El pueblo nicaragüense indefenso ante graves violaciones de derechos humanos, dice Grupo de Expertos de la ONU

GINEBRA (10 de septiembre de 2024) – La situación de los derechos humanos en Nicaragua ha empeorado drásticamente desde el año pasado, y el Gobierno sigue facilitando, coordinando y ejecutando graves violaciones y abusos contra los derechos humanos, ha advertido hoy el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua en su última actualización al Consejo de Derechos Humanos hoy.

El poder se concentra cada vez más en las manos del Presidente y la Vicepresidenta de Nicaragua, afirmó el Grupo, y los ciudadanos de la nación no tienen a quién recurrir en busca de justicia y rendición de cuentas, lo que agrava el ya generalizado clima de impunidad.

“Nicaragua no cumple ni con el más mínimo estándar razonable de independencia judicial”, afirmó Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos. “Continuas violaciones están dejando sectores enteros de la población en un estado de indefensión”.

Continúan las detenciones arbitrarias, torturas y los malos tratos y la instrumentalización del derecho penal para eliminar cualquier oposición, real, potencial o percibida como tal. Las víctimas se ven obligadas a elegir entre la cárcel y la salida del país. Ejemplo muy reciente de esto es la salida de 135 personas presas por motivos políticos, según el Grupo, que señaló que ninguno de ellos eran presos políticos indígenas.

Los derechos civiles también están bajo amenaza masiva. Según el Grupo, en agosto de este año, el Estado obligó a cerrar a 1800 organizaciones sin fines de lucro y confiscó arbitrariamente sus bienes, apenas dos años después de la decisión del Grupo de Acción Financiera de retirar a Nicaragua de su lista de países de alto riesgo. A presente no se garantizan recursos legales adecuados, efectivos y justos, a pesar de lo recomendado por el Fondo Monetario Internacional a Nicaragua.

La toma forzosa de las universidades por parte del Estado y las violaciones cometidas contra líderes estudiantiles y profesores han afectado inmensamente a la educación superior de miles de estudiantes y a sus proyectos de vida, con graves repercusiones en las perspectivas y el desarrollo del país.

“Los Pueblos Indígenas y comunidades afrodescendientes sufren continuas violaciones graves de los derechos de libre autodeterminación y de derechos territoriales. Sus líderes y activistas son perseguidos sistemáticamente por el Estado por defender sus derechos”, ha dicho Simon. “El Estado, por falta de prevención e investigación, también es responsable de violaciones originadas por abusos graves de privados, particularmente, violencia de género y asesinatos”.

Simon informó al Consejo de que el Grupo de Expertos ha documentado continuas olas represivas contra miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas. «Estas olas represivas también implican violaciones del derecho de miles de personas de practicar libre y públicamente su religión, y afectan el goce de otros derechos como las libertades de conciencia, expresión y opinión”, dijo Simon.

También han continuado violaciones con alcance transfronterizo: víctimas fuera del territorio nacional siguen siendo privadas arbitrariamente de sus medios de vida. Familiares de personas opositoras al Gobierno, incluidos niñas y niños, también siguen siendo victimizados únicamente por sus lazos familiares.