EL RELATOR ESPECIAL SOBRE LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y DE EXPRESIÓN TERMINA SU VISITA A HONDURAS

El Relator Especial sobre el Derecho de Libertad de Opinión y de Expresión, el Sr. Ambeyi Ligabo, emitió el siguiente comunicado de prensa, luego de terminar su misión a Honduras, la cual tuvo lugar del 26 al 30 de noviembre de 2007.

“Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle al Gobierno de Honduras por invitarme a su país en mi calidad de Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión. También dirijo mi agradecimiento a todas las autoridades nacionales e internacionales, a las instituciones, ONG, integrantes de los medios, sindicatos y a las personas con las que me reuní y con quienes mantuve un fructífero intercambio de opiniones y de informaciones. Asimismo, le doy las gracias a la Oficina del PNUD en Honduras por su valioso apoyo y asistencia.

Honduras es un país en desarrollo, una república democrática constitucional basada en el Derecho Civil Romano y español, que manifiesta una fuerte voluntad y deseo de ser un país estable de inquebrantables principios democráticos. Al igual que otros países de la misma región, Honduras se enfrentó a las consecuencias de la dictadura y el autoritarismo, así como a las consecuencias de los conflictos armados en países vecinos. Ese contexto histórico ha planteado a la sociedad hondureña importantes retos y dificultades, pero también le ha brindado la oportunidad de reforzar sus instituciones democráticas para que no se repitan los problemas del pasado.

En primer lugar, me gustaría destacar que la invitación que me ha extendido el Gobierno de Honduras es una señal del reconocimiento del papel central que ocupa la libertad de expresión en cualquier sociedad democrática y también representa la disposición del Gobierno para cooperar con los expertos independientes de las Naciones Unidas.

Durante mi visita, tuve conocimiento de importantes progresos legislativos dirigidos a reforzar la libertad de expresión y proteger a aquellos que la practican. Celebro que las autoridades hayan puesto gran empeño en reformar la legislación y dar respuesta a las demandas de la sociedad y espero que estos resultados positivos continúen produciéndose en el futuro.

En este sentido, la Ley de Transparencia (habeas data) constituye un gran progreso con respecto a la legislación anterior. Las autoridades deben prestar atención para que no sea empleada como un instrumento político que contravenga su propósito original. La sociedad civil debe seguir desempeñando el papel vital que cumplió al redactarse la ley. En el informe que presentaré ante el Consejo de Derechos Humanos incluiré un análisis más amplio sobre los puntos claves de esta ley y las sugerencias para mejorar sus puntos débiles.

A pesar de estos importantes avances, me he visto confrontado a varios temas sumamente preocupantes respecto de mi mandato. Los siguientes elementos parecen ser los principales obstáculos al ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión:

1. Inseguridad generalizada para los periodistas en el país

En primer lugar, en mi calidad de Relator Especial, quiero expresar mi profunda preocupación por los hechos acaecidos recientemente en Honduras. Por lo tanto, quiero condenar vehementemente el asesinato de un periodista, el Sr. Carlos Salgado, y el exilio voluntario de otros dos trabajadores de la prensa, los Sres. Geovanny García y Dagoberto Rodríguez, quienes huyeron por temor a ser asesinados.

Durante mi visita, tuve la oportunidad de reunirme con periodistas, propietarios de medios y con un gran número de integrantes de la sociedad civil que contribuyen al ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión, incluyendo víctimas de violaciones recientes. Durante dichas reuniones escuché testimonios de varios periodistas actualmente amenazados. Esas amenazas deben ser investigadas y seguidas de cerca por la policía.

2. Falta de conclusiones de fondo en numerosas investigaciones policiales

Aparte del problema de la inseguridad, también quiero expresar mi preocupación por la impunidad de los perpetradores de esos actos. Durante mis reuniones con funcionarios estatales, miembros de la sociedad civil, víctimas y sus familiares, tuve conocimiento de que hasta la fecha nadie ha sido condenado por estos crímenes.

3. Lento avance en la adaptación de la legislación nacional a la normativa internacional sobre libertad de opinión y de expresión
Algunos aspectos de la legislación nacional de Honduras sobre la libertad de expresión no son conformes a las normas internacionales. Me gustaría reiterar que la censura directa o indirecta es inaceptable, las leyes y prácticas que restringen el derecho de recabar y difundir libremente información deben abolirse y las autoridades gubernamentales, nacionales o locales, no deben interferir en el contenido de las informaciones impresas o emitidas por otros medios ni restringir el acceso a las fuentes de las noticias.

Los delitos contra el honor, comprendidos en el Código Penal hondureño, deben ser destipificados. La inclusión de los delitos contra el honor en el Código Penal provoca autocensura entre los periodistas, que temen ser enjuiciados si divulgan actividades corruptas y delitos cometidos por los que detentan el poder. Los ejemplos en este sentido aún están frescos en la memoria y algunos de estos casos fueron desestimados por los tribunales. Si esta cláusula está destinada a proteger el honor, debe aplicarse imperativamente el Código Civil y no el Código Penal.

4. Independencia de los medios
Se me ha informado que varios periódicos dependen de la publicidad estatal para asegurar su salud financiera. La publicidad del Estado no debe ser utilizada como medio para presionar a la prensa, particularmente a la más crítica contra el Gobierno o contra cualquier grupo de intereses especiales. También se me ha informado de que algunos periodistas reciben un sueldo del Gobierno. Si eso es verdad, es inaceptable y contrario a la ética periodística.

5. Recomendaciones
- La libertad de opinión y expresión debería ser una prioridad en la agenda nacional. Es importante que los funcionarios del Gobierno reconozcan los problemas que existen en este campo y se comprometan a esforzarse para encontrar soluciones apropiadas.

- Las autoridades deberían examinar sus programas de protección a los periodistas, sobre todo para fortalecer considerablemente la protección que se les brinda y concluir lo más brevemente posible las investigaciones en curso sobre los delitos perpetrados contra periodistas.

- Durante las reuniones que mantuve con miembros de la sociedad civil, se mencionó, en reiteradas ocasiones, las repercusiones de la delincuencia organizada en el ejercicio de la libertad de opinión y expresión, particularmente en contra de los periodistas de investigación. En dicho contexto, esos programas de protección son fundamentales pero insuficientes.

- Junto con otros Relatores Especiales, me he dirigido al Gobierno de Honduras en relación con supuestas violaciones del derecho a la libertad de opinión y de expresión, cometidas contra personas indígenas. Durante mi estancia aquí observé que los pueblos indígenas, los grupos minoritarios y otras pequeñas agrupaciones étnicas son víctimas de intolerancia y de exclusión o marginalización social debido a la falta de medios propios de comunicación. Su derecho a expresar opiniones y a ser parte del proceso de toma de decisiones parece haber sido olvidado. Es importante que el Gobierno inicie políticas destinadas a facilitar la apertura de medios de comunicación a estos grupos.

- En conclusión, me gustaría destacar, en mi capacidad de Relator Especial, que es urgente y necesario el establecimiento de vínculos entre miembros de la sociedad civil, del Gobierno, del poder judicial, de la policía y de los medios, a fin de procurar soluciones conjuntas para los graves problemas que afectan a Honduras.