Distinguido Presidente,
Excelencias,
Colegas y amigos,

Las Naciones Unidas, y este Consejo, defienden los derechos humanos de los pueblos del mundo: sus derechos a participar en las decisiones, a expresar sus opiniones, y a vivir con dignidad, libres del miedo y de la necesidad.
Defendemos la paz y el derecho al desarrollo: un desarrollo que sea sostenible, participativo e inclusivo, y cuyo objetivo sea el de fomentar el bien común.

El modo de actuar en una guerra que ataca a civiles; el derrocamiento violento o inconstitucional de gobiernos; el régimen autocrático; y la gobernanza y prácticas policiales que oprimen los derechos de las personas niegan esta visión.
Todavía tenemos la posibilidad de apartarnos de la miseria y el temor crecientes y que nos rodean, y de trabajar conjuntamente para crear un ciclo más positivo de mayor solidaridad y justicia.

Los Estados han redactado y asumido obligaciones jurídicas para defender el estado de derecho y la integridad de sus propias instituciones y las de otros Estados Miembros; para garantizar que la gobernanza y las transiciones sean inclusivas; para respetar los derechos humanos en todos los contextos, incluido el de la lucha contra el terrorismo; para evitar el discurso de odio y apoyar el espacio cívico más amplio posible; y para fomentar los derechos a la libertad de información, de expresión y de reunión pacífica, incluso opiniones que critiquen a las autoridades.

Mi actualización en materia de derechos humanos al Consejo de esta mañana incluye varias situaciones críticas que requieren medidas urgentes. Por norma general, esta actualización no incluye observaciones más detalladas sobre las siguientes situaciones, las cuales son objeto de debates por separado durante este periodo de sesiones: Afganistán, Belarús, República Centroafricana, Colombia, Chipre, la República Popular Democrática de Corea, la República Democrática del Congo, Etiopía, Eritrea, Guatemala, Honduras, Myanmar, Nicaragua, el Territorio Palestino Ocupado, Sudán del Sur, Sri Lanka, Sudán, Ucrania y Venezuela.

Me gustaría informar además al Consejo sobre Ucrania. Desde el debate urgente del Consejo, el número de bajas civiles ha seguido aumentando. Me preocupan profundamente los civiles que se encuentran atrapados en hostilidades activas en diversas zonas, y exhorto a todas las partes a que adopten medidas eficaces que permitan que todos los civiles, incluidos aquellos en situaciones de vulnerabilidad, abandonen las zonas afectadas por el conflicto de forma segura. La Oficina ha recibido denuncias de detenciones arbitrarias de activistas proucranianos en zonas que desde hace poco han quedado bajo el control de grupos armados al este del país. También hemos recibido informes de agresiones a personas consideradas prorrusas en territorios controlados por el gobierno. Reitero mi llamamiento urgente a un fin pacífico de las hostilidades.

En la Federación de Rusia, el espacio para debatir o criticar las políticas públicas, incluida su acción militar contra Ucrania, se está viendo cada vez más profundamente restringido. Cerca de 12.700 personas han sido arrestadas arbitrariamente por celebrar protestas pacíficas contra la guerra, y se está exigiendo a los medios de comunicación que usen solo información y términos oficiales. Sigo preocupada por el uso de legislación represiva que impide el ejercicio de los derechos civiles y políticos y criminaliza un comportamiento no violento. Las definiciones vagas y extremadamente amplias de extremismo e incitación al odio, por ejemplo, han llevado a interpretaciones legales que no van en línea con las obligaciones de Rusia en materia de derechos humanos. Otras leyes que criminalizan circunstancias en las que se "desacredita" a las fuerzas armadas van en este preocupante camino. Las libertades fundamentales y la labor de los defensores de derechos humanos siguen viéndose socavados por el uso generalizado de la llamada "ley de agentes extranjeros" de 2012, como demuestra el cierre judicial de dos organizaciones creadas por el muy respetado grupo civil Memorial.

