Comunicado de prensa sobre Siria, Kenya, Irak y la República Democrática del Congo

Portavoz del El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos : Rupert Colville
Lugar: Ginebra
Fecha: 24 de mayo de 2016
Temas:  (1) Siria,  (2) Kenya, (3) Irak y (4) República Democrática del Congo (RDC)

(1)  Siria

Condenamos los ataques terroristas mediante el uso de suicidas y coches bomba que ocurrieron en la mañana de ayer en las ciudades costeras sirias de Jableh y Tartous.

Cuatro explosiones ocurrieron en Jableh: una en el Hospital Nacional, una en la central eléctrica y dos en una terminal de autobuses. En Tartous se produjeron dos explosiones en una terminal de autobuses y la tercera en una zona residencial próxima. Hemos recibido informes de que decenas de personas murieron; fuentes gubernamentales mencionan a 78 víctimas, mientras que otros estimados cifran en 145 el número de víctimas. El Estado Islámico de Irak y el Levante  (ISIL, por sus siglas en inglés) ha reivindicado la autoría de los ataques.

Se cree que la mayoría de los muertos o heridos son civiles y el momento y el lugar escogidos indican que los ataques se planearon con el fin deliberado de causar el mayor número posible de víctimas entre la población civil. El ACNUDH sigue investigando los incidentes, así como los informes independientes de ataques contra personas desplazadas que, según las fuentes, ocurrieron más tarde el mismo día.

Estos horrendos incidentes son los más recientes en lo que parece ser una rápida escalada de violencia en todo el país, en la cual los civiles, juntos con las estructuras indispensables para su supervivencia, constituyen al parecer los objetivos escogidos. Las instalaciones médicas han resultado particularmente dañadas, tras el incidente que ocurrió la semana pasada, cuando, según las fuentes, un hospital rural de Khan al-Shih, en la provincia de Damasco Rural, fue blanco de un bombardeo aéreo, y después de la serie de ataques contra hospitales ocurrida en Alepo en el mes de abril.

Es preciso exigir responsabilidades a los autores de estos ataques. El derecho internacional impone a las partes en un conflicto armado la obligación de tomar medidas permanentes para proteger a la población civil. Aunque las circunstancias de estos hechos todavía están bajo investigación, los informes iniciales apuntan a que estas agresiones constituyen violaciones del derecho internacional humanitario, que prohíbe los ataques directos contra la población civil y los hospitales. Por consiguiente, estos ataques podrían ser constitutivos de crímenes de guerra. Estos hechos ponen de manifiesto una vez más que es indispensable remitir la situación de Siria a la Corte Penal Internacional.  

(2)  Kenya

Nos preocupa en grado sumo el aumento de la violencia en torno a las protestas que cada semana se llevan a cabo en Kenya. Según los informes recibidos, al menos tres personas murieron ayer por disparos de la policía, dos de ellas en el pueblo de Siaya, en el occidente de Kenya, cerca de la frontera con Uganda, y la tercera en Kisumu, a unos 75 kilómetros al este de Siaya. Según las fuentes, muchas otras personas resultaron heridas en ambos lugares. También se reprimieron protestas en otras ciudades del país, incluso en la capital, Nairobi.   

Instamos a las autoridades a velar por que estos actos de violencia no se repitan y a que se respete el derecho de reunión pacífica. También exhortamos a los manifestantes a que protesten pacíficamente y no recurran a la violencia, como sucedió en algunas ocasiones durante las protestas de esta semana y la precedente.

Exhortamos tanto a las autoridades como a los coordinadores de las manifestaciones a que cooperen con fin de proteger a los manifestantes pacíficos de la violencia de otros elementos que se introducen en las marchas, y es esencial que las autoridades no reaccionen desmedidamente ante la presencia de dichos elementos, porque al hacerlo pondrían en peligro la integridad física de los manifestantes inocentes. A los coordinadores de la protesta no se les debería exigir responsabilidades por la conducta ilícita de otras personas.    

Los muertos y heridos de ayer, junto con vídeos y fotografías sumamente inquietantes que al parecer muestran a miembros de las fuerzas de seguridad que golpean y patean brutalmente a los manifestantes durante las últimas protestas del 16 de mayo, plantean graves dudas acerca de si los servicios de seguridad de Kenya cumplen con las leyes y normas nacionales e internacionales que estipulan que el uso de la fuerza debe ser legal, estrictamente necesario y proporcional.

Las condiciones para el uso de la fuerza figuran en la Ley del Servicio Nacional de Policía de Kenya (2011), que estipula que un agente de policía debe tratar siempre de aplicar medios no violentos y que sólo deberá usar la fuerza cuando esos medios no violentos sean ineficaces o no tengan posibilidades de alcanzar los resultados que se buscan.

De conformidad con las normas internacionales, la Ley estipula además que la fuerza que se emplee ha de ser proporcional al objetivo que se procura, la gravedad de la ofensa y la resistencia de la persona contra la cual se emplea dicha violencia, y sólo se aplicará en la medida en que sea necesario, en cumplimiento de las cláusulas de la ley y los reglamentos del servicio.

Aplaudimos el hecho de que el gobierno haya declarado que investigará los incidentes ocurridos el 16 de mayo y pedimos que se lleve a cabo una investigación rápida, independiente y eficaz acerca de las muertes y otros incidentes violentos ocurridos ayer. Cualquier miembro de las fuerzas de seguridad que haya hecho un uso excesivo de la fuerza debería recibir el castigo apropiado, según establece la ley. 

