Intervención del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos Zeid Ra’ad Al Hussein en la rueda de prensa durante su misión a Colombia

Bogotá, 29 de Septiembre 2016
 
Estamos a mitad de camino de una semana verdaderamente trascendental. El lunes pasado, el Presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, dirigente de las FARC-EP, el movimiento guerrillero más antiguo de Latinoamérica, firmaron el Acuerdo Final de Paz en Cartagena frente a una amplia audiencia y siendo el centro de atención de la comunidad internacional. Además, este 2 de octubre Colombia tendrá la oportunidad de decidir sobre este Acuerdo a través del Plebiscito nacional.
 
La firma de la Paz el lunes, a la cual fui invitado junto con el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon y muchos otros altos representantes de Naciones Unidas, fue una experiencia profundamente emocionante. Estar presente en el momento en que finalizan 52 años de conflicto fue un privilegio especial.
 
Ver la mezcla única integrada por Presidentes de toda la región, ministros de relaciones exteriores de todo el mundo y colombianos notables de todos los lugares, incluyendo a los más importantes de todos, las 250 personas víctimas del conflicto, y verlos llorar, cantar, agitar los brazos, bailar, aplaudir o compartir la emoción que sintieron al ser testigos de la llegada de la Paz, es un momento para quienes estuvimos allí, para los que estamos aquí hoy, para quienes estaban escuchando o mirando la televisión o la Internet, aquí y en el extranjero, que será inolvidable.
 
Sin duda hay varios momentos que vivimos esta semana que nunca olvidaré. Nunca olvidaré a la mujer que estaba sentada cerca de mi deshaciéndose en lágrimas mientras escuchaba el emocionante canto, incisivo pero también profundamente lleno de palabras inspiradoras de amor y paz de las mujeres afrocolombianas de la comunidad de Bojayá que vivieron una de las peores masacres ocurridas en el 2002 y que involucró a las FARC, junto con paramilitares y las fuerzas armadas.
 
En diciembre del año pasado, mis colegas, junto a la Iglesia católica, facilitamos la primera visita de siete dirigentes de las FARC desde La Habana a Bojayá para pedir perdón público frente a 700 personas por la muerte de 80 bojayaseños que se refugiaban en una iglesia. El canto de las mujeres de Bojayá en Cartagena este lunes constituyó otro paso importante en el largo camino hacia la verdad, la reparación y la reconciliación de esta comunidad con la que mis colegas han estado trabajando de cerca desde que ocurrió la masacre en el año 2002.
 
Su canción marcó el inicio de la ceremonia en Cartagena. Este acto fue seguido por el simbólico apretón de manos entre el Presidente Santos y Londoño, conocido desde hace tiempo por su nombre de guerra como “Timochenko”, y Londoño aceptó sin ambigüedades el papel de las FARC en el conflicto, que dejó cientos de miles de muertos y millones de personas desplazadas. “Pido sincero perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que pudimos haber causado”.

Escuchamos el conciliador y apasionado discurso del Presidente Santos, quien de forma determinada perseveró en las negociaciones durante cuatro años.
 
El Presidente reconoció en su intervención el importante rol que las Naciones Unidas, incluyendo mi Oficina aquí en Colombia, han jugado para llegar a este momento y lo que es más importante, el papel que jugará en las próximas semanas, meses y años para ayudar a Colombia a que éste altamente complejo e integral acuerdo cumpla con su cometido.
 
Tal y como el Secretario General mencionó en su discurso durante el evento del lunes, “las víctimas han sido una de las voces más poderosas en apoyo a la paz y la reconciliación, y en contra del resentimiento y el odio. Su ejemplo debería ser una inspiración para todos”.
 
Es sin lugar a dudas su ejemplo lo que ha motivado a mis colegas, desde que la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas fue creada aquí hace 19 años, en abril de 1997. Hemos trabajado directamente con las víctimas desde entonces: víctimas de las FARC, víctimas de los paramilitares, víctimas de las fuerzas armadas y otros agentes del estado, víctimas de los intereses financieros y víctimas de la discriminación y del abandono.
 
Deseo rendir homenaje al Gobierno de Colombia –sin lugar a dudas todos los gobiernos de Colombia desde que empezamos a trabajar aquí– por tener la perspectiva de haber invitado, y después aceptado y prolongado, la presencia de una oficina de derechos humanos de Naciones Unidas en el país. Con 110 empleados – 90% de ellos colombianos- en 13 oficinas en el país lo que constituye el mayor equipo que tenemos en el mundo, y necesitará crecer incluso más para llevar a cabo las desafiantes y al tiempo emocionantes tareas que nos asigna el Acuerdo Final de Paz.
 