En Bosnia y Herzegovina, el agravamiento de las crisis políticas se ve alimentado por la retórica divisoria de algunos dirigentes políticos. Los incidentes de discurso de odio e incitación a la violencia en la entidad de República Srpska al inicio de este año han alarmado a muchas personas y han resaltado la necesidad urgente de que los dirigentes condenen y eviten declaraciones de ese tipo.  Iniciativas legislativas recientes en la entidad de República Srpska para retirarse de las instituciones del Estado, de adoptarse, menoscabarían el estado de derecho y limitarían aún más la independencia del poder judicial, con repercusiones potencialmente trascendentes. Resulta fundamental que las negociaciones actuales sobre la reforma electoral defiendan la igualdad de todos los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina, en consonancia con las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta situación exige medidas preventivas. Insto a los dirigentes políticos a entablar un diálogo constructivo, incluso con los agentes de la sociedad civil, con vistas a proteger los derechos de toda la población de Bosnia y Herzegovina.   

 En Kazajstán, se hizo un uso excesivo de la fuerza en respuesta a protestas pacíficas y estallidos de violencia, lo que se ha saldado con docenas de muertes y más de 5.000 heridos.  Al menos 9.900 personas resultaron detenidas. Lamento el uso de otras prácticas que violan las obligaciones internacionales de derechos humanos de Kazajstán, entre ellas, la tortura y el maltrato durante las detenciones policiales. Tomo nota de las primeras medidas que se han adoptado para realizar una investigación, e insto a que se lleven a cabo de forma exhaustiva e independiente, con la depuración de responsabilidades. También aliento firmemente a que se tomen otras medidas para abordar de manera integral las injusticias que dieron lugar a estas manifestaciones, incluidas las denuncias de corrupción y las profundas desigualdades subyacentes.

En Tayikistán continúan las represiones contra la oposición política. Cada vez son más los miembros de grupos de la oposición que han sido condenados a largas penas de prisión, en juicios que no cumplían las normas sobre garantías procesales. La violencia entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes en noviembre de 2021 en la Provincia Autónoma de Gorno-Badakhshan también ha socavado considerablemente la situación de los derechos humanos en la zona y ha creado un ambiente de miedo y represión. Lamento el continuo bloqueo de Internet en la región; estos bloqueos violan claramente los derechos humanos.

Me complace la acogida de numerosos gobiernos y comunidades a las personas que huyen de Ucrania, incluida la decisión unánime de los Estados Miembros de la Unión Europea de activar la protección temporal —y el permiso de residencia— para ellos en toda la UE. Ante los cientos de miles de refugiados, esta reacción rápida supone un rayo de luz en una situación desesperadamente lamentable.

Sin embargo, contrasta crudamente con el trato que reciben los migrantes de otros países en las fronteras europeas, y en otras partes del mundo. Un enfoque humano y basado en principios no debería ser la excepción: debería ser la regla. Es esencial que todos los Estados cumplan sus obligaciones con respecto a todos los migrantes, sin importar el color de su piel, su nacionalidad o su religión, y que coordinen esta acción mediante la aplicación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. 

En la actualidad, las devoluciones en caliente, el acceso limitado a asilo y a otros tipos de protección de derechos humanos, la criminalización de los migrantes y de los defensores de derechos humanos; las condiciones de acogida inadecuadas y la falta de mecanismos de supervisión independientes agravan la vulnerabilidad de los migrantes y vulneran sus derechos.

En uno de los ejemplos más crudos del impacto letal de estas políticas, más de  2.000 migrantes perecieron o desaparecieron en el Mediterráneo el año pasado, lo que eleva el total desde 2017 a más de 10.000. Estas pérdidas trágicas no son inevitables. Podrían atajarse mediante una acción coordinada de búsqueda y rescate de migrantes en el mar; garantizando el desembarco en lugares seguros; y ampliando las rutas para migraciones seguras y regulares de forma que los migrantes no se vean obligados a realizar viajes más precarios. También hago un llamamiento a todos los Estados para que cesen las acciones que criminalizan u obstruyen la labor de las organizaciones humanitarias que prestan asistencia a los migrantes.

