Declaración de Final de Misión de la Visita del Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, señor Vitit Muntarbhorn

10 de marzo de 2017

“Señoras y Señores,

En mi calidad de Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género (OSIG), visité oficialmente la Argentina entre el 1° y 10 de marzo de 2017, en el marco del mandato establecido en 2016 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su Resolución 32/2. Fue mi primera visita de país, de conformidad con las funciones expresadas en el mandato. A esta declaración de final de misión le seguirá un informe completo a ser publicado por el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2018.

En primer lugar, me gustaría agradecer al Gobierno de la Argentina por su invitación a realizar esta visita oficial y por su excelente colaboración antes y durante mi estadía. También quisiera expresar un cálido agradecimiento a autoridades y personal tanto en el ámbito Federal como Provincial, organizaciones no gubernamentales, integrantes de la sociedad civil y otros actores por el diálogo amigable y constructivo que mantuvimos durante la visita.  Tuve acceso pleno y abierto a aquellas personas con las que quise reunirme y pude concurrir a diferentes lugares y localidades para estudiar la situación en el marco de mi mandato: visité la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, junto con La Plata, Rosario y Mendoza. 

También tuve acceso a varias penitenciarías para poder ver las condiciones de los/las internos/as en relación con la OSIG. 

La Argentina ha demostrado un gran compromiso para con los derechos humanos al ser parte de los principales tratados internacionales sobre los derechos humanos, así como de Convenciones regionales clave sobre el tema y otros instrumentos.  Existen leyes y políticas progresistas en el ámbito federal que ayudan a proteger a las personas contra la violencia y la discriminación por motivos de OSIG.  Una de las leyes más destacadas es la Ley de Identidad de Género (2012), una normativa federal que garantiza que cada persona tenga el derecho al reconocimiento de su identidad de género autopercibida y a ser tratada por otros conforme dicha identidad. El reconocimiento de la identidad de género es un derecho que asiste a las personas sin necesidad de someterse a una cirugía de reasignación de género, y se les da la posibilidad de solicitar el cambio de su identidad sin mediar autorización judicial.  El acceso a la atención integral de la salud también es parte de este proceso. Es importante señalar que la justificación de la ley se basa en la auto-identificación, vinculada a la desburocratización y despatologización del proceso de reconocimiento del género.

Esta ley trascendente va de la mano de otras leyes innovadoras y reformas afines, incluida la ley de reconocimiento del matrimonio igualitario (2010); la Ley de Educación Sexual Integral que permite enseñar la diversidad sexual desde una edad temprana (2006); la reforma del Código Penal argentino que tipifica el femicidio y permite la inclusión de las mujeres transgénero (“travesti, transexual y transgénero” en la terminología local), como una categoría independiente de homicidios agravados, lo que aumenta la pena contra los autores del delito (2012); y la derogación de las restricciones que prohibían la donación de sangre sobre la base de la orientación sexual (2015).  Existe también una política nacional sobre la diversidad sexual que atraviesa los principales ministerios con un punto focal de coordinación y difusión con sede en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para coordinar políticas en el ámbito federal con sede en la Mesa Permanente de la Diversidad Sexual del Consejo Federal de Derechos Humanos. Acoge con gran beneplácito que varios organismos gubernamentales cuenten con personal o unidades especiales para abordar la diversidad sexual.

Estos desarrollos se complementan con iniciativas en el ámbito provincial como, por ejemplo, una nueva ley para establecer un cupo mínimo de empleo para el colectivo transgénero en la provincia de Buenos Aires (no solamente para ayudar a generar empleo para dicho grupo sino también para actuar de un modo afirmativo a fin de superar los estereotipos de género), y la derogación de las diversas leyes restrictivas basadas en la moral pública, como en el caso de la provincia de Santa Fe.  La progresividad de las leyes y políticas innovadoras es prueba viva del proceso democrático que abre la puerta a la diversidad sexual y de género y a una amplia participación de la sociedad. En realidad debería observarse que la OSIG se vincula en gran medida con la situación de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT). También puede vincularse con personas intersexuales (I), por ejemplo, respecto de la elección de someterse a una cirugía y recibir atención médica en relación con la identidad de género.

