PORT MORESBY/GINEBRA (9 de febrero de 2018) – El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, pidió el viernes al gobierno de Papua Nueva Guinea que adopte medidas enérgicas para combatir la corrupción, consolidar la buena gobernanza y fortalecer el Estado de derecho y, en particular, que obligue a las empresas a rendir cuentas por la repercusión de sus actividades sobre los derechos humanos.

Durante una visita de un día de duración al país, invitado por el gobierno, el Alto Comisionado se reunió con el Primer Ministro, el Sr. Peter O’Neill, y otros funcionarios de alto nivel, así como con el Ministro de Justicia, el Presidente del Parlamento y representantes de la sociedad civil de Port Moresby, Bougainville y las Highlands.

“Agradezco profundamente al gobierno esta invitación, que en sí misma es una grata muestra de apertura”, declaró el Alto Comisionado.

“Papua Nueva Guinea parece ser un país de contradicciones. Hay leyes y políticas ejemplares vigentes para proteger los derechos humanos, pero, según se informa, con frecuencia esas normas no llegan a aplicarse. El país dispone de recursos abundantes, pero gran parte de la población vive en la pobreza más abyecta, con índices de desnutrición que en algunas zonas son comparables a los de Yemen, y con mínimo acceso a la educación y la atención sanitaria. Hay activistas dinámicos en la sociedad civil, pero tienen poco margen para influir en las políticas gubernamentales”, afirmó Zeid.

“El gobierno necesita urgentemente forjar un vínculo más sólido con el pueblo, de modo que pueda satisfacer mejor sus necesidades en esta tierra vasta y diversa”, añadió el Alto Comisionado.

Zeid dijo que era inaceptable que numerosas empresas hayan recibido licencias para realizar actividades extractivas sin el consentimiento libre, previo e informado de quienes viven en los terrenos afectados, en particular con arreglo a los permisos otorgados por la agencia Special Agriculture Business Leases (SABL, por sus siglas en inglés). Muchas comunidades han sido expulsadas de sus hogares, a menudo con violencia, impunidad y, según se informa, con la complicidad de la policía local.

“Las actividades que, según se informa, llevan a cabo varias grandes empresas que realizan tareas extractivas en Papua Nueva Guinea son vergonzosas”, declaró Zeid, quien también señaló que en algunos casos se produjeron incidentes de violencia sexual que habían quedado impunes. “Los Estados tienen la responsabilidad de prevenir, investigar, castigar y proporcionar reparación en casos de vulneraciones de derechos humanos ocurridas en su territorio, lo que incluye los abusos perpetrados por las empresas privadas. Y las firmas comerciales tienen la obligación de evitar que se infrinjan los derechos humanos de los demás y de abordar las repercusiones negativas de sus actividades sobre esos derechos”.*

“Los Estados y las empresas pueden prosperar sin atropellar brutalmente los derechos humanos de la población, pero en Papua Nueva Guinea los activistas de derechos humanos informan de que rara vez las comunidades locales reciben beneficios de las actividades extractivas que las grandes corporaciones llevan a cabo en sus tierras”, añadió Zeid.

Es preciso que el Estado emprenda acciones decididas para combatir la corrupción y aumentar la transparencia en materia fiscal”, agregó el Alto Comisionado.

“La buena gobernanza nunca es fácil y resulta especialmente compleja en un país como Papua Nueva Guinea, que cuenta con más de 850 lenguas y tribus, y donde gran parte de la población vive en zonas rurales remotas. Pero mediante la creación de alianzas con la sociedad civil, la garantía de que se consulta a la población en los asuntos que le afectan y la exigencia de responsabilidades a quienes violan las leyes, es posible alcanzar una buena gobernanza”.

El Alto Comisionado recomendó que se agilizara la creación de una institución nacional independiente de derechos humanos, a fin de facilitar la interacción entre el Estado y las ONG. Zeid afirmó además que se sentía optimista por el compromiso del Primer Ministro O’Neill de promover una ley para establecer esa institución y por sus declaraciones en las que reconoció la importante función de la sociedad civil.

“No obstante, me preocupa saber que ha habido ataques contra defensores de derechos humanos y periodistas que trabajan sobre temas delicados, en particular por lo que respecta a los derechos sobre la tierra y la corrupción”, manifestó Zeid. “Pido al gobierno que proteja la decisiva función de vigilancia que realiza la sociedad civil y que la trate como una aliada en la difícil tarea de afrontar las amenazas a los derechos humanos, entre otras la violencia de género endémica y los horrendos ataques que sufren las personas acusadas de brujería en Papua Nueva Guinea”.

Aunque Papua Nueva Guinea ha ratificado varios tratados internacionales clave en materia de derechos humanos y ha incorporado sus cláusulas a la legislación nacional, los defensores de derechos humanos afirman que las leyes a menudo no se aplican y que los agentes y las comunidades encargados de su aplicación suelen ignorar su existencia.

“La creación de leyes relativas a los derechos humanos no debería ser simplemente un mero trámite burocrático”, dijo Zeid. “Los gobiernos tienen la responsabilidad de inyectar vida a las cláusulas jurídicas, mediante la asignación de recursos para su ejecución y la armonización de políticas y normativas”.

El Alto Comisionado elogió la creación de una corte nacional de seguimiento de derechos humanos, que otorga fundamento jurídico a cualquier persona o grupo que desee presentar ante los tribunales un caso de derechos humanos.

Zeid instó a las autoridades a que oficialicen la moratoria de hecho sobre la pena capital que existe actualmente y afirmó que no hay pruebas de que la pena de muerte sea un factor disuasivo en la comisión de delitos, mientras que sí hay numerosas pruebas de que genera frecuentes errores judiciales. Asimismo, el Alto Comisionado se refirió a la preocupación existente en relación con los refugiados y solicitantes de asilo que se encuentran en la isla de Manus y pidió al gobierno que elabore soluciones duraderas que respeten los derechos humanos de cada persona.

“En el curso de los preparativos para acoger el Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC) de este año, Papua Nueva Guinea será centro de la atención internacional”, dijo el Alto Comisionado.

“Esperamos que se tomen medidas decisivas sobre el programa gubernamental para abordar la violencia vinculada a las acusaciones de brujería, mediante el Plan Nacional de Acción sobre la Brujería, así como medidas para velar por que los grupos más vulnerables, como las personas con discapacidades, las lesbianas, los gays, los bisexuales y las personas transgénero, puedan disfrutar plenamente de sus derechos humanos.

“Las sociedades transparentes, que hacen hincapié en el Estado de derecho, la rendición de cuentas y los derechos humanos, atraen más oportunidades de crecimiento y propician una mayor estabilidad social. Mi Oficina, junto con muchos otros asociados de la comunidad internacional, está dispuesta a proporcionar asesoramiento y apoyo al gobierno de Papua Nueva Guinea en estos ámbitos”.

FIN

*Véanse los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf

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Este año 2018 se conmemora el 70º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La Declaración Universal, traducida a la cifra récord de 500 idiomas, se basa en el principio de que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. La DUDH sigue siendo pertinente para todos, cada día. Con el fin de honrar el 70º aniversario de este documento que tan extraordinaria influencia ha ejercido, instamos a todas las personas a  Defender los derechos humanos: www.standup4humanrights.org

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