Palabras de Edgar Gutiérrez, Canciller de Guatemala, 59o Periodo de Sesiones de la Comisión de Derechos Humanos

19.03.2003






Señora Presidenta:

Hace poco más de seis años se firmó en Guatemala el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, que clausuró cuatro décadas de uno de los enfrentamientos armados más cruentos en América Latina. A pesar de que estos acuerdos permitieron el retorno de decenas de miles de refugiados, la reinserción de otros tantos miles de desplazados internos y la desmovilización de las fuerzas insurgentes y algunos cuerpos armados del Estado, Guatemala no ha alcanzado en este periodo de pos-conflicto una estrategia política consistente que le conduzca a la reconciliación plena, le acerque a la justicia social y le fortalezca de manera inequívoca sus instituciones democráticas.

Los Acuerdos de Paz, especialmente sus capítulos sobre derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, de fortalecimiento del poder civil y reformas socioeconómicas, tienen un carácter refundacional del Estado y la sociedad guatemaltecas. Establecen referentes éticos, políticos y de desarrollo para construir un Estado y una sociedad democráticos y solidarios.

Pero las premisas para su aplicación no han sido enteramente establecidas. Por ejemplo, no hemos alcanzado homogeneidad en la conducción política del Estado (en mi opinión, requerimos por lo menos una década de liderazgos bajo la pauta del cambio que establecen los acuerdos); la sociedad en general no conoce ni se le traducen a su vida cotidiana los Acuerdos de Paz, por lo tanto no se moviliza en su apoyo y ejecución; la cultura política de las elites sigue siendo una de confrontación y no de construcción y tolerancia; tampoco hemos forjado instituciones y mecanismos necesarios para procesar los propósitos de dichos Acuerdos. En dos palabras, sabemos el qué, pero no conseguimos todavía el cómo.

Por eso el proceso de paz en Guatemala ha sido errático. Se han emprendido esfuerzos de enormes dimensiones para conocer la verdad sobre los hechos atroces de la guerra, entre ellos la Comisión del Esclarecimiento Histórico y la Recuperación de la Memoria Histórica, promovido por el obispo Juan Gerardi; pero las resistencias de ciertos poderes fácticos a reconocer esos hechos y los obstáculos a la aplicación de la justicia, resultan formidables. Nuestro sistema de seguridad y justicia siguen postrados. El problema no es sólo una disputa del pasado para conquistar el presente. Es la impunidad extendida a las violaciones de los derechos humanos, los derechos laborales, sociales, económicos y culturales. Es la imposibilidad de cristalizar el Estado democrático de Derecho y garantizar seguridad y equidad a toda la población.

El tejido social en Guatemala fue brutalmente quebrantado, y los intentos de reconstituirlo han resultado fragmentarios. Ha habido esfuerzos de entes gubernamentales y no gubernamentales, especialmente de la iglesia Católica, por recuperar la dignidad de las víctimas, pero los caminos de la reconciliación todavía son intrincados. Mediante la reconstrucción de las historias comunitarias, exhumaciones de cementerios clandestinos y procesos de reparación psicosocial, muchas víctimas se han reconciliado con su pasado. Se han reconciliado con sus muertos, pero todavía no se reconcilian con los vivos. Y las condiciones materiales francamente precarias en que sobreviven, les impide reconciliarse con su presente y con un proyecto de país distinto.

El proceso de paz en Guatemala está compelido a abrir condiciones a las comunidades a fin de encontrar caminos propios de reconciliación. Algunos pasarán por la vía de procesos penales. Otros por el sendero del derecho indígena, que es más reparador y menos sancionatorio. Y otros más por el reencuentro comunitario del perdón y el arrepentimiento.

Pero, adicionalmente, el Estado tiene que reconocer sus propias responsabilidades en los hechos ocurridos. En marzo del 2000, el Presidente Alfonso Portillo estableció una política de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado en el sistema interamericano. Este es un reconocimiento de responsabilidades por acción –o sea, porque agentes del Estado, como parte de planes institucionales vulneraron la vida y la integridad física de las personas- y por omisión –es decir, el Estado no garantizó la vida y falló en el esclarecimiento pleno de los hechos y el procesamiento de los responsales. Esta política tiene tres pilares: a) investigación de los hechos y los responsables, b) dignificación de las víctimas y c) reparaciones para las víctimas y sus familiares.