A nivel local existe un tema clave de implementación y aplicación en un contexto integral. La violencia y la discriminación son una preocupación importante en una serie de localidades.  Los asesinatos, las agresiones, el acoso y otras transgresiones se cobran muchas víctimas entre las mujeres transgénero en particular.  La seriedad del problema invita a realizar un mapeo más abarcador en relación con el tema. Son una comunidad especialmente vulnerable e invisible, ya que traen consigo una historia impregnada de pobreza y privación socioeconómica que puede haberlas impulsado a una vida y a ocupaciones clandestinas en las calles como lo es, por ejemplo, el trabajo sexual o la prostitución, y a encuentros negativos con las fuerzas de seguridad, a veces de cara a la campaña de las fuerzas del orden contra el tráfico de drogas. 

La corta vida de las mujeres transgénero, interrumpida por la violencia y/o la discriminación, da fe de su precaria existencia.  La transfobia y la homofobia agravan la situación para todo un espectro de grupos y personas, impulsando ataques a gays, lesbianas, bisexuales y personas transgénero en varias zonas del país.

Muchas fuentes (tanto gubernamentales como no gubernamentales) le subrayaron al Experto Independiente de las Naciones Unidas que la violencia institucional se encuentra  históricamente generalizada y muy arraigada en la sociedad, y yace en el centro del problema. La violencia institucional,  mediante actos negativos y omisiones por parte de los funcionarios del estado, resulta una causa raíz de la violencia y discriminación en relación con la OSIG, así como una consecuencia y un agravante, al tiempo que perpetúa el ciclo vicioso de abusos.  Algunos integrantes de las fuerzas de seguridad se encuentran involucrados en las violaciones en forma ostensible, siendo su impunidad un dilema aún mayor.

Ello se ve agravado por las dificultades que enfrentan las víctimas y sobrevivientes al intentar acceder al sistema de justicia en vista de que hay prejuicios inherentes contra los diversos grupos que demandan protección en conexión con la OSIG.

La naturaleza de la violencia y la discriminación se complica aún más por el hecho de que es multidimensional y multifacética. La violencia y la discriminación se inician tal vez en el seno de la familia, para luego escalar al sistema educativo y al entorno comunitario, y extenderse a los contextos provincial y nacional, exacerbado por la Internet y el ciberespacio lo que podrá resultar crítico para los elementos hostiles que incitan al odio y a la violencia.  El patriarcado y la falta de empatía en relación con la diversidad son factores agravantes.  Detrás de todo ello se encuentra la exclusión sociocultural, vinculada a la marginación cultural, económica y política que alimenta la dinámica de la violencia y la discriminación.

Se están tomando varias medidas para contrarrestar la violencia y la discriminación en determinadas partes del país pero que deben extenderse a otras zonas y ser más efectivas.  Algunos ejemplos incluyen el cambio de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio en el Poder Judicial; el primero depende mucho del papel de los jueces en el proceso, en tanto el último permite un mayor contralor, incluido el rol de los fiscales públicos en un proceso más abierto. Es importante señalar que con anterioridad el control de la policía estaba en manos de esa fuerza y que ahora se ha trasladado a otros actores como, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad, lo que brinda una mayor objetividad y transparencia. Además se han iniciado programas educativos en los diferentes niveles del sistema de educación, así como para las fuerzas de seguridad y otro personal.