Al contrario que otros gobiernos en el mundo, Colombia ha aceptado que seamos vehementemente independientes; que los criticaremos en ocasiones, también a sus oponentes; que jugamos el papel del amigo sincero preparado a decir la pura verdad cuando sea necesario. Hemos tenido nuestros altos y bajos, nuestras diferencias. Pero creo que hay un número creciente de personas en todos los niveles de gobierno –local, regional y nacional– quienes se dieron cuenta de que un monitoreo neutral y externo, asesoría y experiencia constituyen estímulos útiles para mejorar la situación de derechos humanos, y que mejoras en los derechos humanos son esenciales para una paz y desarrollo sostenibles.
 
Y los reconocimientos deben ir en dos sentidos: por mi parte, deseo señalar que Colombia –a pesar del conflicto, muertes, desplazamientos y otros abusos y violaciones horrendas que han ocurrido– ha hecho algunos progresos destacables en derechos humanos durante los 19 años que llevamos aquí. Esto quizás no está reflejado en ningún lugar mejor que en el texto del Acuerdo de Paz Final, que contiene 353 referencias a “derechos”, y un preámbulo que enfatiza que el Acuerdo completo es permeado por los derechos humanos, y con un fuerte enfoque en género. Tiene además 5 menciones específicas al papel requerido a la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas durante la implementación de los acuerdos.
Los derechos humanos son actualmente bien comprendidos y apreciados en Colombia, por las autoridades y la población en general. El país cuenta con un número importante de defensores y defensoras de derechos humanos y ONG que realizan un trabajo eficiente, determinado y valiente. Las instituciones del estado son generalmente cooperativas y abiertas a sugerencias constructivas, y existen individuos extraordinarios en estas instituciones –promotores realmente comprometidos con los derechos humanos– sin cuyo apoyo nada de esto habría sido posible. La implementación de algunas leyes y políticas es, no obstante, manifiestamente incompleta. De este modo, una ágil y determinada implementación es absolutamente clave para el éxito de los acuerdos.
Además de la excelente cooperación del Estado en general, durante esta visita he mantenido reuniones útiles e informativas con representantes de distintos sectores de la sociedad colombiana, desde el Presidente actual y el anterior, Ministros y otros altos oficiales nacionales y locales del gobierno y del Estado, miembros de la sociedad civil, líderes comunales y muchas otras personas. También me reuní con varios miembros del Secretariado de las FARC, incluyendo a Londoño, con quien este lunes sostuve discusiones francas y productivas durante casi dos horas, justo antes de la ceremonia de la firma.
 
A Londoño le dije lo que les transmito a ustedes: Le prometo que nosotros, la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas, tal y como está mencionado en el texto del Acuerdo, seguirá estrechamente el progreso de los numerosos aspectos de derechos humanos incluidos los acuerdos de paz. No dudaré en denunciar, o en intervenir de otras maneras, en el momento en que se ocasione una violación u omisión seria de alguna de las partes.
Pondré especial atención al cumplimiento de las garantías para la protección de los miembros de las FARC de violencia física, y estigmatización, de parte del gobierno. Es de fundamental importancia que no se repitan los deplorables asesinatos que siguieron –y a veces arruinaron- acuerdos de paz anteriores, especialmente con relación al exterminio de los miembros de la Unión Patriótica (UP), un partido político que incluyó a miembros de las FARC tras el Acuerdo con el gobierno para el alto al fuego de 1984. En total, varios miles de miembros de la UP fueron asesinados en los años siguientes otros y otras forzados al exilio, y la paz se pospuso 30 años más.
 
El dirigente del M19 fue asesinado después de su desmovilización y entrada en política, de igual manera le sucedió a algunos miembros de los grupos paramilitares que se desarmaron. Esto no puede pasar esta vez. Mis colegas en Colombia trabajan muy de cerca con los defensores y defensoras de derechos humanos, ellos y ellas son una inspiración para nosotros. Los defensores y las defensoras viven y trabajan por las víctimas y muchos de ellos han entregado sus vidas por su compromiso con la justicia y los derechos humanos.
 
