Comunicado de prensa sobre México e Irán

(1) México

Nos preocupa profundamente el hecho de que, dos años después de que se cometieran graves violaciones de derechos humanos en Tlatlaya, en el Estado de México, entre las que figuran la presunta ejecución sumaria de al menos 12 personas, el caso siga enredado en la impunidad y a las víctimas se les siga negando sus derechos a la justicia y la verdad. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, 22 personas resultaron muertas, de las cuales al menos 12 fueron ejecutadas sumariamente, en un almacén de Tlatlaya, en junio de 2014. Siete militares fueron arrestados en relación con este caso, pero en octubre de 2015 un juez desestimó los cargos contra cuatro de ellos y la semana pasada, un tribunal puso en libertad a los tres restantes, porque consideró que no había pruebas suficientes en su contra. 

Durante la visita que realizó a México en octubre del año pasado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, declaró que el caso de Tlatlaya sería objeto de minucioso escrutinio, como baremo del compromiso oficial de luchar contra la impunidad, toda vez que la reforma del Código Militar había colocado a los militares bajo la jurisdicción de los tribunales ordinarios, en lo tocante a los delitos cometidos contra los civiles.

Respetamos plenamente la independencia de los tribunales y tomamos nota de la declaración formulada por la oficina del Fiscal General, en el sentido de que seguiría aportando pruebas para “evitar que los crímenes cometidos […] en Tlatlaya […] queden impunes”. Exhortamos a las autoridades mexicanas a que garanticen una investigación exhaustiva, eficaz, imparcial, independiente y rápida en este emblemático caso. Asimismo instamos a los miembros de la fiscalía y la judicatura a que cumplan con las normas y los criterios superiores de derechos humanos en sus investigaciones y en la realización de los procesos judiciales. Deben ampliarse las investigaciones a fin de examinar a todos los que puedan ser responsables, incluso a los oficiales del alta graduación que puedan tener responsabilidades de mando, así como a los que puedan haber alterado la escena del crimen o hayan ordenado actos para modificarla. Las demás acusaciones relativas a violaciones de derechos humanos que atañen al caso de Tlatlaya, comprendidas las de detención arbitraria y tortura de testigos, también deberían ser objeto de una investigación exhaustiva.

Habida cuenta de la importancia que tienen en este caso las pruebas forenses, instamos a las autoridades a que apliquen urgentemente la recomendación formulada en octubre por el Alto Comisionado, en el sentido de establecer una institución nacional forense autónoma, dotada con los recursos adecuados. Sin duda una institución así reforzaría las investigaciones en éste y otros casos. Nuestra oficina está dispuesta a asesorar a las autoridades mexicanas y a prestar asistencia y apoyo a las víctimas y a sus representantes.

(2) Irán

Estamos consternados por la condena a 16 años de cárcel que ha recibido una prominente activista iraní contra la pena capital, a tenor de acusaciones suscitadas por su valiente defensa de los derechos humanos. La Sra. Mohammadi ya se encuentra en la prisión de Evin, en Teherán, donde cumple una condena por haber violado las drásticas leyes de seguridad nacional. Según se informa, esta defensora de derechos humanos padece graves dolencias y no se le ha permitido recibir la atención médica especializada que necesita.  

El ACNUDH y otros dispositivos de derechos humanos vienen instando desde hace mucho tiempo a las autoridades iraníes a que pongan en libertad a la Sra. Mohammadi, sin resultado alguno. Su condena pone de manifiesto la tolerancia cada menor que se manifiesta en Irán hacia la promoción de los derechos humanos. Exhortamos a las autoridades iraníes a que garanticen la excarcelación inmediata de la Sra. Mohammadi y de todas las personas que se encuentran detenidas simplemente por ejercer sus derechos.