El informe completo abordará en mayor detalle otros desafíos clave:

• El vínculo entre la ley federal sobre OSIG y la legislación provincial: existe una gran preocupación en aquellos lugares en los que la ley federal no se ha implementado aún o muestra deficiencias en su implementación en el ámbito provincial, en especial la Ley de Identidad de Género que es obligatoria por naturaleza;
• La divergencia entre la ley federal por motivos de OSIG y la legislación provincial sobre la base de la moral pública (decencia pública): esto aparece en varias leyes, incluidos los Códigos de Faltas o Contravencionales como, por ejemplo, el Artículo 81 del Código de Faltas de Buenos Aires y varias de las disposiciones del Código de la Provincia de Mendoza, dando un mayor poder a las fuerzas de seguridad para actuar contra las personas / grupos sobre la base de la moral pública, lo que podrá resultar en inconsistencias e injusticias.
• El impacto indirecto de varias leyes sobre la situación en cuanto a OSIG: esto se refiere en especial a aquellos casos en los que las fuerzas de seguridad invocan leyes como la ley de drogas al llevar a cabo procedimientos de gran alcance, justificando el ataque a las personas transgénero, sin el debido proceso y en ocasiones vinculado a la corrupción;
• La interconexión entre las leyes sobre OSIG y el amplio espectro de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales: esto es una invitación a comprender que la legislación, tal como la Ley de Identidad de Género, es solamente un punto de partida y que se requiere el goce de otros derechos y servicios como el acceso a la atención de la salud, la educación, la vivienda y el empleo, siendo necesario contar con políticas de seguimiento efectivas así como recursos;
• Posible aprobación de una ley integral contra la discriminación y medidas correlativas: se sabe que la actual ley federal contra la discriminación es anticuada y que se necesita una ley nueva sobre este tema que incluya la penalización de actos discriminatorios por  OSIG, e invierta la carga de la prueba en apoyo de las víctimas;
• La incidencia en pos de una respuesta integral a las formas de violencia y discriminación múltiples, interrelacionadas y agravadas: esto se ejemplifica a través del  nexo entre OSIG y otras poblaciones como las mujeres, los/las migrantes, trabajadores/as migrantes, refugiados/as, niños/as, jóvenes, personas de la tercera edad o con capacidades diferentes, personas HIV positivas, detenidos/as, integrantes de pueblos indígenas o minorías, por ejemplo, los afrodescendientes.
• El compromiso hacia la sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS): ello se refiere en especial a asegurar que las leyes y políticas sobre OSIG se sostengan a través de una agenda nacional perdurable y de largo plazo, por un período de al menos 15 años, en el marco de los ODS, independientemente de los cambios de gobierno y sobre la base de una apropiación no partidaria, con un presupuesto efectivo y recursos paralelos;
• La necesidad de ampliar la participación pública y el acceso a la justicia: ello se refiere a superar la violencia institucional y otras formas de violencia y discriminación, con énfasis en el monitoreo del trabajo de las fuerzas de seguridad y una acción efectiva para ampliar la rendición de cuentas, y medidas contra la impunidad, bajo la mirada atenta de la sociedad en general, complementada por la participación de otros actores como los líderes políticos, comunitarios y religiosos, el sector empresarial y los medios;
• El llamado para tener un mejor sistema de control contra el abuso del poder: se considera lo antedicho con vistas a fortalecer los procesos internos de las instituciones como, por ejemplo, las medidas disciplinarias y de contralor, así como procesos externos de escrutinio mediante los Tribunales y las Defensorías del Pueblo tanto a nivel provincial como federal, entre otros, teniendo en cuenta que la decisión de designar un/a Defensor/a del Pueblo ha estado pendiente durante varios años y debe acelerarse el proceso.

