Soluciones sostenibles a la crisis de los rohingyas en Myanmar

53ª sesión del Consejo de Derechos Humanos

Declaración de Nada Al-Nashif, Alta Comisionada Adjunta de la ONU para los Derechos Humanos

Sr. Presidente,
Distinguidos ponentes,
Excelencias,

Los musulmanes rohingyas y otras minorías de Myanmar han padecido la persecución y la discriminación sistemáticas durante decenios. En la actualidad, 11 años después de los actos de violencia cometidos en el Estado de Rakhine y seis años después de las operaciones militares de 2017, en las que murieron miles de rohingyas y resultaron desplazados cientos de miles de ellos, más de un millón de personas de esta etnia siguen confinadas en los campamentos de refugiados de Bangladesh. Se calcula que otros 600.000 permanecen en Myanmar, donde todavía se les priva de sus derechos fundamentales.

Al mismo tiempo, otras minorías étnicas y religiosas, que han cifrado sus esperanzas en los acuerdos de cese el fuego y la promesa de un futuro federal y democrático para Myanmar, nuevamente son víctimas de un nuevo ciclo de conflictos. El golpe militar de febrero de 2021 y la violenta represión subsiguiente en muchas partes del país han causado aún más sufrimiento en las comunidades minoritarias, entre ellos los rohingya.

Además, el mes pasado el ciclón Mocha, la tormenta más poderosa que ha arrasado la región en la última década, devastó el país. Mas de 100 rohingyas murieron y centenares más perdieron sus hogares y vieron sus vidas trastornadas, situación que agravó su vulnerabilidad.

El ejército de Myanmar tiene la obligación ineludible de proporcionar acceso humanitario pleno, seguro y continuo a todas las personas que lo necesiten. Pero en vez de cumplir con esta obligación, los militares han puesto en vigor un sistema de restricciones físicas y administrativas sobre la manera de realizar dichas operaciones humanitarias, que incluye una evaluación de las víctimas y las necesidades sobre el terreno. Según los informes que hemos recibido, mucha gente sobrevive en las selvas y en albergues improvisados, sin acceso a los servicios de auxilio, que podrían proporcionarles medicinas y alimentos.

Alarmado por la gravedad de la situación, a finales del año pasado el Consejo de Seguridad aprobó su primera resolución sobre Myanmar, en la que hizo hincapié en la necesidad de crear las condiciones necesarias para el regreso voluntario, digno, seguro y sostenible de los refugiados rohingyas y los desplazados internos.

Por desgracia, esas condiciones todavía no existen sobre el terreno.

Para lograr un futuro de integración, las autoridades de Myanmar deben velar por la implantación de un sistema político democrático, representativo y transparente, rechazar toda legislación discriminatoria, emprender un diálogo integrador y constructivo orientado a la reconciliación nacional, e implantar medidas que garanticen el respeto y la protección de los derechos humanos y la dignidad de cada persona, sin discriminación.

Una medida fundamental en este sentido es el reconocimiento pleno del derecho a la ciudadanía de toda la población rohingya y la entrega de la documentación civil adecuada, lo que les permitiría el acceso pleno e igualitario a los servicios básicos, entre otros la salud y la educación, las oportunidades económicas y la libertad de movimiento.

Huelga decir que todo diálogo o deliberación sobre el futuro de los rohingyas -incluida cualquier posibilidad de su regreso a Myanmar- deberá abarcar la participación plena, eficaz y significativa de este grupo étnico, en toda su diversidad.

El regreso sostenible de estos refugiados, de conformidad con la normativa internacional al respecto, sería imposible, a menos que los derechos humanos, las libertades y la seguridad de esta comunidad sea garantizada por las autoridades.

Mientras tanto, un gran número de rohingyas siguen huyendo hacia países más seguros, a menudo afrontando enormes riesgos, incluso en peligrosas travesías marítimas. Según el ACNUR, más de 3.500 rohingyas intentaron travesías marítimas peligrosas el año pasado, un aumento del 360 por ciento, en comparación con el año 2021. Al menos 348 rohingyas murieron en estos intentos a lo largo de 2022.

Aprovecho la ocasión para expresar nuestro reconocimiento y apoyo al gobierno de Bangladesh, que ha acogido a más de un millón de rohingyas durante esta larga crisis. Asimismo, encomio la posición de varios países de la región, tales como Indonesia, Malasia y Tailandia, que han permitido el desembarco seguro y han proporcionado protección y asistencia humanitaria a refugiados rohingyas que han llegado a sus costas en barcas. Espero que este apoyo continúe en el futuro.

También reconozco la considerable presión que han experimentado estos países, en particular Bangladesh, y el personal humanitario competente, en relación con los esfuerzos realizados para garantizar el suministro de ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados. Desde marzo de este año, debido a las limitaciones de financiación, el Programa Mundial de Alimentos ha debido reducir en dos ocasiones el volumen de raciones alimentarias que distribuye en estos campamentos, lo que ha complicado aún más la situación de los refugiados.

El Plan Conjunto de respuesta a la crisis humanitaria de los rohingyas en Bangladesh, establecido en 2023, padece un grave déficit de financiación. Exhorto a la comunidad internacional a que aporte una ayuda sólida y sostenida a estos refugiados. Debemos seguir consolidando su resiliencia y confianza, que son esenciales. Velar por el acceso a la educación, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, la adquisición de competencias y medios de subsistencia en los campamentos es fundamental, para que algún día los refugiados puedan superar la dependencia total de la ayuda humanitaria, con el fin de prepararse para reconstruir sus vidas en Myanmar, cuando puedan regresar con dignidad.  

Ante la impunidad de que gozan las fuerzas armadas de Myanmar en relación con violaciones pasadas y actuales cometidas contra los rohingyas, nuestra Oficina apoya los esfuerzos de rendición de cuentas que se realizan en la esfera internacional. La causa incoada por Gambia contra Myanmar ante la Corte Internacional de Justicia constituye un paso importante en esta dirección, así como la investigación en curso que lleva a cabo el fiscal de dicho tribunal. Espero que el Consejo de Derechos Humanos también redoble su apoyo a los esfuerzos orientados a mejorar la rendición de cuentas.

Para concluir, insto al Consejo a que preste suma atención a las ideas expresadas en esta mesa redonda y a que trabaje colectivamente sobre una hoja de ruta encaminada a lograr soluciones duraderas -soluciones basadas en las esperanzas y los derechos humanos de los musulmanes rohinygyas y de otras minorías-.