Encarcelación

Excelencias, distinguidos colegas,

Me complace hacer uso de la palabra ante ustedes en este foro. Agradezco a todos cuantos han participado en la coordinación de este evento de alto nivel sobre la posición común de las Naciones Unidas en materia de encarcelación.

En los últimos años, la situación de derechos humanos de los detenidos ha reflejado la coincidencia de dos crisis mundiales.

En primer lugar, la pandemia de COVID-19, una crisis de salud pública a escala mundial como no se veía desde hacía un siglo, que afectó a todos los sectores de la sociedad, entre otros a los sistemas judicial y penitenciario.

En segundo lugar, el hecho que esta pandemia se desarrolló en el contexto de una crisis penitenciaria mundial, caracterizada por una cifra record de reclusos, unos 11,7 millones de personas en 2019, y por 102 países que informaron de una ocupación penal superior al 110 por ciento de su capacidad.

En el contexto de reformas inadecuadas y financiación insuficiente del sistema penal, la convergencia de estas dos crisis puso de relieve la catastrófica saturación de las cárceles y la escasez de su financiación en los términos más graves: a través de las pérdidas de vidas. En los últimos años, todos hemos presenciado las tragedias ocurridas en centros penitenciarios de todas las regiones del mundo. 

Aunque las medidas adoptadas durante la pandemia se tradujeron en una reducción de la población penal que en 2020 superó la cifra de 600.000 reclusos, el número de presos volvió a aumentar en 2021 en casi todas las regiones del mundo, lo que nos hizo preguntarnos si realmente habíamos aprendido las lecciones de la epidemia.

En la actualidad, la situación en las prisiones se agrava por muchos otros factores.

El número de detenidos pendientes de juicio ha aumentado, lo que incrementa la presión en las cárceles, al tiempo que plantea nuevas inquietudes en relación con la consecución de los ODS relativos a la proporción entre el número detenidos pendientes de sentencia y el volumen total de población penal.

La falta de trabajo, de actividades educativas o incluso de programas de rehabilitación, agravada por el hacinamiento, provoca un aumento de la violencia y las violaciones de derechos humanos de los reclusos.

Las deficiencias de los sistemas de justicia penal, entre otras las relativas a los prejuicios y la discriminación racial sistemática, estimulan el sentimiento de injusticia y desigualdad, que a menudo conduce a la violencia y a un mayor deterioro de los derechos humanos y del sistema penal.

La penalización de actos tales como la posesión de narcóticos para uso personal o las relaciones íntimas consensuadas entre personas adultas del mismo sexo no sólo plantean problemas de derechos humanos, sino que además contribuyen al hacinamiento de la población penal en determinados países.

Puesto que el número de mujeres presas está aumentando más rápidamente que el de hombres, -un 35% de incremento entre las mujeres, en comparación con un 16% entre los hombres- también debemos tener en cuenta la diferente repercusión de género de esta crisis.

Excelencias:

En el contexto de esta difícil situación carcelaria, los organismos de las Naciones Unidas elaboraron un documento titulado Posición Común del Sistema de las Naciones Unidas en Materia de Encarcelación.

Esta posición común se orienta por el derecho internacional de los derechos humanos y es totalmente coherente con las normas y los criterios relativos a la prevención del delito y la justicia penal, así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

A través de la posición común, las Naciones Unidas se comprometieron a apoyar los esfuerzos encaminados a la reforma, orientada a velar por la aplicación de sentencias proporcionales e individualizadas, así como de alternativas a la condena o el castigo en los casos en que proceda, incluso en lo relativo a delitos de menor cuantía vinculados al uso de drogas.

Asimismo, la posición común compromete a sus adherentes a promover la despenalización de actos tales como la posesión de drogas para uso personal, que están amparados por el derecho internacional de los derechos humanos; ofrece una perspectiva de género más amplia y reitera los principales mensajes relativos a los niños privados de libertad.

En esta coyuntura histórica, cuando conmemoramos el 75º aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, queremos aprovechar la ocasión de acelerar la reforma penal para ajustarla a las aspiraciones e intenciones de los redactores de la Declaración Universal.

Permítanme reiterar el llamamiento que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos formuló a principios de este año conmemorativo, destinado a los gobiernos y a todas las autoridades del sistema penal del mundo, para que indulten, perdonen o simplemente pongan en libertad a todas las personas que están detenidas por haber ejercido sus derechos humanos.

En su nueva “Visión del Estado de Derecho”, el Secretario General sitúa a las personas y sus derechos en el centro de los esfuerzos que las Naciones Unidas realizan para fortalecer el Estado de Derecho, tanto en el plano nacional como el internacional. Esta visión refuerza el concepto de justicia centrada en el pueblo, de modo que, en vez de centrarse en las instituciones formales como punto de partida del Estado de Derecho, trata de comprender las necesidades de la población en la materia y de concebir soluciones para responder a ellas.

Nuestros esfuerzos para auxiliar a los Estados a abordar los problemas relativos al encarcelamiento deberían orientarse por esta nueva perspectiva del Estado de Derecho. En el marco de esta visión, nuestra Oficina sigue dispuesta a apoyar a los Estados, la sociedad civil y otras partes interesadas en este empeño de hacer realidad la justicia, los derechos y la dignidad para todos.

Muchas gracias.