Intervención del Señor Ministro de Gobernación y Justicia de Honduras, Doctor Jorge Ramón Hernández Alcerro

Pronunciada en el Segmento de Alto Nivel de la Comisión de Derechos Humanos


Honorables señor Presidente, señor Alto Comisionado en funciones, honorables Ministros, embajadores, señores Jefes de Misión, Damas y Caballeros:

La delegación de Honduras, participa por primera vez como miembro de esta magna Comisión de Derechos Humanos. Asisto con un marcado interés ya qué la promoción y la protección de los derechos humanos es un tema prioritario para mi Gobierno. Esperamos contribuir constructiva y positivamente durante las deliberaciones. Internamente, nuestros esfuerzos están dedicados, a encontrar soluciones permanentes, a los serios problemas de violencia y criminalidad que enfrentamos, dentro de un marco de pleno respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos.

Señor Presidente,

Deseo tomar esta oportunidad para felicitar a la señora Louise Arbour por su reciente designación como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y expresar nuestro sincero reconocimiento al Alto Comisionado en Funciones, señor Bertrand Ramcharan, por su excelente desempeño. Asimismo, me inclino reverente ante la memoria del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señor Sergio Vieira de Mello (QEPD), a quien conocí personalmente y quien dedicó su vida a la defensa y promoción de los derechos humanos y a la causa de la justicia social.

En esta ocasión, expreso mi más profundas condolencias al Gobierno y pueblo de España por los repudiables ataques terroristas en Madrid. El Gobierno de Honduras condena y rechaza enérgicamente todo acto terrorista en todas sus formas, y reitera su respaldo y solidaridad a los familiares de las víctimas.

Señor Presidente,

En el 59° Quincuagésimo Noveno Período de Sesiones de esta Comisión, y dando cumplimiento a la resolución 2002/36 de la misma por invitación de mi país, la honorable Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, presentó el informe de su misión a Honduras.

El Informe de la Relatora Especial instaba al Estado de Honduras a adoptar varias recomendaciones, con el propósito de incidir en la prevención e investigación de las muertes violentas de personas menores de 18 años ocurridas en el país.

Deseo aprovechar esta oportunidad para exponer sobre, los esfuerzos llevados a cabo por el Gobierno del Estado de Honduras para enfrentar el problema, dar cumplimiento a las recomendaciones expuestas por ella en su informe de la Relatora Especial.

El 27 de mayo de 2002, el Presidente Ricardo Maduro creó la “Comisión Permanente para la Protección de la Integridad Física y Moral de la Niñez”, la cual está integrada por agencias gubernamentales relevantes, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y ONGs que dan cobertura a temas relacionados con los derechos de la niñez, tal y como lo recomendó la señora Relatora.

El principal objetivo de la Comisión es el de investigar las informaciones que han sido publicadas respecto del asesinato de menores en Honduras y presentar un informe conteniendo el resultado de sus investigaciones y formulando recomendaciones. Adicionalmente, la Comisión funciona permanentemente como un ente asesor y de consulta para el Poder Ejecutivo.

Esta Comisión, está cumpliendo con las tareas encomendadas:

En particular, por su iniciativa se conformó una “Unidad Especial de Investigaciones de Muertes de Menores” en septiembre de 2002, que goza de cierto nivel de autonomía. Esta Unidad informa y responde ante la Comisión, tiene jurisdicción nacional y está integrada por 17 Agentes de Investigación.

La Unidad ha obtenido importantes logros en la investigación de las muertes violentas de niños que presentan características o un perfil de presunta ejecución extrajudicial, en los términos en que es entendida en el mandato de la Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias. La Unidad ha demostrado ser muy efectiva siendo que se trata de casos de mucha complejidad, en los que se desconocen la identidad de los victimarios, a veces la de la víctima y no hay suficientes evidencias.

Señor Presidente,

Los cómputos de muertes violentas de niños realizados por la Comisión entre el 01 de enero de 1998 y el 31 de enero de 2004, dan una cifra de 967 personas. Hasta el mes de enero de 2004, la Unidad conocía de un total de 268 casos, entre casos investigados y en proceso de investigación, ocurridos antes y después de su creación. De estos, había remitido al Ministerio Público, 54 casos concluidos en su etapa de investigación, para que los Fiscales continuaran con las acciones procésales pertinentes. Estos casos se encuentran en diferentes etapas del proceso penal y resuelven 92 muertes violentas, en los que se encuentran involucradas un total de 118 personas imputadas. Un total de 29 personas guardan prisión preventiva por la presunta comisión de estos delitos, otros cumplen medidas sustitutivas o se encuentran prófugos.