Excelencias,

Lamento profundamente la serie de cambios recientes e inconstitucionales de poder en varios países del continente africano, los cuales repercuten gravemente en la estabilidad de las instituciones, las sociedades y —más allá de las fronteras nacionales— en la región en general. Un gobierno democrático y responsable constituye un firme impulsor del desarrollo sostenible y de los derechos, y las instituciones se consideran legítimas y dedicadas a resolver agravios, disminuir la corrupción y prevenir tensiones y conflictos sociales.

El cumplimiento por parte de las fuerzas de seguridad de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario es crucial para fomentar la confianza de la población. Esto es especialmente importante en las zonas donde actúan grupos armados no estatales. Un espacio cívico seguro que permita a todos los sectores de la sociedad —entre otros, los partidos políticos, los defensores de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y los periodistas— expresarse libremente y contribuir a identificar los retos y las soluciones también es clave para construir sociedades resistentes y estables. Insto a los gobiernos a reforzar la credibilidad de las instituciones democráticas, así como la rendición de cuentas e independencia de instituciones clave como el poder judicial y las instituciones nacionales de derechos humanos.  

En Malí, es esencial garantizar una rápida transición a la democracia y el pleno retorno al orden constitucional. Aunque en el último trimestre de 2021 se produjo una ligera reducción del número de incidentes de seguridad en comparación con el trimestre anterior, el entorno de seguridad del país sigue siendo precario, con graves consecuencias para los derechos humanos y la situación humanitaria. Me preocupa enormemente la reducción del espacio cívico y del debate democrático en el país, así como los continuos ataques a civiles por parte de grupos extremistas violentos, grupos armados comunitarios y milicias. Las desapariciones forzadas o los secuestros registrados por las Naciones Unidas se duplicaron con creces en 2021, hasta alcanzar los 775 casos. Me preocupan los informes sobre violaciones muy graves de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte de las fuerzas de defensa y de seguridad, especialmente las que participan en la "Operación Keletigui". Mi Oficina está investigando varias denuncias en Diabaly y en otros lugares. Los malienses de a pie están sufriendo el impacto de las sanciones, y lamento la continua tensión existente entre las autoridades y varios socios regionales e internacionales. Hago un llamamiento a las autoridades de transición para que trabajen de forma constructiva con sus socios regionales e internacionales a fin de fomentar los plenos derechos de la población maliense. 

Tras la firma de un acuerdo con el país anfitrión, el gobierno de Burkina Faso, en octubre de 2021, hemos abierto una oficina en el país, y ahora tenemos presencia en todos los países del G5 del Sahel. Durante mis visitas a Burkina Faso y Níger en diciembre, observé los numerosos esfuerzos realizados por ambos países para evitar conflictos y consolidar la paz en el Sahel. Por ello, me preocupa profundamente el reciente golpe de estado en Burkina Faso, un retroceso que puede comprometer gravemente los avances en materia de derechos humanos que he resaltado. Insto a que se restablezca rápidamente el Estado de derecho y la democracia constitucional, con el pleno respeto de los derechos y las libertades de todos los burkineses. Las autoridades de transición deben respetar los compromisos del país en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. La situación de seguridad, especialmente en la zona de las tres fronteras entre Malí, Níger y Burkina Faso, es alarmante. Seguimos documentando violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, además de abusos y ataques a manos de grupos armados, en un conflicto que ha desplazado a 2,5 millones de personas en los últimos diez años. Tanto el conflicto como los desplazamientos se multiplican con la escasez de recursos, especialmente de agua, lo que suele agravar las tensiones, incluso entre agricultores y pastores, situación que aprovechan los grupos extremistas violentos. Aliento encarecidamente a que se redoblen los esfuerzos por proteger a los civiles, y a que se incremente la acción para atender las necesidades humanitarias, el desarrollo sostenible y ecológico, la igualdad de género y la protección de los migrantes.  

En Chad, la Oficina sigue ayudando en la aplicación de la hoja de ruta para la transición democrática trazada por el gobierno de transición que asumió el poder tras la muerte del Presidente Idriss Deby en abril de 2021. Se espera que el diálogo nacional, que se ha pospuesto en varias ocasiones, tenga lugar en mayo de este año. La hoja de ruta de la transición debe basarse en los derechos humanos, para evitar la discriminación, abordar las desigualdades y garantizar la inclusión, especialmente de las minorías étnicas y religiosas; las mujeres; los jóvenes; los sindicatos y los agentes de la sociedad civil, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, y permitir un diálogo verdadero.

