Discurso del Secretario Especial de los Derechos Humanos de Brasil, Ministro Nilmário Miranda, en 59° período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos

17.03.2003


Señora Embajadora Najat Al-Hajjaji ,

Inicialmente, me gustaría felicitar a Vuestra Excelencia por haber sido electa como Presidenta del 59a período de sesiones de la CDH. Su elección por el Grupo Africano traduce la creciente participación política de las mujeres en el mundo árabe. Estoy seguro de que la experiencia adquirida a lo largo de su brillante carrera como diplomática habrá de contribuir significativamente para el éxito de los trabajos de la Comisión en las próximas semanas.

Me gustaría igualmente aprovechar la oportunidad para felicitar a mi compatriota Sergio Vieira de Mello por haber sido designado Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su experiencia exitosa en Bosnia y, más recientemente, en Timor Leste lo califica a ejercer la más alta autoridad de las Naciones Unidas en el campo de los derechos humanos.

En 1998, en la calidad de parlamentario y Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, acompañé a una delegación de ONGs brasileras que vino a Ginebra específicamente para entregar a los miembros del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales el informe alternativo elaborado por la sociedad civil.

En la ocasión, constaté el papel fundamental de las ONGs en la sustentación del sistema de Naciones Unidas para la promoción de los derechos humanos, así como la excelente calidad de los debates de las delegaciones oficiales. Es, por lo tanto, motivo de enorme satisfacción volver hoy a este importante foro, ahora para hablar en nombre de un gobierno democráticamente electo por cerca de 53 millones de electores y que, al lado de la sociedad civil, tiene como programa político la promoción de todos los derechos humanos para todos los ciudadanos brasileños.

Señora Presidenta,

El año de 2003 nos remite al 10o. aniversario de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, realizada en Viena bajo un auspicioso contexto internacional. El muro de Berlín había caído y el fin de la Guerra Fría alimentaba en nuestros corazones la expectativa de un sistema multilateral basado en el diálogo entre culturas y en la cooperación entre gobiernos. De hecho, extraordinarias conquistas fueran obtenidas en la última década. Entre ellas, tal vez la más emblemática sea la creación del Tribunal Penal Internacional, de la cual Brasil es, con orgullo, uno de los fundadores. Tenemos, inclusive, la satisfacción de haber elegido la jueza brasilera Sylvia Steiner.

En el ámbito de la CDH, los avances han sido igualmente significativos. El sistema multilateral ha sido fortalecido por la entrada en vigencia de la Convención sobre Trabajadores Migrantes, y con la adopción de un protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura. Con esos nuevos instrumentos, la arquitectura internacional de protección a los derechos humanos se vuelve más sólida y eficaz.

A la Conferencia de Viena de 1993 se han seguido otras reuniones temáticas pertinentes al campo de los derechos humanos, tales como la Conferencia sobre la Mujer en Beijing, la Conferencia del Desarrollo Social en Copenhague y la Conferencia sobre Habitación en Estambul. En la misma década de los 90, la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Río-92, ha sido considerablemente fortalecida con la adopción del Protocolo de Kyoto, instrumento que, a pesar de fuertes objeciones, viene a concretizar la esperanza por una mejor calidad de vida en el planeta Tierra.

Sin embargo, al lado de esos avances notables, registramos con preocupación algunos retrocesos en el campo de la promoción de los derechos humanos. Los resultados de la Conferencia Mundial de Durban, por ejemplo, todavía no han sido debidamente puestos en práctica. Es urgente que el seguimiento de Durban sea conducido en la forma de un diálogo constructivo hacia el fin de la discriminación y de la intolerancia.

Por su vez, la lucha contra las atrocidades cometidas por grupos terroristas ha dado lugar, en algunos casos, a excesos legislativos que representan verdaderas amenazas a la plena realización de las garantías judiciales aseguradas en normas internacionales, como es el caso de las situaciones “kafkianas” en las que ciudadanos son mantenidos en detención por largos periodos de tiempo sin que sean sujetos al debido proceso legal.