Orientación:

Los elementos que se transcriben a continuación promueven una agenda de acciones interconectadas que no necesariamente aparecen por orden de prioridad, requiriendo medidas específicas de las autoridades, en cooperación con otros actores:

1) Leyes y Políticas

• Asegurar una efectiva integración e implementación de leyes nacionales, políticas y medidas relacionadas a la OSIG en los ámbitos provincial y local, y sostenerlas a través del tiempo como un compromiso amplio contra la violencia y la discriminación;
• Reformar leyes y políticas que no se adecuen a los estándares de derechos humanos y que pueden conducir a la violencia y la discriminación como, por ejemplo, diversas disposiciones de los Códigos de Falta provinciales;
• Evitar que las leyes en relación con la decencia pública y las drogas se utilicen para discriminar contra las personas sobre la base de la OSIG;
• Adoptar una nueva ley contra la discriminación, haciendo referencia a la OSIG como una de las causales de discriminación, en vistas de que todos los textos presentados en el Congreso Nacional incluyen OSIG;
• Aplicar la ley de cupos de la provincia de Buenos Aires para asegurar así al menos un número mínimo de empleados del colectivo transgénero, y expandir la llegada de leyes de cupos similares a otras provincias;
• Iniciar el proceso de adopción de una ley para ofrecer reparación a las víctimas de la violencia y discriminación por motivos de OSIG;
• Adoptar la enmienda propuesta del Código Procesal Penal para permitir que los fiscales especialmente capacitados actúen en nombre y representación de las víctimas;
• Integrar la política sobre diversidad sexual en forma más efectiva en todas las instituciones estatales y emitir instrucciones claras para la policía y otras fuerzas del orden mediante Protocolos de respeto a los derechos humanos, entre otros, y ofrecer protección en relación con la OSIG;
• Fortalecer la implementación del Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos y los planes afines que también integrarían una acción dirigida contra la violencia y la discriminación por motivos de OSIG.

2) Programas y Prácticas

• Fortalecer las acciones interdisciplinarias contra la violencia y la discriminación, en respuesta a las normas internacionales sobre derechos humanos y otros compromisos como, por ejemplo, los ODS;
• Adoptar una serie de medidas transversales a fin de aplicar la Ley de Identidad de Género y mejorar el acceso a la educación, atención de la salud, empleo, vivienda, como así también al crédito, las becas y otras oportunidades, lo que incluye una alternativa de empleo y trabajo para las mujeres transgénero;
• Asegurar una distribución equitativa y accesible de medicamentos e insumos afines, incluidos los fármacos para el VIH y las hormonas, como parte de una atención de la salud integral para todos y todas y, en particular, para las personas transgénero, en tanto se facilita el acceso a las cárceles del Ministerio de Salud para brindar servicios y entregar medicamentos;
• Adoptar medidas contra la violencia y la discriminación en un contexto de interseccionalidad, lo que incluye la cobertura para no nacionales, y asegurar que las leyes y políticas que tengan incidencia en los no nacionales del país cumplan con las normas internacionales;
• Mejorar las condiciones del sistema penitenciario dando debida consideración a la necesidad de proteger a las personas sobre la base de su OSIG, con pabellones especiales cuando fuese necesario, un cambio efectivo y oportuno de los documentos de identidad y registros, a fin de reflejar la OSIG de los/las internos/as, y el acceso a asesoramiento legal, médico y otro tipo de asistencia para asegurar el acceso a la justicia y las necesidades básicas;
• Expandir los servicios como, por ejemplo, los refugios para las víctimas, las líneas de llamada gratuitas y otros servicios, así como incrementar el número del personal capacitado para evitar la revictimización por mayor violencia y discriminación;
• Fortalecer los esfuerzos para contrarrestar el discurso de odio, en relación con la incitación a la violencia y la discriminación por Internet, mediante una mayor colaboración con la ciber industria, en alianza con la comunidad y otros actores.