Los ataques contra los y las defensoras, incluyendo quienes trabajan por los derechos de la población LGBTI y grupos discriminados o marginados, tales como campesinos y periodistas, continúan. Mi Oficina ha documentado el impactante asesinato de un total de 776 defensores y defensoras, entre 1994 y 2015. En los primeros 9 meses del año, la Oficina ha documentado 36 casos de homicidios contra defensores y defensoras.
 
La responsabilidad para la protección tanto de defensores y defensoras de derechos humanos como de miembros desmovilizados de las FARC recae directamente en el gobierno, mi Oficina trabajará con él para asegurar que los mecanismos creados con este propósito sean efectivos.
 
No vacilaré en denunciar o intervenir si miembros de las FARC fracasan en llevar a cabo sus compromisos, incluyendo la comisión de actos de violencia o crímenes. Por ejemplo, si creemos que las FARC no están actuando seriamente para cumplir con sus obligaciones con relación a la verdad y ofrecer reparaciones a las víctimas, nosotros lo informaremos. A su vez, si el Gobierno falla en crear los programas necesarios para mejorar el goce de los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo la creación de proyectos de subsistencia viables, incluyendo programas de sustitución de cultivo, en las áreas de cultivo de coca, nosotros hablaremos de esto.
 
El Acuerdo de paz ha pedido a nuestra Oficina incluir una nueva sección en nuestro informe anual en la que se reporte y analice el progreso -o retrocesos- del cumplimiento de los aspectos relacionados con los derechos humanos a los que se compromete el Acuerdo. Tomaremos esta responsabilidad muy seriamente. Por supuesto, también reportaremos cuando se requiera.
 
Se requiere acción inmediata para que todos aquellos y aquellas que han estado involucrados en violaciones a los derechos humanos durante el conflicto comiencen colectiva e individualmente a realizar trabajo social que logre incrementar de manera medible el respeto por los derechos humanos en las comunidades afectadas por el conflicto. Nuestra Oficina está preparada para desarrollar un sistema que logre certificar su deseo de involucrase en gestos de reconciliación y su contribución a la reparación de las víctimas.
 
Las dificultades serán inmensas. Habrá drama, malas interpretaciones, retrasos y contratiempos. Es importante que las expectativas no sean tan altas, ya que a pesar de que los acuerdos hayan concretado estrictos calendarios y estándares, lo más importante será que todos los esfuerzos hechos mantengan el impulso. El Gobierno y las FARC, todos y cada uno de los involucrados en este proceso, debemos ahora cumplir con nuestro papel. Simplemente no podemos permitir que la situación decaiga y la desilusión se asiente.
 
Y realmente es una tarea angustiante: verdad, reconciliación, reparaciones, rendición de cuentas; una ágil y de gran envergadura inversión en desarrollo en las regiones más pobres; mejoras profundas en la infraestructura, incluyendo vías, salud, educación; creación de trabajo, reducción del crimen, esfuerzos para enfrentar la corrupción. Simples términos abstractos que deben traducirse en políticas complejas y trabajo duro en las zonas rurales donde debe apuntalarse el proceso de paz.
 
En el Acuerdo Final de Paz una de las áreas más discutidas tiene que ver con la justicia y la rendición de cuentas. He sido claro en mi diálogo con el gobierno, los Ministros y con los dirigentes de las FARC, debe haber rendición de cuentas y ésta debe darse de acuerdo con los estándares internacionales en lo que a crímenes internacionales se refiere -en otras palabras- crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, y otras muy serias violaciones.
 
Es un gran error sugerir -como algunas personas lo han hecho- que el Acuerdo ofrece impunidad completa. En la práctica serán las cortes las que determinen la responsabilidad, y aún no está claro cómo lo harán. Sin embargo, la implementación de este aspecto del Acuerdo será examinado muy de cerca tanto por nosotros como por otras entidades. Nos reservamos el derecho de advertir con vehemencia, si lo sentimos necesario, si en la práctica se está pasando el límite de lo que es aceptable con respecto a lo establecido por los estándares internacionales. Es de anotar que la impunidad en crímenes muy graves ha sido un problema crónico en Colombia con relación a otros grupos diferentes a las FARC, tales como algunos paramilitares, y también policías, militares y otros actores del Estado sospechosos de cometer serios crímenes y violaciones.
 
El día antes de la firma en Cartagena visité la comunidad de Mampuján en Montes de María, ubicada en la región norte del departamento de Bolívar. Mampuján, y su vecina Las Brisas, en marzo de 2000 fueron atacados por paramilitares, quienes los acusaron de colaborar con las FARC. Doce personas fueron torturadas y ejecutadas sumarialmente, el resto de la población fue expulsada.
 
