GINEBRA (17 de junio de 2022) - La discriminación y la violencia basadas en la orientación sexual y la identidad de género privan a innumerables personas en todo el mundo de su derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, dijo hoy un experto de la ONU al Consejo de Derechos Humanos. A menos que dichas discriminación y violencia se aborden y erradiquen, advirtió, no se cumplirá la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de "no dejar a nadie atrás".

En su último informe al Consejo, Víctor Madrigal-Borloz, el Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género (SOGI), presenta una visión general de los daños relacionados con la salud infligidos a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y otras personas de género diverso, y personas intersexo (LGBTI), daños que incluyen violaciones la violación y otros tipos de violencia sexual y de género, la esterilización forzada, la llamada "terapia de conversión" y la cirugía sin consentimiento; la discriminación y el abuso flagrantes a manos de los sistemas y proveedores de salud; el mayor riesgo de contraer el VIH/SIDA y otras enfermedades transmisibles resultante de exclusiones de los programas de prevención y educación excluyentes; la negación de servicios de salud esenciales, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva y de afirmación del género; y el aumento de la incidencia de daños graves para la salud mental, como la depresión relacionada con el trauma, la ansiedad y la ideación suicida.

El informe analiza los impulsores sociales e institucionales de la discriminación y la violencia relacionadas con la salud basadas en la orientación sexual y la identidad de género, como la patologización, la criminalización, la estigmatización y la negación. "Estos factores no sólo alimentan la discriminación y la violencia, sino que se utilizan para condonarlas, perpetuando la impunidad y la invisibilidad que las rodean", afirmó Madrigal-Borloz. "Violan flagrantemente las normas internacionales de derechos humanos y la ética médica universal; también van en contra de los objetivos mundiales de desarrollo, recientemente acordados".

Utilizando el marco ASPIRE, creado por el mandato, Madrigal-Borloz expone un conjunto de acciones para hacer frente a estos retos. La más fundamental es que los Estados reconozcan que "no dejar a nadie atrás" significa también un entorno de apoyo y protección para que las organizaciones que prestan servicios a las personas LGBTI y las que son dirigidas por ellas, así como sus aliados, puedan llevar a cabo su trabajo sin miedo ni restricciones arbitrarias, creando canales para una representación y participación significativas en el seguimiento y la aplicación de los ODS.

Las pruebas presentadas en el informe destacan la relevancia de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como estímulo para la acción contra la desigualdad y la discriminación relacionadas con la salud. "Al llegar a la mitad de la Agenda 2030, sin duda ha llegado el momento de reconocer inequívocamente a las personas LGBTI como sujetos plenos de derechos y agentes del desarrollo, y pido a los Estados y a otras partes interesadas que hagan honor a esa aspiración en todos sus esfuerzos de desarrollo sostenible de aquí a 2030", concluyó el Experto Independiente.

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