3) Mecanismos, Personal y Recursos

• Designar al titular y fortalecer la figura de la Defensoría del Pueblo de la Nación, asegurando la independencia del mandato en cumplimiento de los “Principios de Paris” sobre las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, respaldados por las Naciones Unidas;
• Establecer, identificar y/o fortalecer unidades/personal especial para contrarrestar la violencia y la discriminación, también en relación con la OSIG, mediante capacitación y apoyo específicos;
• Asegurar una mayor participación y representación de las mujeres y otros grupos sobre la base de su OSIG entre el personal del Poder Judicial y las autoridades de las fuerzas de seguridad;
• Fortalecer los mecanismos internos y externos de supervisión para las fuerzas de seguridad, con un sistema adecuado de contralor (por ejemplo, Ministerio de Seguridad para monitorear a la policía en lugar de tener policías que controlen a policías) y la participación de la sociedad para verificar el trabajo de las fuerzas del orden (“monitoreo social”).
• Sostener el compromiso de los recursos y asegurar una equitativa asignación de los mismos, en el ámbito provincial y local, de un modo duradero y no partidario.

4) Información, Educación y Desarrollo de las Capacidades

• Generar estadísticas/datos sobre los grupos afectados por la violencia y la discriminación, con el desagregado de los números por grupo y OSIG, y construir una base de datos a nivel federal – provincial;
• Integrar la información sobre la diversidad sexual en forma más amplia dentro de los curriculums educativos para las fuerzas de seguridad y otras autoridades, incluidos los jueces, la policía y los militares;  
• Ampliar la comprensión sobre la diversidad sexual y de género mediante la implementación más sistemática de la Ley de Educación Sexual Integral, y mejorar la capacitación y formación de maestros y alumnos, complementado mediante el “aprender haciendo” como, por ejemplo, alentando a los niños y niñas a realizar trabajo voluntario para ayudar a la comunidad y así alimentar una mentalidad solidaria;
• Abrir el diálogo a los líderes de opinión, lo que incluye a dirigentes religiosos, para promover un enfoque que respete la diversidad sexual y de género e incluya este concepto en el proceso de educación y socialización para lograr la empatía desde una edad temprana;
• Efectuar un estudio sobre la manera en que la violencia y la discriminación sobre la base de la OSIG impacta a los niños y niñas en el ámbito federal y provincial, teniendo en cuenta las diferentes situaciones y condiciones que enfrentan niños y niñas LGBTI, niños y niñas de padres LGBTI, niños/niñas adoptivos/as, así como lo relacionado con la reproducción asistida y otros servicios, sobre la base de la OSIG;
• Promover la investigación sobre la interseccionalidad entre la violencia y la discriminación por motivos de OSIG, por ejemplo, con relación al patriarcado, el género y la heteronormalidad; los pueblos indígenas; las minorías; los detenidos; trabajadores/as migrantes y refugiados/as, aprendiendo también a partir de la sabiduría de las culturas locales, además de la investigación sobre el dividendo económico de integrar la OSIG en el mundo laboral;   
  

5) Rendición de Cuentas y Reparación

•  Asegurar un seguimiento efectivo de las causas que involucran violencia y discriminación, lo que incluye aquellas contra las fuerzas de seguridad;
• Prevenir la impunidad, luchar contra la corrupción y asegurar la rendición de cuentas a través de una serie de medidas, incluido el examen, la selección, educación y monitoreo de las fuerzas del orden, con incentivos que se correlacionen para lograr una efectiva aplicación de la ley y sanciones por mala conducta;
• Mejorar el acceso a la justicia para todos y todas, inclusive el acceso a los tribunales y otros canales de defensa y rendición de cuentas, de la mano de una efectiva reparación, teniendo en cuenta que “la justicia demorada es justicia denegada”;

6) Actores y su Participación

•  Ampliar la actuación de los defensores de los derechos humanos y asegurar su protección, garantizando y extendiendo el espacio democrático;
• Permitir que una diversidad de personas trabajen en los organismos estatales así como en otras profesiones para contribuir a modelos positivos sobre la base de la OSIG;
• Ampliar la participación de la sociedad en el monitoreo del desempeño de los agentes de las fuerzas de seguridad, “democratizando” así el control sobre las fuerzas del orden mediante la participación y vigilancia de la comunidad; y crear oportunidades para los actores y su inclusión social y cultural sobre la base de medidas holísticas, respetuosas de la OSIG.

Les agradezco mucho su atención.”