El marco de cumplimiento de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario de la Fuerza Conjunta del G5 del Sahel, que el ACNUDH ayuda a poner en práctica, demuestra que los derechos humanos y la protección de los civiles pueden situarse en el centro de las operaciones militares. Sin embargo, esto requiere la dedicación plena y constante de todas las autoridades implicadas. Desde mis visitas a la región, el contexto político del G5 del Sahel ha evolucionado considerablemente, con posibles repercusiones para el futuro de la Secretaría Ejecutiva y la Fuerza Conjunta del G5 del Sahel. Mientras supervisamos estos avances, estamos decididos a continuar trabajando con estas instituciones y con los homólogos nacionales para garantizar que el cumplimiento de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario siga estando en el centro de las operaciones antiterroristas regionales y nacionales. Mi Oficina, a través de nuestra presencia sobre el terreno en cada uno de los países del G5 del Sahel, está dispuesta a trabajar también directamente con las fuerzas de seguridad nacionales para lograr un mayor cumplimiento de los derechos humanos.  

En Camerún, me siguen preocupando las graves repercusiones de tres crisis distintas y simultáneas de los derechos humanos. El aumento de los ataques de grupos separatistas armados en las regiones del noroeste y el suroeste; los enfrentamientos interétnicos y los ataques de las milicias de Boko Haram en el extremo norte; y, en la región del este, los efectos indirectos de la crisis en la República Centroafricana, todo ello implica graves violaciones de los derechos humanos y abusos contra la población civil, aumenta considerablemente la pobreza y otras vulnerabilidades, y está provocando desplazamientos a gran escala. En las regiones del noroeste y el suroeste, cientos de miles de personas viven con el temor constante a los ataques o a las operaciones de contrainsurgencia, así como a las represalias dirigidas contra ellos por todas las partes por su supuesto apoyo a los adversarios. El uso creciente de artefactos explosivos improvisados por parte de los grupos separatistas armados ha matado y herido a numerosos civiles, especialmente a niños. Los continuos ataques de los grupos armados contra los trabajadores humanitarios y el personal de las Naciones Unidas impiden la prestación de ayuda. Aunque acojo con beneplácito algunas de las medidas adoptadas hasta ahora por el gobierno para abordar estas y otras cuestiones, insto a esforzarse más para aplicar plenamente las recomendaciones publicadas por mi Oficina en noviembre, entre otras, mediante el fomento de un espacio cívico amplio y libre. Las denuncias de graves violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad deben investigarse y encaminarse a la depuración de responsabilidades.  

Excelencias,

En Siria, me preocupa profundamente la situación cada vez más inestable en las zonas del noreste bajo el control de grupos armados afiliados a Turquía, y de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) lideradas por los kurdos. El ataque a una prisión de la ciudad de al-Hassakeh por parte del EIIL en enero también puso de manifiesto la privación arbitraria, continuada e inaceptable, de libertad de muchas personas recluidas en centros de detención y campamentos. Vuelvo a instar firmemente a los países de origen a repatriar a sus nacionales, sobre todo a las mujeres y a los niños, de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Señalo, a este respecto, la firme posición que adoptó la semana pasada el Comité de los Derechos del Niño en su jurisprudencia sobre las denuncias, en la que se establecen obligaciones jurídicas claras para que los Estados actúen en la medida de sus posibilidades y ayuden a los nacionales en estas situaciones de muy alto riesgo. También es urgente atender a las decenas de miles de sirios que siguen desaparecidos, secuestrados o incomunicados. Sus familias deben saber la verdad sobre su paradero y suerte. La condena por un tribunal alemán de un alto funcionario de los servicios de inteligencia sirios en enero supone un paso importante en la rendición de cuentas, la justicia y la reparación de las víctimas. Además, acojo con satisfacción a este respecto las medidas adoptadas por la Asamblea General para estudiar las opciones para esclarecer la suerte y el paradero de las personas desaparecidas en la República Árabe Siria, identificar los restos humanos y ofrecer apoyo a los familiares. Mi Oficina participa activamente en este proceso.

