Intervención Oral del Sr. Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales
de los indígenas

Nueva York, 22 de mayo de 2006

FORO PERMANENTE PARA LAS CUESTIONES INDIGENAS
Quinta Sesión


Señora Presidenta,
Distinguidos miembros del Foro Permanente,
Distinguidas delegadas y delegados indígenas,
Señoras y Señores,

Es nuevamente con gran satisfacción que tengo el honor de dirigirme a este Foro Permanente para compartir con ustedes algunos de los resultados de los trabajos que he venido desarrollando como Relator Especial desde nuestro último encuentro en Mayo de 2005, así como algunas reflexiones sobre asuntos de interés mutuo.

Es importante reconocer que en muchos países se han dado importantes desarrollos normativos en materia de derechos humanos así como de derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, estos desarrollos aún se confrontan con innumerables violaciones de los derechos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, debido, en parte, a que las normas no se implementan de manera adecuada, o porque son algunas veces neutralizadas por otras normas contradictorias, o bien porque no funcionan satisfactoriamente las instituciones jurídicas y administrativas cuya tarea sería aplicar la ley y velar por su cumplimiento.

En el informe que espero presentar al Consejo de Derechos Humanos este año he señalado la brecha de la implementación que constituye uno de los principales obstáculos para el pleno disfrute de los derechos humanos por parte de las personas y las colectividades indígenas. A esto debe agregarse la impunidad de la que gozan con frecuencia los responsables por el no cumplimiento de los derechos humanos, la corrupción en ciertos aparatos de administración de justicia y la falta de voluntad política. Cómo cerrar esta brecha de la implementación constituye uno de los grandes desafíos para el futuro.

En este contexto he podido advertir dos grandes áreas problemáticas: por una parte, existen numerosos casos en que la legislación en materia indígena es inconsistente con otras leyes que tienden a su vez a ser aplicadas con prioridad. Por la otra, en la mayoría de las reformas constitucionales documentadas existe un rezago con respecto a la adopción de leyes reglamentarias y secundarias lo que ha dificultado que los principios constitucionales sean aplicados en la práctica.

Cerrar el hueco y colmar la brecha, constituye por tanto un desafío y debe plantearse como un programa de acción de derechos humanos indígenas en el futuro y es clave dentro del programa de acción que se ha lanzado al inicio de la presente sesión del Foro.

Una parte del problema se ubica en la composición de las legislaturas, la escasa representación y participación de los indígenas en el quehacer legislativo, la falta de consulta con los pueblos indígenas y los sesgos y prejuicios contra los derechos indígenas que se encuentran entre numerosos participantes de la vida política. Por lo general no existen mecanismos adecuados para dar seguimiento a la efectividad de la legislación indígena y para evaluar su aplicación en la práctica cotidiana de la administración pública y de la sociedad.

Por otra parte, se advierte, con algunas excepciones, la ausencia de políticas coordinadas y sistemáticas, con la participación de los pueblos indígenas, que de manera transversal involucren a los diferentes órganos del Estado relacionados con cuestiones indígenas, tales como ministerios de agricultura, energía, minas y recursos naturales, educación y salud, entre otros, para garantizar los derechos de los pueblos indígenas.

También escasean adecuados mecanismos de consulta y participación, para los indígenas, que permitan conocer y tomar en cuenta debidamente sus necesidades y puntos de vista en la adopción e implementación de la legislación contemplada y en el proceso de toma de decisiones. Esto con frecuencia genera frustraciones entre las partes y puede conducir al fracaso del proceso de consulta en general.

