq, con el apoyo de la coalición internacional, avanzan para arrebatarle la ciudad al EIIL. Recordamos a todas las partes en conflicto que deben respetar los principios de humanidad, distinción, proporcionalidad y precaución en la conducción de sus operaciones militares.

A medida que avanza la liberación de Mosul, asistimos a un aumento alarmante de amenazas, en particular de desahucios forzosos, contra personas sospechosas de ser miembros del EIIL o parientes de militantes de ese grupo, amenazas que también se han formulado en otras zonas. 

Según los informes recibidos, las denominadas “cartas nocturnas” se han entregado a las familias o se han distribuido en los barrios, entre otros en Sharqat, en la provincia de Salahadin, en Al Heet City, en Al Anbar y en Al-Qayyarah en la provincia de Ninewa, así como en la ciudad de Mosul. Por lo general, en estas cartas se les advierte a los destinatarios que deben abandonar la ciudad en determinada fecha o, en caso contrario, serán expulsados. Muchas de estas amenazas son el resultado de acuerdos tribales que exigen explícitamente que los familiares de miembros del EIIL sean excluidos de la zona.   

Cientos de familias han sido amenazadas con el desplazamiento forzoso y esos hechos son sumamente preocupantes. Las personas corren un riesgo real de ser desahuciadas de sus hogares y de perder el acceso a necesidades básicas, como la vivienda adecuada, la alimentación, los servicios sanitarios y la educación.  

Los desahucios ilícitos y el desplazamiento forzoso pueden equivaler a un castigo colectivo y están en evidente contradicción con la Constitución iraquí, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario internacional. La responsabilidad penal es un asunto estrictamente personal, que atañe al individuo que está involucrado en la comisión de un delito, por el cual un tribunal ha dictado sentencia, según los actos probados. En modo alguno es posible transferir la responsabilidad por el delito a otra persona inocente.

Instamos al gobierno de Iraq a que tome medidas para detener esos desahucios inminentes o cualquier otra modalidad de castigo colectivo y a que refuerce el sistema judicial, a fin de llevar a juicio a sus responsables. Los desahucios forzosos son actos de venganza que perjudican a la reconciliación nacional y la cohesión social.

(2) Al Jazeera

En las tres últimas semanas, el Alto Comisionado ha venido expresando su preocupación, tanto en público como directamente ante los Estados, acerca de los diversos problemas de derechos humanos que plantea el conflicto entre Catar y otros cuatro países de la región.

Esta alarmante disputa ha alcanzado nuevos niveles tras la incorporación de algunos derechos y libertades fundamentales a la lista de exigencias impuesta a Catar por Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto, con un plazo de aplicación de diez días, que concluye el próximo 4 de julio. Además del problema que ya hemos planteado en lo tocante a las repercusiones de las medidas sobre la población de la región, el Alto Comisionado está muy preocupado por la exigencia de que Catar clausure la red de televisión Al Jazeera, así como otros medios de prensa afiliados a ésta.   

Tanto si uno ve los programas de la cadena, le gustan y coincide con sus opiniones editoriales como si no, los canales en árabe y en inglés de Al Jazeera son legítimos y tienen millones de televidentes. En nuestra opinión, la exigencia de su clausura sumaria constituye un ataque inaceptable contra el derecho a la libertad de expresión y opinión.    

Si los Estados tienen un problema con los programas que transmiten las emisoras de televisión de otros países, están en libertad de debatir sobre ellos e impugnarlos públicamente. Pero insistir en el cierre de esas emisoras es un hecho extraordinario, sin precedentes y claramente irracional.

Si algo así llegara a suceder, se abriría una caja de Pandora en la que el poder de Estados individuales o grupos de Estados permitiría socavar gravemente el derecho a la libertad de expresión y opinión tanto en otros Estados como en ellos mismos. Por consiguiente, el Alto Comisionado insta nuevamente a los cinco Estados interesados a que adopten medidas encaminadas a solucionar este diferendo de manera tranquila, razonable y legal, y a velar por que las medidas aprobadas no repercutan sobre los derechos humanos de sus propios ciudadanos y residentes ni en los de los demás países.

(3) Venezuela

La decisión aprobada por el Tribunal Supremo de Venezuela el 28 de junio de iniciar un procedimiento de destitución contra la Fiscal General, congelar sus cuentas y prohibirle la salida del país es un suceso que genera honda preocupación, como también la suscita la violencia que continúa en ese país.

Asimismo nos inquieta la decisión adoptada el 27 de junio por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo en la que se declaró nulo y sin efecto el nombramiento de un Fiscal General Adjunto realizado por la Fiscal, y se designó en su lugar a una adjunta interina, en violación del reglamento de nombramientos establecido en virtud de la legislación venezolana. La Sala también transfirió a la Defensoría del Pueblo algunas de las competencias que hasta entonces habían sido exclusivas de la Fiscalía General. 