En Yemen, las hostilidades se intensifican. En enero de 2022, se registraron 1.623 ataques aéreos de la coalición dirigida por Arabia Saudí y 40 ataques transfronterizos de Ansar Allah. Esto representa un aumento del 275 % en los ataques aéreos de la coalición con respecto a la media mensual del año pasado. Estas cifras aumentaron considerablemente tras la no renovación del mandato del Grupo de Expertos Eminentes Internacionales y Regionales en octubre, lo que subrayó la importancia del papel desempeñado en el seguimiento de la situación. Todas las partes del conflicto siguen cometiendo graves abusos y violaciones de derechos humanos. Los ataques indiscriminados o deliberados contra zonas e infraestructuras civiles, que constituirían crímenes de guerra, han causado un aumento de las víctimas mortales civiles en los últimos cuatro meses, con cifras preliminares para enero que representan la mitad del total de todo el año 2021. El bloqueo prolongado del puerto de Hudaydah constituye un castigo colectivo contra los yemeníes corrientes. Las operaciones humanitarias, incluidos los programas de salud, nutrición y medios de subsistencia para millones de yemeníes y migrantes, se han visto obligadas a cerrar o se han reducido drásticamente debido a la escasez y a los recortes de fondos. Esto está intensificando la desesperación de la población, después de siete años de guerra y sin señales de paz. También reitero mi llamamiento a Ansar Allah para que libere a los dos miembros del personal del ACNUDH y de la UNESCO que ha detenido indebidamente.

En Túnez, me preocupa sumamente la suspensión continua del Parlamento y la rápida erosión de instituciones clave. En particular, la decisión del mes pasado de disolver el Consejo Superior del Poder Judicial socava gravemente el estado de derecho, la separación de poderes y la independencia del poder judicial. Tomo nota del anuncio en diciembre de una hoja de ruta para 2022 que incluye una consulta nacional a todos los tunecinos, seguida de un referéndum en julio y elecciones parlamentarias en diciembre de este año. Siento honda preocupación ante el reciente anuncio de los planes de prohibir que los grupos de la sociedad civil reciban cualquier tipo de financiación del extranjero, una decisión que amenaza con dañar profundamente el espacio cívico y democrático esencial. Seguiremos de cerca estos acontecimientos. La Oficina cree firmemente que los importantes avances que Túnez ha realizado en la última década en el fomento y realización de los derechos humanos pueden, y deben, preservarse. Apoyaremos los esfuerzos de reforma que estén en consonancia con las obligaciones de Túnez en virtud del derecho internacional.

Me siento preocupada por el deterioro de la situación en el Territorio Palestino Ocupado, incluyendo el aumento dramático del número de palestinos asesinados a manos de las fuerzas israelíes: 320 en 2021, frente a los 32 de 2020. La violencia de los colonos está aumentando no solo en número de incidentes, sino también en gravedad. Los arrestos de palestinos casi se duplicaron en 2021, y la detención administrativa —sin cargos ni juicios— aumentó un 30%. También me preocupan profundamente las medidas represivas que ha adoptado Israel contra los defensores de derechos humanos y los agentes de la sociedad civil, basadas en acusaciones imprecisas e infundadas, y con consecuencias potencialmente trascendentes para su actividad. En mi informe también menciono las acciones de la Autoridad Palestina que restringen el espacio cívico.

En Libia, me inquieta el aplazamiento de las elecciones previstas para el 24 de diciembre, en medio de un aumento de las tensiones políticas y de los ataques a personas por sus opiniones o su afiliación política, así como de los ataques al poder judicial. Las elecciones de junio deben basarse en el pleno respeto de los derechos políticos de todos los candidatos y votantes, incluido el derecho a alzar la voz sin temor. Los grupos armados, las milicias asociadas al gobierno y las unidades del Ejército Nacional Libio siguen perpetrando graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. La tortura, los asesinatos ilícitos, las desapariciones forzadas, la violencia sexual y los arrestos y detenciones arbitrarios siguen estando muy extendidos, casi con impunidad total. Los migrantes en Libia siguen sufriendo formas de abuso terribles.