Para resolver estos rezagos ha sido fundamental el sistema judicial, especialmente los tribunales. En numerosas ocasiones las decisiones de estos contribuyen a resolver los conflictos entre leyes y la no implementación de estas, y pueden contrarrestar los actos de autoridad que contradicen las reformas constitucionales y legislativas. Sin embargo, existen evidencias de que, en ciertas ocasiones, los tribunales mismos han frenado las reformas y han dictado sentencias que han hecho retroceder los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Por ello es crucial que los gobiernos den alta prioridad en la búsqueda de medidas y acciones concretas que ayuden a cerrar la “brecha de implementación” y conlleven una implementación efectiva. Conjuntamente con las instituciones representativas de los pueblos indígenas, deben establecerse mecanismos de consulta y participación sobre toda medida de alcance general o particular que les afecte, con especial atención a la legislación, recursos naturales y proyectos de desarrollo. Hago un llamamiento urgente para que se adopten, a la mayor brevedad posible, las leyes reglamentarias y orgánicas necesarias en consulta con las instituciones representativas de los pueblos indígenas.

Señora Presidenta,

Como ustedes saben, uno de los objetivos de mi mandato es recabar información sobre las violaciones de los derechos humanos de los indígenas en todas las partes del mundo, estudiar de cerca su impacto y llevar a cabo recomendaciones propositivas que sirvan de guía para superar las causas de estas situaciones. Las visitas a los países son el mejor mecanismo para atender esta responsabilidad.

En julio visité Sudáfrica, primer país del continente africano que ha demostrado su interés en recibir una visita del Relator Especial. Durante mi visita pude observar las trágicas consecuencias de la política de apartheid y su legado en el país. En este contexto, es importante resaltar los tremendos esfuerzos realizados por los gobiernos democráticos para corregir y reparar las innumerables injusticias heredadas del antiguo régimen.

A pesar que los pueblos indígenas no están todavía reconocidos como tales. la Constitución de 1996 incluyó una referencia a los pueblos Khoe y San. En noviembre de 2004, el Gabinete adoptó un memorandum que podría abrir la puerta a una política oficial de reconocimiento de los pueblos indígenas vulnerables en el país. Los pueblos indígenas de Sudáfrica tienen en principio acceso igualitario a todos los servicios sociales provistos por el Gobierno, incluidos la educación, la salud y la infraestructura en general. Sin embargo, tienden a estar más marginalizados que otros sectores de la sociedad al encontrarse en el punto más bajo de la escala socio-económica.

Si bien todos los grupos indígenas se enfrentan a diferentes desafíos, para citar un ejemplo, los Khomani San, en el Kalahari, fueron despojados de sus tierras y como consecuencia perdieron sus formas tradicionales de vida como cazadores y recolectores y quizás puede que sean las comunidades más pobres y marginadas del país, requiriendo su situación una atención prioritaria. El gobierno ha restituido a estas comunidades indígenas una parte de sus tierras y actualmente promueve, con algunas dificultades, su desarrollo económico.

Atendiendo la invitación del gobierno, espero también visitar Kenia durante este año.

La segunda visita durante el año pasado la hice a Nueva Zelanda. Como resultado de la venta de tierras y la falta de cumplimiento por parte de la Corona de los principios establecidos en el Tratado de Waitangi, el cual establece las bases de las relaciones entre el pueblo Maori y el Gobierno, los Maori perdieron la mayoría de sus tierras, recursos, autogobierno e identidad cultural a los largo de los siglos diecinueve y veinte. Desde 1975, cuando fue establecido el Tribunal de Waitangi, se ha producido un nuevo giro en las relaciones que ha llevado a algunos acuerdos en materia de demandas de tierras así como la adopción de legislación que reconoce los reclamos de las comunidades maori.

A pesar de los avances conseguidos, los Maori muestran su inquietud ante el lento proceso para corregir las violaciones al Tratado. Particularmente preocupante para muchos Maori es la Ley Costera (Foreshore and Seabed Act) que extingue derechos de propiedad consuetudinarios de los Maori sobre las áreas costeras estableciendo un proceso jurídico y administrativo para el reconocimiento de los títulos consuetudinarios o aborígenes. El Gobierno ha puesto en práctica varias estrategias dirigidas a reducir las desigualdades persistentes entre los Maori y los no Maori respecto de indicadores sociales como la salud, educación, vivienda, empleo e ingreso, aunque existen todavía grandes desafíos en la consecución de una sociedad más justa y equitativa.