En el 2002, el gobierno y organizaciones de víctimas diseñaron un Plan Nacional de Reparaciones. Éste se tradujo en una iniciativa de ley que fue enviada al Congreso, donde se espera que apruebe este mismo año. Está previsto que este Plan de once años, el cual se beneficiará con los proyectos piloto ya ejecutados por la Secretaría de la Paz, se inicie en el 2003 con un financiamiento de 9 millones de dólares para una etapa de diagnóstico.

A pesar de estos avances, en Guatemala no han concluido las prácticas violatorias de los derechos humanos. Ejemplo de ello es la persistente presencia de amenazas y hostigamientos a defensores de los derechos humanos, operadores de justicia, testigos y otros sectores. Son secuelas de un pasado de arbitariedades e impunidad que aún tenemos que vencer. Pero el problema actual es que nuestro sistema de seguridad y de justicia no ha identificado a los agresores ni sus acciones clandestinas han sido penalizadas.

Por ello nos hemos visto precisados a buscar un mecanismo ad hoc. Me complace informar a esta Comisión que el pasado 13 de marzo, la oficina del Procurador de los Derechos Humanos, las ONG de derechos humanos y el gobierno de la República, con la facilitación de Human Rigths Watch, logramos un acuerdo para establecer la Comisión para la Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS). Está Comisión estará integrada por tres miembros, dos de los cuales serán representantes de los secretarios generales de Naciones Unidas y la OEA, quienes ya han sido invitados oficialmente por el Gobierno de Guatemala.

El mandato de la Comisión es investigar a los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, así como presuntas actividades ilegales o clandestinas de los cuerpos de seguridad estatales y privados. En cumplimiento de su mandato la Comisión podrá solicitar a cualquier funcionario declaraciones, documentos, informes y colaboración en general, y éstos están obligados a atender y proporcionar sin demora aquello que les sea requerido. De la misma manera, la Comisión contará con pleno acceso a las instalaciones públicas, civiles y militares, y a todos los centros de detención del país, sin previo aviso. Y podrá suscribir convenios con el Ministerio Público a fin de emplear sobre la marcha sus hallazgos para efectos penales.

Señora Presidenta:

Guatemala no alcanzará la paz plena sin un esfuerzo nacional que remueva las raíces de injusticia y exclusión social y étnica que dieron origen al conflicto armado. Esto significa una reforma fiscal progresiva y una política de desarrollo agrario eficaz y con sentido de justicia social. Eficaz para desmontar el andamiaje semifeudal del latifundio y minifundio, para generar unidades productivas diversificadas de alto rendimiento, compatibles con el medio ambiente y alta capacidad de empleo. A la vez, debemos edificar un Estado con suficiencia financiera y calidad de gasto, así como eficientes mecanismos de participación social y auditoría de gestión, a fin de orientar el desarrollo sin exclusiones.

En los tres años del actual gobierno se han emprendido esfuerzos para garantizar insumos de producción y precios a los campesinos. Se incrementaron en un 38% los salarios mínimos y se ampliaron los derechos laborales, ajustándolos a los estándares de la OIT. Se amplió la cobertura escolar. Se reformó el pénsum de estudios, incluyendo un componente de conocimiento y reflexión sobre la guerra interna. Se generó un amplio programa de becas escolares y un plan de nutrición que atiende a la niñez en situación de pobreza extrema. Por otro lado, se aplicó una reforma fiscal que ha dado la base material a estas políticas sociales. La carga tributaria aumentó dos puntos porcentuales en los 20 meses de vigor de la reforma, pero aún no alcanza la meta de los Acuerdos de Paz.