Otro retroceso preocupante en ese campo es el recrudecimiento de los conflictos en Israel y en la Palestina ocupada. El proceso de paz entre el Estado de Israel y la Autoridad Nacional Palestina debe ser retomado a la brevedad posible, bajo el riesgo de continuar a asistir escenas repetidas de terror. Al respecto, es necesario hacer cesar la política de “castigo colectivo” impuesta a la población civil de los territorios ocupados, que en nada contribuye para contener la ola de violencia en la región.

Felizmente, después de un lapso inicial de perplejidad, la comunidad internacional parece haber establecido, en los últimos meses, los parámetros legales y morales para que la lucha global contra el terrorismo se haga en consonancia con los principios democráticos. Al final, es incuestionable la premisa de que la mayor victoria que los grupos terroristas pueden obtener es la ruptura de la razón política que sustenta el estado de derecho en los países de democracia consolidada.

Registro con optimismo dos iniciativas recientes en ese sentido. En agosto último, aquí en Ginebra, la Subcomisión de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, órgano subsidiario de esta Comisión, ha examinado el tema y ha apuntado los caminos para compatibilizar las políticas de seguridad contra el terrorismo internacional con los estándares mínimos del respeto a las libertades civiles. En el ámbito del sistema interamericano, ha sido aprobado, en Diciembre pasado, un relevante estudio que reafirma la obligación del Estado de proteger a sus ciudadanos contra actos terroristas, pero no sin antes encuadrar esa actuación del Estado en molduras legalmente definidas.

Superada, en parte, la dificultad de compatibilizar el combate al terrorismo con la defensa de los derechos humanos, me temo que los debates a lo largo del 59o. Período de sesiones de la CDH sean monopolizados por la cuestión de la guerra inminente; más específicamente, acerca de los conceptos de “guerra justa” o de “guerra preventiva”, llevada a cabo en nombre de los derechos humanos o del combate al terrorismo. Con efecto, el amenaza de eclosión de un conflicto armado de grandes proporciones en el Medio Oriente, y el consecuente aumento de la crisis humanitaria ya vivida en Irak, pueden diluir la discusión sobre políticas públicas de derechos humanos prevista en los diversos puntos que integran la agenda de esta sesión anual.

Observo con pesar que los deplorables acontecimientos del 11 de Septiembre de 2001 han creado terreno fértil para el avance de tesis tácitamente racistas y xenófobas, tanto el la industria del entretenimiento como en los medios académicos.

Ocurre que Brasil es un país capaz de acoger, lado a lado, pueblos de diferentes orígenes, tan distantes como, por ejemplo, Japón y Angola, Siria y Italia, pueblos que, una vez dentro del territorio brasileño, son inmediata y permanentemente invitados a componer el mosaico característico de la nación brasilera. Al gobierno brasileño, por fidelidad a la tradición de su pueblo, se impone el deber de repudiar tesis segundo las cuales vivimos hoy un inexorable “conflicto de civilizaciones”. Dichas tesis acentúan las diferencias culturales y religiosas más bien que las características comunes de las sociedades humanas; de esa forma, favorecen a la legitimación de guerras supuestamente justas. Caso sean abrazadas como nuevo paradigma para la interpretación del contexto internacional actual, corremos el riesgo de retroceder a los tiempos de la propia Guerra Fría, un nuevo tiempo estéril de acentuada polarización.

La única “guerra justa” que el Gobierno brasileño reconoce es la guerra contra el hambre y la miseria. La verdadera “guerra preventiva” debe ser declarada contra el avance de la epidemia del SIDA, sobretodo en el continente africano.

Señora Presidenta,

Al asumir el cargo el 1o. de enero de este año, el Presidente Luís Inácio Lula da Silva ha declarado guerra al hambre. El programa “Fome Zero” (Hambre Cero), lanzado en Febrero último, consiste en un conjunto de acciones con vistas a involucrar a todos los agentes gubernamentales y la sociedad civil en el ambicioso objetivo de garantizar a cada brasileño el ejercicio del derecho básico a la alimentación, sin el cual los demás derechos humanos hacen poco o ningún sentido. Nuestra meta es asegurar a los cerca de 20 millones de brasileños indigentes el derecho a comer al menos tres veces al día.