En Iraq, acogemos con satisfacción el interés expresado por las autoridades iraquíes de fortalecer una asociación constructiva y sostenible con el ACNUDH, incluso mediante un mayor intercambio entre la Oficina de Derechos Humanos de la UNAMI y las entidades gubernamentales pertinentes. La impunidad continua de los asesinatos y las desapariciones de activistas cívicos, así como los arrestos, las amenazas y los ataques en línea contra los defensores de derechos humanos, siguen afectando gravemente los derechos humanos. Animo al nuevo gobierno a que intensifique sus esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas por estas violaciones, e insto a las autoridades tanto de Iraq federal como de la región del Kurdistán a tomar las medidas necesarias para proteger adecuadamente el espacio cívico y democrático. En particular, deben salvaguardarse el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión, incluso en el ámbito digital. Seguimos colaborando con la comisión nacional de determinación de los hechos encargada de investigar las violaciones en el contexto de las manifestaciones, y exhorto a las autoridades a que proporcionen recursos y apoyo para que la Comisión pueda llevar a cabo su labor.

En Irán, si bien observo los esfuerzos cada vez mayores de las autoridades para colaborar con mi Oficina y con los mecanismos de derechos humanos en una serie de cuestiones relacionadas con los derechos humanos, me preocupa que la impunidad persistente de las violaciones de derechos humanos siga socavando los derechos humanos. Al igual que en Kuzestán el pasado mes de julio, en diciembre se hizo un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes en Isfahán, aunque al parecer ninguno de los dos incidentes ha conllevado alguna forma de depuración de responsabilidades por las muertes y lesiones causadas. Se sigue imponiendo la pena de muerte, incluso por faltas que no constituyen los delitos más graves según el derecho internacional. En los dos primeros meses de este año se han ejecutado al menos a 55 personas, incluso por cargos por narcotráfico. Al menos 85 menores delincuentes permanecen en el corredor de la muerte, y tres fueron ejecutados, como mínimo, en 2021. Insto a las autoridades iraníes a adaptar sin demora su política y práctica en este ámbito a la normativa internacional.

En Algeria, me preocupan las crecientes restricciones a las libertades fundamentales, incluido el aumento de los arrestos y detenciones de defensores de derechos humanos, miembros de la sociedad civil y adversarios políticos. Exhorto al gobierno a que cambie de rumbo y tome todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de la población a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica.  

Excelencias,

El ejercicio libre del periodismo es indispensable para toda democracia saludable. Pero en numerosos países, los trabajadores de los medios de comunicación se enfrentan a niveles alarmantes de violencia, incluidos asesinatos, a menudo con impunidad.

En México, hemos registrado el asesinato de cuatro periodistas y un trabajador de los medios de comunicación en tan solo los dos primeros meses de este año, y quedan otros dos casos que todavía se están comprobando. En 2021, ocho periodistas y dos guardias de un medio de comunicación fueron asesinados, y otros dos periodistas desaparecieron. Los reporteros que cubren la política local, la corrupción y la delincuencia corren un mayor riesgo de sufrir agresiones. Lamentablemente, en ocasiones las autoridades han contribuido al clima de miedo en el que trabajan denigrando a los periodistas y la relevancia de su labor de investigación.

En El Salvador, he sentido una profunda preocupación por el uso masivo de programas maliciosos, según informes, para espiar a periodistas y a organizaciones de la sociedad civil hasta, al menos, noviembre de 2021. Estos informes se recibieron meses después de las advertencias, incluidas las nuestras, sobre los graves riesgos que suponían los programas maliciosos de espionaje como Pegasus, y de nuestros llamamientos a una moratoria sobre la venta y el uso de estas tecnologías.

Exhorto a todos los gobiernos a que refuercen la protección de los periodistas, así como la rendición de cuentas por los delitos dirigidos contra ellos. Se ha de fomentar, proteger y supervisar la labor legítima de los periodistas, en lugar de censurarla y estigmatizarla.