La situación de estas dos comunidades muestra el microcosmos de los complejos problemas y posibilidades que serán afrontados por incontables comunidades después de la firma de los acuerdos de paz. Mis colegas han trabajado de forma cercana con las comunidades de Mampuján y Las Brisas durante los últimos 4 años, enfocándose en el acceso a la verdad de lo que ocurrió, así como en justicia y reparaciones y en esfuerzos para asegurar la no repetición.
 
Ha habido progreso considerable en algunas áreas, y ninguno en otras. La mayoría de las familias no tienen todavía una casa a la que regresar. Las promesas para construir el afirmado de la carretera entre Mampuján y Las Brisas –vital para transportar y comercializar la producción agrícola de la que dependen ambas comunidades– no se ha materializado todavía.
 
Mejor, aunque incompleto, ha sido el progreso en el área de justicia y reconciliación: dos de los dirigentes paramilitares que confesaron su participación en los ataques a las dos comunidades durante la primera sentencia bajo la ley de Justicia y Paz que se aplicó a la desmovilización de paramilitares entre 2005 y 2006, fueron encarcelados. Los líderes de la comunidad de Mampuján –y esta comunidad cuenta con algunas personas muy destacables, incluyendo un grupo de mujeres ganadoras de un galardón- se reunieron con ellos cara a cara en la cárcel, lo que tuvo un gran impacto en la comunidad. Se han planificado esfuerzos adicionales en materia de reconciliación, en este momento los dos hombres, aquellos que los líderes de la comunidad creen que están genuinamente arrepentidos, han cumplido su sentencia.

Alan Jara, el director de la Unidad de Víctimas quien viajó conmigo a Mampuján fue el mismo secuestrado y mantenido en cautiverio por las FARC durante casi ocho años. Él hizo una poderosa presentación que reforzó los esfuerzos propios de la comunidad hacia el perdón y la reconciliación declarando que lo más importante era que lo que había ocurrido en Mampuján –y a él mismo- no ocurriera de nuevo. Él le contó a la comunidad que le parecía “increíble que haya incluso un debate” sobre no votar que “sí” en el plebiscito del domingo. En su opinión, y lo cito, “hay 8 millones de víctimas, y por lo tanto 8 millones de razones para terminar el conflicto”.
 
Hay miles y miles de mampujanos en Colombia y el gobierno necesita dedicar masivos recursos para capitalizar la oportunidad creada por el proceso de paz. Las carencias presentes en muchas zonas rurales de Colombia son sorprendentes, con un promedio del 44% de la población viviendo en pobreza multidimensional, comparado con el 15% de la población urbana en esta situación.
 
Los datos son mucho peores en las zonas donde la mayoría de la población es indígena o afrocolombiana. En el departamento del Chocó, por ejemplo, donde la población es el 82% afrodescendiente y el 12% indígena, la pobreza afecta al 68% de la población. En la Guajira, el departamento con la mayor población indígena, el 53% vive en la pobreza, aunque la Guajira tiene uno de los mayores ingresos de petróleo del país.
 
En este y otros departamentos similarmente afectados, la inequidad resulta en la muerte de niños por desnutrición y falta de acceso al derecho a la salud. Mi Oficina ha recogido información que muestra que niños y niñas indígenas y afrocolombianos en el Chocó continúan muriendo de tos ferina, gastroenteritis y enfermedades respiratorias como resultado directo de los obstáculos que encuentran para acceder a servicios de salud adecuados.
 
Además, en muchos casos, no solo no tienen acceso a agua potable y servicios de saneamiento básico, dependen de agua que está contaminada con deshechos de mercurio vertidos a los ríos por empresas de minería de oro ilegales que operan con el conocimiento total de autoridades locales, departamentales y nacionales. Hace dos días visité algunos lugares de minería ilegal en el rio Atrato en el Chocó en compañía del Ministro de Ambiente, quien reconozco está trabajando incansablemente en este problema pero confronta considerables resistencias, poca priorización, falta de coordinación entre las entidades de Gobierno y del Estado, corrupción y el fracaso para involucrar a las comunidades para encontrar soluciones legales viables.
 
