Sesión Ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos

15 de diciembre de 2021

Excelencias,

Me complace dirigirme a ustedes en el marco del Día International de los Derechos Humanos que, este año, celebra la igualdad.

Este tema no podría ser más oportuno.

Los casi dos años de COVID-19 nos han mostrado una realidad intolerable de racismo sistémico, discriminación estructural, además de las desigualdades persistentes -- que han alimentado la pandemia y se están agravando con ella. Sino se abordan inmediatamente pueden tener consecuencias mayores.

En nuestra región, la CEPAL informa que, en 2020, la pobreza y la pobreza extrema aumentaron un 12,5% y un 33,7%, respectivamente. En el mismo período, el PIB de las economías de América Latina y el Caribe en su conjunto cayó un 7,7% y el número de desempleados aumentó a 44,1 millones.

Un nuevo informe de la ONU ha mostrado que en solo un año 13,8 millones de personas más han sufrido de hambre en América Latina y el Caribe.

La pandemia también ha impactado negativamente el goce efectivo de los derechos humanos, revirtiendo algunos de los avances logrados en muchos países y regiones. América Latina y el Caribe no han sido una excepción.

Sin embargo, la pandemia no ha afectado a todas las personas de la misma manera. La crisis ha tenido un impacto desproporcionado, por ejemplo, en los trabajadores informales y en las mujeres. El aumento de la violencia de género y doméstica en la región es alarmante.

Asimismo, ese fue el caso, entre otros, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, que ya se encontraban entre los más afectados por las desigualdades estructurales políticas, económicas, sociales, ambientales y de salud.

Esta situación de vulnerabilidad impidió que los 58 millones de personas pertenecientes a pueblos indígenas y los 134 millones de afrodescendientes de la región no tuvieron los medios para enfrentarar a la pandemia de la mejor manera posible. Muchos de ellos siguen sin acceso a agua potable en sus hogares o tienen un acceso limitado a los servicios básicos de saneamiento.

Excelencias,

Debemos tenerlo claro: las desigualdades no son un hecho, pero se derivan de las decisiones políticas. Así, pueden -y deben- ser desmanteladas.

Esta es la principal tarea de esta generación de líderes mundiales, porque consiste en una salida clara a la compleja crisis y en avanzar hacia un futuro inclusivo, sostenible y resiliente.

Eso solo puede hacerse a través de medidas centradas en los derechos humanos.

Mediante un nuevo contrato social entre los Estados y las personas, ya que el contrato actual no priorizó una vida digna y con derechos para la mayoría de los seres humanos del planeta.

A raíz del COVID19, mi Oficina ha prestado apoyo a los Estados y a los equipos de las Naciones Unidas en los países para abordar la crisis desde una perspectiva de derechos humanos, principalmente en los ámbitos de los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo.

Hemos apoyado la integración de los derechos humanos en debates económicos, incluso en torno a la elaboración de presupuestos, la delimitación de los gastos sociales y las medidas de austeridad que muchos países están considerando tras la COVID-19.

Por ejemplo, estamos ayudando a abordar las repercusiones de las medidas económicas sobre los derechos humanos en países como Barbados y Ecuador mediante el análisis presupuestario en sectores sociales clave como la salud, la protección social y el trabajo.

Un nuevo contracto social también necesita un compromiso político renovado para reconstruir la confianza. Eso requiere garantizar la participación segura y significativa de todos, especialmente de los más afectados.

Sin embargo, observo con preocupación una serie de medidas en la región que tienen como efecto reducir o cerrar espacios donde la sociedad civil participa en la vida política, económica y social. Se verifica un aumento en la adopción de normas que restringen los derechos a la libertad de expresión, de participación, de reunión pacífica y de asociación.

Es imprescindible crear espacios y garantizar que las voces críticas no tengan miedo de expresarse.

Excelencias,

Las desigualdades y vulnerabilidades en la región también se multiplican por la crisis ambiental en curso.

El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, y la contaminación amenazan las vidas y sus medios y amplifican los conflictos, las tensiones y las desigualdades estructurales.

Y, como en el caso de la pandemia de COVID-19, quienes ya se encuentran en situaciones vulnerables corren el mayor riesgo de sufrir daños.

El Banco Mundial proyecta que, si no se toman medidas preventivas, alrededor de 17 millones de personas en América Latina podrían migrar por los efectos del cambio climático de aquí a 2050.