Me alarma el aumento de la crisis de protección en Haití, con la creciente inseguridad, la disminución del acceso a los servicios básicos y la falta general de rendición de cuentas. Puerto Príncipe experimentó una expansión sin precedentes de la violencia de las bandas en 2021, con al menos 2.344 personas asesinadas, heridas o secuestradas, en medio de una creciente proliferación de armas. Se calcula que entre 1 y 3,5 millones de personas han visto agravada su situación de protección. Las bandas utilizan la violencia sexual como arma para aterrorizar y reforzar el control sobre los residentes. La violencia de las bandas también ha afectado gravemente al acceso a los servicios básicos, con repercusiones importantes para las personas en situación de vulnerabilidad. En un contexto de corrupción e impunidad de larga data, la crisis socava aún más las instituciones frágiles, entre ellas, el poder judicial, la policía y el Parlamento. Las medidas para restablecer la seguridad deben ir más allá del mero refuerzo de las capacidades de las fuerzas de seguridad nacionales y centrarse en la rendición de cuentas, la prevención y la protección. En el contexto de la evaluación continua del mandato de la BINUH, es esencial garantizar que la futura presencia de las Naciones Unidas en el país mantenga un mandato y un enfoque sólidos en materia de derechos humanos, con los recursos y las capacidades adecuados para apoyar a las instituciones nacionales.

Las muertes de afrodescendientes a manos de las fuerzas del orden siguen mostrando una prevalencia desproporcionadamente elevada en muchos países. En Estados Unidos, grupos de la sociedad civil han proporcionado una cifra de 266 asesinatos de afrodescendientes a manos de la policía en 2021 —lo que indica que tienen "casi tres veces más probabilidades de ser asesinados por la policía que los blancos"—, al mismo tiempo que otras investigaciones apuntan a que esta cifra podría ser incluso mayor. En Brasil, el 79 % de las personas asesinadas en intervenciones policiales en 2020 eran afrodescendientes, según una organización no gubernamental. Estadísticas preocupantes en esta línea se dan en otros países. Insto a las autoridades nacionales, en todas las regiones del mundo, a garantizar una rendición de cuentas oportuna y eficaz por las muertes a manos de las fuerzas del orden, y me complace observar que el recién creado mecanismo internacional de expertos independientes para fomentar la justicia e igualdad raciales en la aplicación de la ley celebró su primer periodo de sesiones en Ginebra la semana pasada. Pido a todos los Estados que faciliten las visitas de los expertos a los países y que compartan con ellos toda la información pertinente.

Acogemos con satisfacción el reciente anuncio de Estados Unidos en el que señala su apoyo al Pacto Mundial para la Migración. Para poner en práctica la visión y los principios rectores del Pacto en consonancia con las obligaciones en virtud del derecho internacional, pedimos que se deje de usar las facultades del Título 42, que hasta la fecha han facilitado la expulsión de más de 1,3 millones de migrantes, sin un examen individual y sin acceso adecuado a la protección, por motivos de salud pública. Existen otras medidas sanitarias, como las vacunas y las pruebas, que pueden adoptarse sin poner en peligro el derecho de los migrantes a la protección.

Excelencias,

En China, me sigue preocupando el trato que reciben las personas que se manifiestan sobre cuestiones de derechos humanos y que se consideran críticas con las políticas de las autoridades a nivel local o nacional, algunas de las cuales se han enfrentado a restricciones de su libertad de movimiento, incluido el arresto domiciliario, o en algunos casos han sido condenadas a penas de prisión por cargos penales derivados de sus acciones. Mi oficina ha planteado una serie de casos de este tipo al gobierno y ha animado a las autoridades a tomar medidas para garantizar el pleno respeto y protección de la libertad de expresión y de opinión. Me complace anunciar que recientemente hemos llegado a un acuerdo con el gobierno de China para realizar una visita. Por lo tanto, mi Oficina y el gobierno de China han iniciado los preparativos concretos para esa visita que está prevista para mayo de este año. Los preparativos deberán tener en cuenta la normativa COVID-19. Asimismo, el gobierno ha aceptado la visita de un equipo avanzado del ACNUDH para preparar mi estancia en China, lo que incluye visitas sobre el terreno a Xinjiang y a otros lugares. Este equipo partirá hacia China el próximo mes.