Una estrategia de combate a la pobreza está siendo consultada en las comunidades rurales y, al mismo tiempo, en las zonas deprimidas por la caída de los precios internacionales del café se ha puesto en marcha un programa de emergencia social. En estos años se han ampliado los programas de acceso a la tierra. Pero, con todo, la presión sobre la tierra crece día con día. Una estrategia de desarrollo rural integral resulta impostergable para Guatemala. Bajo los auscipios de Naciones Unidas, la OEA y el Gobierno de la República se han concluido los preparativos para instalar una mesa de diálogo intersectorial de Desarrollo Rural con la participación de campesinos, cooperativistas, ONG, empresarios y otros sectores. El objetivo es elaborar, bajo criterios de consenso, la política pública de más largo aliento para Guatemala.

Construir una cultura de paz y reconciliación también requiere mecanismos específicos. En esa línea, con la coordinación del arzobispo de Guatemala, monsenor Rodolfo Quezada Toruno, viene trabajando otra mesa de diálogo intersectorial, que ha elaborado una Carta de Principios y Valores Sociales.

La reforma del Estado ha tomado un curso orientado a la democratización, la participación, especialmente de los pueblos indígenas y las mujeres, y la descentralización. Esto es especialmente cierto después de la aprobación, el año pasado, de tres leyes fundamentales: la Ley de Consejos de Desarrollo, la Ley de Descentralización y la reforma al Código Municipal. Está en marcha una Ley de Desarrollo Social que contiene los preceptos básicos de la salud reproductiva. Y por primera vez el Estado cuenta con una política de la mujer elaborada bajo la coordinación de la Secretaría de la Mujer, con amplia participación de las mujeres organizadas.

El poder civil se ha venido consolidando con el desarrollo de la inteligencia estratégica civil y la seguridad civil presidencial. El Estado Mayor Presidencial, tradicional dependencia militar, ha desmovilizado al 25% de sus efectivos y está previsto su desmantelamiendo total el próximo 31 de octubre. Varias zonas y destacamentos militares que no cumplen funciones de defensa nacional, están siendo desmantelados. También está prevista una reducción del número de efectivos militares. La definición de la política de defensa para el Siglo XXI, está a cargo de grupos de trabajo multisectoriales, que incluye a organismos de la sociedad civil y el Estado.

En el tema de los derechos de los pueblos indígenas hay mucho por hacer. Hemos tenido algunos avances en la educación bilingüe, el libre ejercicio de la espiritualidad, la aplicación del derecho indígena y la participación de los pueblos indígenas. Pero persisten problemas de carácter estructural. La pobreza y la exclusión tiene un inconfundible rostro indígena, rural y de mujer. La discriminación y el racismo están en la esencia del ordenamiento jurídico, ideológico, social, político y económico de Guatemala. Justamente este 21 de marzo que se celebra el Día Internacional de la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, se presentará oficialmente, en un espacio de diálogo y reflexión, la recién creada, en octubre pasado, Comisión Presidencial contra el Racismo y la Discriminación, que tiene como función coordinar con las organizaciones de los pueblos indígenas las políticas públicas que pongan en vigor derechos de los pueblos indígenas.

Señora Presidenta:

Pemítame saludar y reconocer el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos durante el último año, ratificar las posiciones de nuestra Delegación y subrayar nuestro apoyo a iniciativas que están impulsando otras delegaciones gubernamentales y ONG con las que hemos venido trabajando en este periodo. Especialmente quiero referirme a:

- La cooperación con los mecanismos de la Comisión y la reiteración de la “invitación abierta” que Guatemala efectuó en 2001. Consecuentemente, hemos recibido visitas del relator de independencia de jueces y magistrados, del relator de derechos de los indígenas y de la representante especial sobre defensores de derechos humanos. Continuaremos cooperando con ellos para implementar sus recomendaciones. Estamos comprometidos con el mantenimiento y fortalecimiento de los mecanismos de esta Comisión. Y apoyaremos la renovación del mandato de los relatores de independencia de jueces y magistrados, así como del representante especial sobre defensores de derechos humanos, que vencen este año.