Hace dos semanas finalicé una visita oficial a Ecuador donde pude observar que a pesar del reconocimiento constitucional de los derechos de las nacionalidades y pueblos indígenas, todavía persisten grandes retos para su protección y promoción efectivas. Los avances logrados en la Constitución de 1998 se han visto limitados por la falta de desarrollo legislativo y la débil aplicación de las normas. No se ha legislado en materia indígena sobre la consulta previa, libre e informada, la salud y la jurisdicción indígena. La situación corrobora la existencia de la gran brecha a la que hacía referencia al inicio de mi presentación.

La situación de pobreza de los pueblos indígenas, la falta de acceso a los servicios sociales básicos, la gravísima alerta sobre el deterioro progresivo del hábitat indígena y el impacto de las actividades extractivas, en particular la petrolera, la minera y la maderera, sobre el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas son algunos de los desafíos imperantes a los que debe enfrentarse el país en la promoción y protección efectiva de los derechos humanos. He recibido graves denuncias sobre esta situación en la Amazonía ecuatoriana así como en otras regiones del país. Especial atención merecen los problemas crecientes de los pueblos en aislamiento voluntario ante la presión de la tala ilegal de los bosques y otras actividades en sus territorios así como la situación que enfrentan los pueblos fronterizos con Colombia, a consecuencia del conflicto interno y la política de fumigaciones de cultivos ilícitos en este país.

Quisiera además informarles que hemos iniciado, como ya anuncié el año pasado, un proceso de seguimiento de mis visitas a los países.

En este contexto, la semana pasada llevé a cabo una visita de seguimiento a Guatemala, país que había visitado en septiembre de 2002 y sobre el cual presenté un informe a la Comisión en 2003. He podido observar que desde entonces ha habido importantes avances y se ven algunos cambios. Hay una creciente conciencia en el discurso oficial sobre la necesidad de atender los derechos humanos de los indígenas y se han abierto importantes espacios para dar atención a las necesidades de los pueblos indígenas del país. Particularmente relevante ha sido el reconocimiento oficial de las atrocidades cometidas durante el conflicto, las disculpas que ha expresado el Gobierno así como el inicio de la implementación de los programas de resarcimiento.

Sin embargo, todavía hay reclamos de la existencia de un nivel de racismo y discriminación muy marcado entre la sociedad guatemalteca. La situación de discriminación y violencia contra la mujer y la niñez indígena continua siendo preocupante. La implementación de los Acuerdos de Paz, y en particular el Acuerdo sobre Derechos e Identidad Indígenas sufre importantes rezagos. También he recibido numerosos testimonios de que las instituciones encargadas de atender los problemas de la población indígena carecen de la institucionalización y de los recursos necesarios para cumplir plenamente con sus objetivos.

Señora Presidenta,

No quisiera terminar mi intervención sin referirme a una cuestión recurrente en todas mis visitas y que creo de crucial importancia: las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas que se dan dentro del marco de las actividades de explotación de recursos naturales así como el impacto de éstas en el medio ambiente y en el hábitat natural de los pueblos indígenas.

Desde el círculo polar ártico a la región amazónica la salud del mundo se está resintiendo gravemente debido a la falta de control de estas actividades. Su impacto más evidente lo están sufriendo las comunidades indígenas que viven en este entorno, donde se acusan graves enfermedades debido a la contaminación de las aguas, la cada vez mas limitada flora medicinal base de su tradición de salud, así como un sin fin de impactos que ponen en peligro sus formas tradicionales de vida y en algunos casos su subsistencia en cuanto pueblos. Ante esto, Señor Presidente, se debe actuar con urgencia, de forma global y atendiendo a la voz sabia de las comunidades que han conservado estas áreas vitales para todos nosotros por siglos.