España: Expertas de la ONU denuncian una decisión sobre custodia infantil que ignora pruebas de abusos sexuales

GINEBRA (28 de febrero de 2022) – La reciente decisión de un tribunal español de conceder la custodia de una niña de siete años a su padre, a pesar de las acusaciones de abusos sexuales que pesan sobre él, pone a la niña en grave peligro y parece ser un error judicial, han declarado hoy expertas y expertos de la ONU*.

"Nos preocupa profundamente que éste no sea un problema aislado, ya que seguimos recibiendo información sobre casos en España y otros países de madres que pierden la custodia, y a veces incluso se enfrentan a situaciones de encarcelamiento, por intentar proteger a sus hijas e hijos de padres abusivos", dijeron las expertas.

Las niñas y niños en España siguen expuestos al riesgo de violencia y abuso sexual por un sistema judicial que parece favorecer a los padres en los casos de custodia, incluso en los casos en los que hay antecedentes de violencia doméstica o pruebas de abuso contra los niños y sus madres.

Las expertas expresaron su preocupación por el caso de Diana García M., que recientemente perdió la custodia de su hija tras una decisión de un juzgado de Pozuelo de Alarcón confirmada por un tribunal superior en febrero de 2022. A pesar de los antecedentes de violencia doméstica y de las pruebas de abusos sexuales cometidos contra su hija durante años, el tribunal de apelación determinó que el padre no suponía un riesgo para la niña y le concedió la custodia completa.

"Pedimos que se tomen medidas urgentes para proteger a la hija de la Sra. Diana García M. del grave riesgo de sufrir daños adicionales, y que se adopten medidas más amplias para evitar que se siga aplicando mal la ley", dijeron las expertas de la ONU.

La decisión del tribunal de apelación en el caso de la Sra. García contraviene las normas internacionales, y la jurisprudencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en el caso Ángela González Carreño vs. España de 2014, así como la decisión de su Tribunal Supremo en consecuencia, del 2018, señalaron las expertas. La legislación en España impide conceder la custodia compartida en casos de violencia de género.

"En este caso, ignorar las pruebas de los abusos sexuales contra la niña y de la violencia de género contra la madre, y conceder la custodia al padre es claramente contrario al interés superior de la niña, una obligación fundamental según la Convención sobre los Derechos del Niño", dijeron las expertas.

El tribunal también argumentó que mantener la custodia de la niña con la madre supondría el riesgo de dañar aún más la relación entre hija y padre, ya que la señora García estaría "induciendo en la menor la creencia de que su padre es malo".

"Tal razonamiento deriva claramente de la utilización de la pseudo teoría de la alienación parental, a pesar de que su aplicación está prohibida en España por una ley de 2021", señalan las expertas. La alienación parental, una idea desacreditada en los círculos científicos, refleja la creencia de que cuando una niña o niño teme o evita a uno de sus padres, se debe a la influencia del otro progenitor, y no a las propias experiencias del niño.

Las expertas de la ONU han pedido anteriormente al Gobierno de España que demuestre más voluntad para proteger a las niñas y niños de la violencia doméstica y los abusos sexuales, que se asegure de que sus tribunales superen los prejuicios contra las mujeres y que aplique un enfoque centrado en la niña y el niño y sensible al género.

FIN

Las y los expertos: Reem Alsalem, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; Melissa Upreti (Presidenta), Dorothy Estrada Tanck (Vicepresidenta), Elizabeth Broderick, Ivana Radačić y Meskerem Geset Techane, Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas; Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial sobre el derecho a la salud física y mental; Nils Melzer, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Los Expertos y las expertas forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones de países específicos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.