- En el tema de la cooperación, debo informarle que hemos iniciado contactos con el Alto Comisionado para el establecimiento de una Oficina en Guatemala; el mandato de MINUGUA fue extendido hasta diciembre de 2003 y esperamos que la Asamblea General apruebe la solicitud del Gobierno de Guatemala de continuar hasta diciembre de 2004, a fin de acompañar el primer año del próximo gobierno.

- Manifestamos nuestra complacencia por la adopción, por parte de la Asamblea General, del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura, en cuya negociación participamos activamente.

- Informamos, por otro lado, que Guatemala ratificó y depositó el instrumento de ratificación de la Convención de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, con lo cual se alcanza el número suficiente para que entre en vigencia en 1 de julio próximo.

- Continuaremos haciendo esfuerzos por avanzar en las negociaciones y lograr la más pronta adopción de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y complementar así nuestros esfuerzos nacionales en el marco de los Acuerdos de Paz.

- Reiteramos nuestra complacencia por la creación y funcionamiento efectivo del Foro Permanente de Asuntos Indígenas como órgano subsidiario del ECOSOC, en el cual participa como experta la Ministra de Cultura de Guatemala, Otilia Lux de Cotí.

- Consistentes con los Acuerdos de Paz, continuaremos los esfuerzos para lograr la más pronta adopción de un instrumento jurídicamente vinculante contra las desapariciones forzadas en el el Grupo de Trabajo creado para el efecto por esta Comisión.

- Seguiremos contribuyendo para que se finalice y adopte el proyecto de los “principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”. Ello es consistente con la política de Guatemala de reconocimiento internacional de responsabilidades del Estado en el sistema interamericano y con el Plan Nacional de Reparaciones.

- Congruentes con nuestra lucha contra la impunidad, continuaremos la promoción de la adopción internacional del proyecto del “conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”. - Ratificamos nuestro compromiso con los resultados de la Conferencia Regional contra el Racismo de Santiago y la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras Formas Conexas de Intolerancia, e informamos que, en ese sentido, se han promovido importantes acciones en Guatemala, entre ellas: la tipificación de la discriminación como delito y la ya citada Comision Presidencial contra la Discriminacion.

- Guatemala reconoce el derecho al desarrollo como un derecho humano colectivo que conlleva deberes y obligaciones del Estado hacia su población, así como entre Estados. La comunidad internacional no debe evadir los deberes y derechos que su reconocimiento conlleva, incluyendo la elaboración de un proyecto de Convención.

- Nos complace que sea constituido el Grupo de Trabajo para la elaboración de un proyecto de “Protocolo al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, en el cual participaremos activamente.

- Por otro lado, la Corte de Constitucionalidad en Guatemala ha emitido una opinión consultiva favorable que facilitará el proceso de firma y ratificación del Estatuto de Roma. Seguiremos trabajando para agotar los pasos necesarios.


Señora Presidenta:

En noviembre de este año Guatemala celebrará nuevamente elecciones democráticas. Es nuestra aspiración que estos comicios sean altamente participativos, que se realicen en un ambiente pacífico y de respeto. Es nuestra intención que la comunidad internacional observe cercanamente el proceso electoral, y para ello estamos cursando invitaciones a Naciones Unidas, la OEA y la Unión Europea. Pretendemos que los acuerdos sustantivos de la paz se preserven en la transición al nuevo gobierno, y se profundicen sus componentes de cambios estructurales.

En mayo celebraremos en Guatemala un Grupo Consultivo de Seguimiento a los compromisos de febrero del año pasado en Washington. Aspiramos a hacer un balance crítico de los Acuerdos de Paz, pero además queremos definir el nuevo horizonte de la paz: los temas prioritarios a emprender, los mecanismos de participación que garanticen mayor representación y pluralidad de los actores, y sobre todo, las formas de procesar los compromisos. Guatemala, como parte de los pueblos del mundo que han sufrido violencia, abusos y marginación, merecen justicia, y tienen derecho a vivir en un mundo en paz y a gozar el fruto de su trabajo. Muchas gracias.