Declaraciones Procedimientos Especiales
Personas expertas de la ONU y regionales llaman a proteger urgentemente el espacio cívico ante la proliferación global de leyes como las de “agentes extranjeros”
Día Internacional de la Democracia - 15 de septiembre de 2024
13 septiembre 2024
GINEBRA – Para proteger la democracia, los Estados deben frenar y revertir urgentemente la peligrosa tendencia global de adopción de leyes restrictivas sobre las asociaciones, incluidas aquellas similares a las de agentes extranjeros / influencia extranjera, han instado personas expertas en derechos humanos de la ONU y regionales* en una Declaración Conjunta en el marco del Día Internacional de la Democracia. Las personas expertas han emitido el siguiente comunicado:
“En vísperas del Día Internacional de la Democracia, advertimos respecto al nocivo fenómeno global del creciente uso de leyes sobre agentes extranjeros / influencia extranjera, entre otras leyes, políticas y prácticas, acompañadas de una dañina retórica antiderechos, que restringen las libertades democráticas.
Estas leyes amenazan la existencia de una sociedad civil independiente, que es clave para garantizar la inclusión, el pluralismo y la participación pública de todas las personas en la sociedad. El uso de estas leyes en todas las regiones como armas para reprimir el espacio cívico, con el pretexto de aumentar la transparencia y proteger la seguridad y la soberanía del Estado, ha contribuido al retroceso democrático mundial y al aumento del autoritarismo. Esto está socavando aún más la participación pública plena e inclusiva durante este año de elecciones en muchos países en el mundo.
Expresamos nuestra preocupación por el hecho de que las iniciativas legislativas denominadas de ‘agentes extranjeros’ o de ‘influencia extranjera’, y las leyes con efectos similares, introducen obligaciones, restricciones o prohibiciones innecesarias, desproporcionadas y discriminatorias para las asociaciones, tales como: obligaciones de registro separadas, adopción de la etiqueta estigmatizante de ‘agente extranjero’ vinculada al origen extranjero de su financiación u otros beneficios; requisitos de información excesivamente onerosos, intrusivos y costosos; y prohibición de participación pública en los procesos de toma de decisiones.
Estas leyes incumplen las normas internacionales de derechos humanos, incluido el derecho de las asociaciones a acceder libremente a los recursos, y están exacerbando las narrativas hostiles y la estigmatización de la sociedad civil. También tienen un efecto amedrentador sobre el activismo público.
Para garantizar un entorno que permita a las personas organizarse y formar asociaciones de forma libre y segura, así como actuar colectivamente para fortalecer y proteger la democracia, hacemos un llamado a los Estados que deroguen las legislaciones existentes y se abstengan de adoptar este tipo de leyes y reglamentos.
Aumentar la ‘transparencia’ y la seguridad es primordial; sin embargo, estas leyes amplias y estigmatizantes, claramente dirigidas a la sociedad civil, de hecho reducen la capacidad de la sociedad civil para desempeñar su papel vital de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, la democracia inclusiva y las instituciones democráticas”.
* Las personas expertas: Sra. Gina Romero, Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Hon. Rémy Ngoy Lumbu, Relator Especial sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y punto focal sobre las represalias en África de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP); Sr. José Luís Caballero, Comisionado y Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Sr. Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH; Sra. Yuyun Wahyuningrum, Representante de Indonesia en la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE.
Los titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales son personas expertas independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos para abordar situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todo el mundo. Las personas expertas no forman parte del personal de la ONU y son independientes de cualquier gobierno u organización. Prestan sus servicios a título individual y no reciben un salario por su trabajo.
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