Palabras del Relator Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, durante la conferencia de prensa tras su visita oficial a Guatemala

Guatemala, 24 de agosto del 2006.


Deseo empezar expresando mi agradecimiento al gobierno de Guatemala por haberme invitado y llevado a cabo todos los esfuerzos posibles para facilitar mi visita. La apertura y cooperación de Guatemala en relación al rol de la comunidad internacional, ha sido verdaderamente ejemplar. Estoy especialmente impresionado por el claro compromiso del Presidente de la República de garantizar el respeto a los derechos humanos en el país.

Guatemala ha avanzado enormemente en los últimos diez años. La transformación de sus instituciones y la transición de una guerra civil a una democracia civil, es un logro muy singular. La República se encuentra hoy, sin embargo, en una encrucijada de la mayor importancia. El desafío que tiene frente en materia de derechos humanos es casi tan abrumador como lo que existe detrás.

Los hechos son bien conocidos. Se dan hoy más asesinatos por día, de los que se daban durante las épocas más oscuras del conflicto armado interno. Los asesinatos de mujeres; la ejecución de individuos específicos por elementos dentro de la policía y el ejército; los asesinatos relacionados con las maras y la delincuencia común; la limpieza social y otros actos de violencia al azar, han creado una generalizada y extendida sensación de inseguridad entre la población.

Las cifras oficiales de 5,000 o más ejecuciones extrajudiciales por año, ciertamente subestiman el peaje real de muertes. Y este peaje es solamente uno de los costos para una sociedad que, viviendo bajo el terror de los asesinatos, no puede continuar con su vida y desarrollarse como debería. Los ricos pueden proteger, hasta cierto punto, ellos mismos, pero el resto de la sociedad vive con el temor de que un asesinato al azar pueda afectarles a ellos o a sus seres queridos en cualquier momento. En este sentido, mis conclusiones no serán ninguna novedad para los guatemaltecos.

El punto verdaderamente crucial que debe preocupar a todos los que se preocupen por el futuro de Guatemala es cómo enfrentar esta inseguridad. El debate público y muchas de las sugerencias hechas por mecanismos internacionales se centran en una reforma institucional. Se necesita una nueva institución por acá, una reforma por allá, dinero y experticia más allá: en suma, existe una tendencia subyacente de asumir que hay una varita mágica para curar el extendido cáncer de las ejecuciones extrajudiciales. Yo no pretendo restar importancia a las reformas institucionales y en ese preciso tema yo también haré, por mi parte, varias recomendaciones, pero sí quiero destacar que este no es el punto de partida.

La verdadera respuesta radica en un diagnóstico preciso y fidedigno, y en la decisión que la sociedad guatemalteca debe tomar en cuanto a qué tipo de sociedad quieren para sí mismos. El punto universalmente acordado es que el primer reto es acabar con la impunidad –el hecho de que aquellos que matan pueden salirse con la suya y no tienen nada que les impida continuar o incluso aumentar los asesinatos.

La impunidad se fortalece, de forma importante, por la ausencia de información estadística confiable y un análisis profundo y sistemático de los problemas. La consecuencia de esta falta de información es que el vacío se ve llenado por versiones anecdóticas, a veces distorsionadas y frecuentemente imprecisas de lo que realmente está sucediendo. La tendencia de atribuir la gran mayoría de los males sociales a las maras o al crimen organizado, es sistemática.

En esencia, la sociedad tiene dos opciones. La primera, que parece gozar de un considerable apoyo, es el uso de la mano dura o el puño de terciopelo para acabar con elementos indeseables. Esta solución ignora el hecho de que muchas de las ejecuciones que se están llevando a cabo son cometidas precisamente por los actores que se verían fortalecidos con este enfoque. También pasa por alto el hecho de que esta retórica tiene un misterioso parecido con la doctrina de “seguridad nacional” que se implementó en muchos países latinoamericanos en los años 70s y 80s y que en todos los casos tuvo desastrosos resultados.

La segunda opción es la que se ve reflejada en los Acuerdos de paz y que se basa en el desarrollo de un sistema de justicia funcional, que busque garantizar el estado de derecho. Y todos conocemos lo que contempla un sistema efectivo de justicia: una policía que brinde seguridad en lugar de aterrorizar; un ministerio público que realmente investigue; cortes que no sean corruptas y trabajen eficientemente los casos que les llegan y un sistema de gobierno que apoye, en todos sentidos, a este sistema de justicia. La cruda realidad que yo he visto en Guatemala es que casi todos los componentes de este sistema de justicia se encuentran con pocos recursos, disfuncionales, o ambas cosas. Entonces, lo que sucede con la segunda opción, es que ya ni siquiera está sobre el tablero.

El Congreso tiene una enorme responsabilidad por el estado de la situación actual, pero también la sociedad civil y, especialmente, el sector privado.

Muchas gracias.