No solo al derecho a la alimentación se restringe la actuación del nuevo gobierno en el campo de los derechos humanos. Para hacer efectivo el derecho a la vivienda adecuada, el Presidente Lula ha decidido crear el Ministerio de las Ciudades, que tiene un presupuesto específico con el objetivo de garantizar habitación y servicios sanitarios a las franjas más vulnerables de la sociedad brasilera. De la misma forma, el Ministerio de la Previdencia Social ha sido instruido a contemplar el concepto de protección integral a la familia en su agenda de reformas.

En su segundo mes de mandato, el Presidente Lula ha llevado a la práctica el Plan Nacional para Erradicación del Trabajo Esclavo, para el cual ha contribuido decisivamente la oficina de la OIT en Brasil. Ese programa contiene medidas legislativas con el objetivo de enfrentar la grave realidad que castiga 25 mil brasileños en las zonas rurales del país. Como se puede notar, el proyecto de nuestro gobierno coincide, en su lineamiento general, con la Plataforma de Acción de Viena.

Sabemos, sin embargo, que, sin un ambiente favorable a la cooperación internacional, Brasil poco avanzará en la lucha contra la pobreza extrema. En reciente visita a Brasil, el Director-General de la FAO constató la gran movilización y el entusiasmo de la sociedad brasilera en torno a la causa abrazada por el nuevo gobierno. En la ocasión, Jacques Diouf afirmó: “sabemos como acabar con el hambre en el mundo. Existen recursos para ello, pero lo que falta es la voluntad política”. Con la ayuda de la FAO, es intención del Gobierno brasileño difundir la movilización contra el hambre para la escena internacional.

En Davos, por ocasión del 33o. encuentro del Foro Económico Mundial, el Presidente Lula da Silva ha reafirmado el imperativo de que el alto grado de desarrollo económico y el impresionante avance científico alcanzados por una parcela expresiva de la humanidad a finales del siglo pasado deben ser universalizados para que sean compartidos por todo el planeta. En aquél mismo foro, el Presidente Lula ha propuesto la creación de un fondo internacional para el combate al hambre en el mundo en desarrollo, a ser formado por los países del G-7 y estimulado por los agentes financieros de inversiones. Nada más natural que aquellos que, a lo largo de la última década, se han beneficiado de la liberalización financiera en los países en desarrollo se vuelvan, a partir de hoy, en co-responsables por la implementación de los derechos económicos, sociales y culturales, muchas veces perjudicados por la excesiva volatilidad de los flujos internacionales del capital especulativo. En ese sentido, es necesario que las instituciones de Bretton Woods retomen de forma seria y urgente la agenda de la Conferencia de Monterrey sobre Financiamiento al Desarrollo y reformen la arquitectura financiera de modo que sean evitadas las crisis repetidas.

En seguimiento a la propuesta lanzada en Davos, el Presidente Lula enviará una carta al Secretario-General Kofi Annan en la cual sugiere la adopción del referido fondo mundial para el combate al hambre en los moldes de la exitosa experiencia del “Fondo Contra la Malaria”, implementado por la Organización Mundial de la Salud aquí en Ginebra.

En el campo de la universalización del acceso a medicamentos, el Gobierno brasileño desea ver puesta en práctica integralmente la “Declaración sobre el Acuerdo TRIPS y Salud Pública”, emanada de la Conferencia de la OMC realizada en Doha. La dimensión del desarrollo incluida en la actual ronda de negociaciones del sistema multilateral de comercio puede favorecer a la implementación de los derechos económicos, sociales y culturales. Para ello, es necesario que sea superado el actual impasse en torno a los temas que benefician al mundo en desarrollo, de modo a que no solamente las oportunidades de inversión, sino también la solidaridad humana, venga a ser globalizada.

Del mismo modo, el Gobierno brasileño espera ver cumplido integralmente el mandato del relator especial para el derecho a la salud, recién aprobado por esta Comisión.

En el campo de los derechos civiles y políticos, continuamos a afirmar la incompatibilidad entre democracia y racismo.

Señora Presidenta,

Le aseguro aquí el compromiso del Estado brasileño en mantener estrecha colaboración con los distintos comités y relatores de esta Comisión.
Al finalizar, reitero el mensaje del Presidente Lu
la de que el 59o. período de sesiones de la CDH fomente la unión de las naciones en torno a un pacto mundial por la paz y contra el hambre, las enfermedades y la miseria.

Muchas gracias.