Desde el mes de marzo, la Fiscal General ha tomado importantes medidas en defensa de los derechos humanos: ha documentado las muertes ocurridas durante las manifestaciones, ha insistido en la necesidad del debido proceso y la importancia de la separación de poderes y ha exhortado a que se ponga en libertad de inmediato a las personas que han sido arrestadas de manera arbitraria.  

Nos preocupa que las decisiones del Tribunal Supremo parezcan orientadas a despojar a la Fiscal de su mandato y sus responsabilidades, consagradas en la Constitución venezolana, y a socavar la independencia de la Fiscalía.

El cese de los funcionarios judiciales debería estar sujeto a criterios estrictos que no pongan en peligro la independencia y la imparcialidad de sus funciones.

Según las Directrices de las Naciones Unidas sobre la Función de los Fiscales, los Estados garantizarán que los fiscales puedan ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas o riesgo injustificado de incurrir en responsabilidad civil, penal o de otra índole.

Señalamos que, hasta el 22 de junio, según la Oficina de la Fiscal General, 75 personas habían muerto y unas 1.419 habían resultado heridas en las protestas.

Se informa además que en fecha más reciente, tres jóvenes manifestantes fueron asesinados por las fuerzas de seguridad, dos por disparos de armas de fuego y el tercero, por una lata de gas que un agente de policía le disparó directamente.

 También han aumentado los informes sobre allanamientos de las fuerzas de seguridad en edificios residenciales, registros sin mandato judicial y detenciones, presuntamente con el propósito de disuadir a la población de participar en las manifestaciones y en busca de partidarios de la oposición. 

Instamos a todos los poderes del Estado venezolano a que respeten la Constitución y el Estado de derecho y exhortamos al gobierno a velar por que se garanticen los derechos a la libertad de reunión pacífica, de opinión y de expresión.

Instamos también a todos los venezolanos a que usen únicamente medios pacíficos para hacer oír su voz y exhortamos a todos las partes a que renuncien a la violencia y el acoso de sus adversarios.

(4) Guatemala

La situación de unas 100 familias que fueron expulsadas de sus hogares en la comunidad de Laguna Larga, en la región del Petén (Guatemala) es sumamente preocupante. Estas familias, que actualmente viven en la frontera con el Estado mexicano de Campeche, huyeron antes de que se ejecutara una orden de desahucio forzoso dictada por un tribunal, que debía de cumplirse el 2 de junio.

Desde entonces, las familias han estado viviendo en condiciones de extrema precariedad –en tiendas de campaña y dependientes de la asistencia humanitaria a corto plazo, en forma de comida, agua, medicamentos y artículos sanitarios que suministra el gobierno de Guatemala, así como algunas organizaciones no gubernamentales-. Según informan fuentes oficiales, las provisiones se están agotando.

Nos preocupa profundamente el hecho de que los desahucios se ordenaron sin haber garantizado el reasentamiento y los planes de protección de las familias afectadas, tal como exigen las normas internacionales de derechos humanos, lo que ha dejado a las familias sin un lugar a dónde ir. Las familias desplazadas deben recibir la adecuada asistencia humanitaria, hasta que se apliquen las medidas de reasentamiento apropiadas.

Según nos han informado, hay otros desahucios previstos en la zona, que está situada dentro del Parque Nacional de Laguna del Tigre. Esos desahucios se llevarán a cabo en las próximas semanas, lo que podría generar una crisis con un potencial de violencia. Esta situación se complica por la débil presencia del Estado en la región y por el desarrollo de actividades ilícitas, entre otras el narcotráfico.

Habida cuenta de que la inseguridad en la tenencia de la tierra es un problema generalizado en Guatemala, los desahucios forzosos son muy frecuentes. Esos desalojos sólo deberían realizarse como medidas de última instancia, tras haber agotado todas las demás opciones, y con la aplicación de las medidas adecuadas antes, durante y después del desahucio, para proteger especialmente a las mujeres, los niños y los pueblos indígenas, entre otros.

Es fundamental que el gobierno de Guatemala adopte medidas urgentes para establecer un diálogo de buena fe con las familias desplazadas de Laguna Larga y de otras comunidades que corren el riesgo de desalojo forzoso, a fin de hallar soluciones alternativas adecuadas y aceptables.

FIN

Para más información y solicitudes de prensa, póngase en contacto con Rupert Colville (+41 22 917 97 67 / rcolville@ohchr.org) o Liz Throssell (+41 22 917 9466/ ethrossell@ohchr.org)

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