Hasta ahora, las investigaciones de las muertes muestran una pluralidad de presuntos autores. Un 76% corresponde a personas particulares: de ello, el 54% atribuible a miembros de pandillas juveniles (conocidas como “maras”) y 22% a personas actuando por su propia cuenta; el restante 24% corresponde a personas investidas de autoridad. Entre estos se cuentan 32 policías.

Esta última cifra es alta porque la Comisión ha establecido como prioridad investigar primero las muertes en las cuales hay indicios de participación de agentes de autoridad. Ello envía a las autoridades el mensaje correcto: No hay impunidad para nadie; no hay tolerancia para estos crímenes vengan de donde vengan.

Por su parte, el Ministerio Público también dedica esfuerzos al procesamiento de las personas involucradas en las muertes violentas y al seguimiento de casos ocurridos antes de la creación de la Unidad. De esta manera ha obtenido un primer recuento de 301 casos, de los cuales se ha logrado obtener información detallada en 35 causas (de distintos lugares del país); seis (6) de estas causas han producido sentencias condenatorias.

Por otro lado señor Presidente,

Aun y cuando la Comisión y la Unidad Especial empiezan a obtener resultados positivos, no estamos todavía satisfechos pues falta bastante por hacer, y es por ello que continuamos ejecutando diferentes acciones para fortalecer y hacer sostenibles los esfuerzos actuales y los ya realizados. Por ello, atendiendo las recomendaciones de la señora Relatora, el Estado de Honduras también ha adoptado otras medidas de carácter preventivo para evitar la repetición de las muertes violentas de niños, como ser:

1. El diseño e implementación de un Plan de acción para la prevención, rehabilitación y reinserción social de miembros activos en pandillas.
2. La ampliación de cobertura del Programa Comunidad Más Segura a 47 comunidades en 9 ciudades de distintas zonas del país con aproximadamente 350,000 personas beneficiadas. Este es un Programa de seguridad ciudadana basado en la integración de la comunidad y la policía de proximidad, cuyo principal logro es la reducción del índice de criminalidad a un 70% en las comunidades donde funciona.
3. La implementación del Programa de prevención del delito y rehabilitación en el Valle de Sula, en el noroeste de Honduras, denominado “Paz y Convivencia”, que aspira a mejorar las condiciones de seguridad en una de las regiones con índices de criminalidad más altos del país, con una inversión de 20 millones de dólares, para 17 municipalidades.
4. La persecución penal de líderes de las pandillas, los cuales también se encuentran involucradas en el fenómeno de las muertes violentas, por diferentes motivos: lucha por dominio territorial, venganzas, pruebas de valor para ascender en la jerarquía interna de estas bandas y deserción de miembros de las pandillas.
5. La entrada en vigencia y aplicación de una ley 101-2003, que proscribe en el territorio de Honduras la tenencia y uso de armas pesadas, con el cual se han confiscado o recuperado 2,420 armas.

6. La elaboración de un proyecto de Ley estableciendo un Programa Nacional de Protección de Testigos, a ejecutarse a corto plazo en el país, el cual es esencial para fortalecer las investigaciones de muertes de niños.

Señor Presidente,

El Estado de Honduras acepta su responsabilidad en la investigación de todos y cada uno de los crímenes cometidos contra los niños en el país, asimismo en la prevención de la delincuencia juvenil, en la garantía del respeto de sus derechos humanos y en el fortalecimiento de sus leyes contra aquellos que los violen. Asimismo, reitera su disposición a ampliar permanente y periódicamente el contenido y detalles de sus Informes, a los mecanismos especiales de la Comisión de Derechos Humanos, a la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y cualquier otro organismo de protección público o privado de derechos humanos interesado.

Asimismo, el Estado de Honduras agradece a los gobiernos y organizaciones privadas que han traído este problema a nuestra atención, y les agradecemos la cooperación y les invitamos a seguir colaborando con nosotros para continuar dando respuesta adecuada a este fenómeno, de seria preocupación para el pueblo y Gobierno de Honduras.

Finalmente señor Presidente, el Estado de Honduras reitera una vez más y de manera categórica, que no tolera, consiente o promueve de ninguna manera este tipo de actos criminales, sean quienes sean los posibles autores.

Muchas gracias,