En efecto, los efectos combinados del cambio climático y los desastres ambientales con los altos y persistentes niveles de pobreza, desigualdad, violencia e inestabilidad política, hacen que las Américas experimenten una nueva emergencia migratoria. Hubo un aumento histórico de migrantes avanzando hacia el norte.

Insto a los países de tránsito y destino a garantizar que la respuesta sea solidaria y digna y que en el caso de los retornos tengan en cuenta los principios de sostenibilidad, voluntariedad, dignidad y seguridad, así como el principio de no devolución.

Mi Oficina sigue trabajando para promover, proteger y hacer realidad los derechos humanos de todos los migrantes, independientemente de su situación, con especial atención a los migrantes en situación de vulnerabilidad y de mayor riesgo.

En las Américas, estamos siguiendo de cerca, en estrecha cooperación y coordinación con las agencias especializadas de la ONU, la situación de los derechos humanos de los refugiados y migrantes, y proporcionando asistencia técnica a las instituciones nacionales encargadas de la protección y a las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo en el contexto de la Plataforma Regional de Coordinación Interinstitucional para refugiados y migrantes de Venezuela (R4V). En los países de acogida y de tránsito, también hemos llevado a cabo misiones de supervisión con organismos de las Naciones Unidas en las zonas fronterizas y hemos proporcionado análisis sobre las reformas legislativas.

Los derechos humanos nos proporcionan herramientas para abordar estas cuestiones.

Celebro que el Consejo de Derechos Humanos haya reconocido el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, así como su resolución de establecer un mandato de una relatoría especial dedicado a los derechos humanos y el cambio climático.

También celebro la entrada en vigor este año del Acuerdo de Escazú, que tiene como objetivo proteger tanto el medio ambiente como el trabajo importante de defensoras y defensores en América Latina y el Caribe.

Aprovecho esta ocasión, para hacer un llamado a todos los países que aún no han ratificado el Acuerdo de Escazú que lo hagan sin demora como muestra de su compromiso para proteger el medio ambiente.

En 2017, mi Oficina y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lanzaron el Mecanismo de Acciones Conjuntas para Contribuir a la Protección de las Personas Defensoras en la región, buscando una coordinación más efectiva para fortalecer la complementariedad de ambos sistemas en la protección de las personas defensoras de derechos humanos en la región. El mecanismo ha sido efectivo en la cooperación y coordinación de actividades puntuales pero debemos seguir reflexionando sobre cómo mejor adaptar nuestras acciones con el fin primordial de garantizar la efectiva protección de las personas defensoras.

Excelencias,

Los desafíos globales exigen respuestas globales.

En eso consiste el multilateralismo. Y por eso lo necesitamos tanto.

La pandemia, su consiguiente aumento de las desigualdades y la crisis climática han hecho que la cooperación internacional, así como la solidaridad, sean primordiales.

Estas crisis también han demostrado cómo la defensa de los derechos humanos de todas y todos hace que las sociedades en su conjunto sean más resistentes.

Trabajar en apoyo a los Estados Miembros, a través de un diálogo abierto y transparente, es una prioridad para mi Oficina.

Reafirmo mi compromiso de apoyar los esfuerzos de los Estados en favor de los derechos humanos a través del desarrollo de capacidades y la cooperación técnica -- reconociendo cuándo se logra un adelanto y alertando para prevenir violaciones.

Aliento a los Estados de la región a asumir un nuevo liderazgo, claro y efectivo, para contribuir hacia el avance de los derechos humanos en el mundo, y en sus países, incidiendo efectivamente sobre los cuatro pilares de la OEA: democracia, seguridad, desarrollo y los derechos humanos.

Además, aliento fuertemente a renovar la solidaridad -dentro de cada sociedad y entre las naciones- lo que es uno de los pilares de “Nuestra Agenda Común” de las Naciones Unidas. Esta es una iniciativa con una base muy amplia lanzada por el Secretario-General para promover el desarrollo humano, la igualdad y la inclusión basada en los derechos humanos.

Como se indica en “Nuestra Agenda Común” , "ahora es el momento de volver a abrazar la solidaridad mundial y encontrar nuevas formas de trabajar juntos por el bien común".

Este es el único camino.

Los próximos pasos deben darse con urgencia y determinación, confianza y solidaridad.

Ha llegado el momento de establecer puentes y reducir las brechas en materia de derechos humanos.

Mi Oficina y yo esperamos seguir trabajando con ustedes en este esfuerzo de todas nosotras y nosotros.

Gracias.