 (3)  Irak

Instamos al gobierno de Irak a que emprenda inmediatamente una investigación independiente, transparente y eficaz sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad contra las personas que se manifestaron en el exterior de la Zona Verde de Bagdad, el viernes pasado. Cuatro manifestantes resultaron muertos y no menos de 200 fueron heridos, después de que las fuerzas de seguridad dispararan botes de gas lacrimógeno, balas de goma y munición real contra ellos, durante casi dos horas. Según los informes, unas 200 personas fueron arrestadas posteriormente en conexión con la marcha, entre las que figuran numerosos estudiantes universitarios.

Según la información que hemos compilado, cientos de manifestantes, entre los que había mujeres y niños, procedían de distintos barrios de Bagdad en los que se han producido ataques terroristas, tales como Sadr City, y pedían que el gobierno actuase de inmediato para exigir responsabilidades a los autores de esas agresiones y proteger a sus comunidades. Las fuentes afirman que los manifestantes no iban armados.

Tras lo ocurrido, el gobierno ha acusado a miembros del partido Baaz y a partidarios del ISIL de haber promovido la protesta y algunos medios de prensa usaron el término ‘disturbios’ para referirse a la manifestación. Como es lógico, esto ha exacerbado las tensiones, ya que muchos testigos presenciales sostienen que los manifestantes enarbolaban banderas iraquíes, pedían seguridad para ellos y sus familias y solicitaban que se exigiera responsabilidades a los autores de ataques terroristas que habían causado la muerte a algunos de sus vecinos. En vez de culpar a los manifestantes, pedimos al gobierno que anuncie el rápido inicio de una investigación independiente con el fin de determinar si se produjo un uso innecesario o excesivo de la fuerza y haga comparecer ante la justicia a cualesquiera oficiales de policía cuya actuación haya violado los estrictos criterios establecidos en lo tocante al uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.*   

Además, instamos al gobierno a velar por que la protección de los civiles sea una preocupación primordial en el contexto de las operaciones militares que lleva a cabo con el fin de recuperar la ciudad de Fallujah. Exhortamos a todas las partes en conflicto a que respeten estrictamente el derecho internacional humanitario, que abarca los principios de distinción, proporcionalidad y precaución en la conducción de las hostilidades y a que garanticen que a los civiles se les permite abandonar el escenario de los combates con dignidad y seguridad, y que disponen de acceso a la asistencia humanitaria.

En relación con otro asunto, nos preocupa el anuncio formulado por el Ministerio de Justicia de que 22 personas fueron ejecutadas el mes pasado. En la declaración no se ofrecen detalles sobre la identidad de los reos ni los delitos por los que habían sido condenados, ni se indica tampoco dónde tuvieron lugar las ejecuciones. Desde hace mucho tiempo venimos pidiendo al gobierno de Irak que dicte una moratoria sobre la aplicación de la pena capital, en particular, habida cuenta de las deficiencias del sistema de justicia penal iraquí y el riesgo de que éste no cumpla con las normas internacionales sobre garantías legales y juicios imparciales.     

(4) República Democrática del Congo (RDC)

Desde enero del año pasado el gobierno de la República Democrática del Congo ha adoptado un conjunto de medidas inquietantes, encaminadas a reducir el ámbito democrático en el país con miras a las próximas elecciones. Tan sólo entre enero y abril del año en curso, el ACNUDH ha documentado 216 violaciones de derechos humanos relativas al ejercicio de las libertades de expresión, reunión y asociación pacífica, entre las cuales figuran arrestos y detenciones arbitrarias, interrupción de reuniones de la sociedad civil y de grupos opositores, y malos tratos a manifestantes. El viernes pasado, tres activistas de la sociedad civil, miembros del grupo LUCHA (Lutte pour le Changement), fueron sentenciados por cargos de inicitar a la desobediencia civil, difundir información falsa y vulnerar la seguridad del Estado.

Nos inquieta la presión que se ejerce sobre la oposición y la sociedad civil, y pedimos a los jueces que cumplan con los principios que definen a un juicio imparcial y se resistan a cualquier interferencia política en su labor.

El 21 de marzo de este año, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la RDC anunció que de las 22.000 organizaciones no gubernamentales (ONG) del país, sólo 63 habían cumplido con las regulaciones necesarias y tenían capacidad jurídica. El Ministro señalo que las ONG, tanto congoleñas como internacionales, que no regularizaran su situación no serían autorizadas a operar en la RDC. Asimismo, dos candidatos presidenciales de la oposición han sido acosados, incluso mediante acciones judiciales incoadas en contra de uno de ellos.   

Varios miembros de la oposición anunciaron que organizarían manifestaciones este jueves, 26 de mayo, para expresar su descontento. Habida cuenta del inquietante contexto actual, pedimos al gobierno que permita la realización de manifestaciones pacíficas y garantice que los funcionarios de policía no hacen un uso innecesario o excesivo de la fuerza durante esas marchas.*

Instamos a las autoridades a que inicien un diálogo constructivo con la oposición y garanticen el respeto al derecho de todos los congoleños a participar en la vida pública del país, en vez de tratar de reprimir a quienes disienten. El gobierno debe garantizar el pleno respeto de las libertades de reunión pacífica, asociación y expresión, así como el derecho de todos los agentes a participar en los asuntos públicos, cualquiera que sea su afiliación política. Asimismo, instamos a la República Democrática del Congo a velar por el cabal cumplimiento de las normas y los criterios internacionales relativos a la labor de los defensores de derechos humanos, entre otros los que figuran en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos.

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* La conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se aborda en varios códigos y normativas internacionales, entre otros, los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y el Código de Conducta de las Naciones Unidas para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

Para mayor información y solicitudes de prensa favor contactar a Rupert Colville (+41 22 917 97 67 / rcolville@ohchr.org) or Ravina Shamdasani (+41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org)

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