Mujeres y niños son particularmente afectados: de acuerdo con los datos del Ministerio de Salud Colombiano, la tasa de mortalidad materna en el Chocó es de 181.64 por 100.000 nacidos vivos, más de cinco veces superior a la tasa de Bogotá con 33.7. De forma similar, las tasas de mortalidad en niños menores de cinco años están al 31.86 por 100.000 nacidos vivos en Chocó, tres veces la tasa de Bogotá con 11.76.
 
Si bien el conflicto y las operaciones de las FARC y otros grupos armados, como el ELN y grupos criminales involucrados en el tráfico de drogas, pueden explicar en parte esta situación, en realidad no hay ninguna excusa que justifique que un país sofisticado de ingresos medios como Colombia pueda producir disparidades tan masivas de indicadores sociales y económicos entre zonas urbanas y rurales. FARC y otros grupos armados fueron nutridos por el fracaso y la angustia sobre las carencias en zonas rurales y es por lo tanto esencial que el Gobierno invierta masivos recursos humanos y financieros para prevenir que se repita la historia.
 
No es solo las autoridades, organizaciones internacionales como la mía y ONG las que tienen un rol que jugar en la construcción de la paz y el desarrollo. En Medellín, tuve una discusión alentadora con líderes empresariales sobre el potencial del aporte del sector privado. Me impresionó su conciencia sobre el rol transformador de la comunidad empresarial para mejorar la situación de los derechos humanos. Me dejó igualmente impresionado su conocimiento profundo de los desafíos intrincados que enfrenta Colombia en la promoción de los derechos humanos y el desarrollo en las zonas rurales. Quienes participaron en la reunión también estaban abiertos a la búsqueda de empleo para las víctimas del conflicto y los desmovilizados de las FARC que abandonen las actividades ilícitas y se integren a la vida civil. Adquirir un trabajo que provea un ingreso viable es por supuesto un elemento vital para prevenir que los combatientes desmovilizados sean atraídos por otros grupos armados u organizaciones criminales, uno de los principales temores expresados en el Acuerdo Final de Paz.
 
Otro tema central es la necesidad de transformar las industrias mineras ilegales e informales, como las que vi en el río Atrato más tarde ese mismo día. De acuerdo a los empresarios con quienes me reuní -y con quienes llevamos años construyendo una relación– el sector privado está dispuesto a aportar a la formalización y regularización de estas industrias destructivas y ha solicitado el apoyo de mi Oficina para ayudar a desarrollar nuevas políticas públicas con este fin.
 
Nosotros en las Naciones Unidas, como la mayoría de los colombianos, no quieren otra cosa que una paz exitosa se arraigue profundamente a lo largo del país. Esto no sólo es deseable por cuenta propia, además sería un necesario antídoto al estado de cosas desastroso en tantos lugares del mundo y notablemente en mi propia región, el Medio Oriente. Lo que está pasando en Colombia es una excelente noticia y este planeta ha carecido de buenas noticias estos últimos años.
 
Pero ahora se deben tomar más pasos hacia la paz, ahora que hay un viento de oportunidad tan favorable soplando a través del país.
 
Hace unos días, la otra fuerza guerrillera que aún perdura en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), declaró que observaría un cese al fuego hasta que se celebre el plebiscito. Aliento al ELN, como acto de buena voluntad, a extender el cese al fuego.
 
También aliento al Gobierno a crear un cronograma para la implementación de los acuerdos alcanzados con el movimiento social y las comunidades, pero no implementados lo cual ha causado considerable tensión y no solo en áreas en donde opera el ELN sino en otras áreas del país. Mi Oficina continuará con sus esfuerzos para apoyar este vital proceso.
 
Comprometo el pleno y entusiasta apoyo de mi Oficina, que ha adquirido experiencia durante el largo proceso de negociones con las FARC – incluyendo numerosas visitas de mi Representante en Bogotá a La Habana – para apoyar cualquier intento concertado que ponga fin al conflicto entre el Gobierno y el ELN.
 
Las economías ilícitas son una fuente de violencia y de violaciones a los derechos humanos. Es importante para todas las partes de la sociedad colombiana trabajar para transformar esas economías. El Estado debe crear un conjunto de incentivos para facilitar que los grupos sucesores de los paramilitares cesen las actividades ilegales y contribuyan a estas transformaciones para que finalmente Colombia, pueda en unos años, beneficiarse de una paz completa.
 
Paz completa. Con imaginación y esfuerzo es ahora alcanzable. Y qué país será Colombia si lo logra alcanzar. 
 
 
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