En Camboya, me alarma que las autoridades utilicen las restricciones de la COVID-19 para erosionar más el espacio democrático y cívico, incluso como pretexto para acabar con una huelga lícita de los trabajadores de casinos. Mi Oficina fue testigo de la reciente violencia ejercida por las autoridades, las cuales obligaron a las huelguistas a subirse a autobuses y a alejarse del lugar de la huelga. En contraste con las medidas aplicadas al público en general, las huelguistas fueron detenidas arbitrariamente y obligadas a hacerse la prueba de la COVID-19 en varias ocasiones. Pido a las autoridades que respeten el derecho de reunión pacífica y que entablen un diálogo para atender las peticiones legítimas de los huelguistas. La protección de las libertades fundamentales resulta importante a medida que se aproximan las elecciones locales del país, en las cuales el mayor partido de la oposición del país no puede presentarse y muchos de sus dirigentes y simpatizantes se encuentran exiliados, detenidos e incluso se enfrentan a procesos judiciales por conductas legítimas conforme al derecho internacional.

En India, me preocupan las recientes declaraciones e iniciativas que expresan odio y violencia contra las comunidades minoritarias religiosas. En particular, en dos eventos celebrados en diciembre, los líderes Hindutva incitaron al asesinato de musulmanes, en un contexto que pretendía hacer de la India una nación hindú.  Animo a una rendición de cuentas plena, transparente y oportuna. El aumento de la violencia contra la comunidad cristiana es también muy preocupante. Las organizaciones religiosas registraron más de 305 casos de agresiones contra cristianos entre enero y noviembre de 2021, muchas de ellas protagonizadas por grupos supremacistas hindúes. En el último año, se han promulgado o propuesto leyes problemáticas que prohíben las conversiones religiosas en varios Estados. Estas leyes pueden fomentar el odio o incluso la violencia. Insto a los dirigentes de la India a condenar públicamente cualquier forma de discurso de odio e incitación al odio religioso, independientemente del origen religioso o étnico. 

En Tailandia, estoy consternada por la reducción drástica del espacio cívico y el uso continuo de cargos penales graves contra las personas —incluidos niños— por ejercer los derechos de expresión y de reunión pacífica, tanto en línea como fuera de ella. Varios proyectos de ley que se están examinando podrían tener consecuencias de gran alcance para los derechos humanos y socavar aún más el espacio cívico. En particular, la legislación propuesta sobre las asociaciones sin fines de lucro otorga facultades discrecionales excesivamente amplias que permiten denegar el registro, restringir las actividades e imponer cargos penales contra las organizaciones de la sociedad civil y las personas. Pido al gobierno que armonice plenamente estos proyectos de ley con las normas internacionales de derechos humanos y que cumpla con su obligación de salvaguardar las libertades fundamentales de las personas, incluso en línea. Las personas deben poder plantear y defender con seguridad sus opiniones sobre todas las cuestiones de interés público sin temor a represalias.

En Vietnam, me sigue preocupando la reciente condena de varias personas por cargos relacionados con su trabajo en materia de derechos humanos. Con respecto al informe reciente del Secretario General sobre las represalias, sigo instando al gobierno a garantizar el respeto del derecho de las personas a la libertad de expresión, reunión y asociación en un entorno libre de acoso, intimidación y represalias.

Excelencias,

Este Consejo aboga por la prevención de las violaciones de derechos humanos que generan conflictos y sufrimientos insoportables. Defiende los principios que impulsarán un futuro sano, pacífico y sostenible para nuestros hijos, y para los hijos de las generaciones venideras. Esa vía hacia la paz, la seguridad y el desarrollo sólido y sostenible comienza con la inclusión significativa de todos los miembros de la sociedad en la adopción representativa y responsable de decisiones, con vistas a garantizar más justicia y ejercer los derechos humanos de todos. Nuestra labor aquí consiste en hacer que todos los países avancen por esa vía.

Gracias, señor Presidente.