Somalia: la libertad de expresión es decisiva para la actual transición política, señala un informe de las Naciones Unidas

MOGADISCIO/GINEBRA (4 de septiembre de 2016) – Un informe de las Naciones Unidas sobre la libertad de expresión en Somalia publicado el domingo describe los avances en la construcción del Estado somalí, pero muestra también el contexto sumamente peligroso que siguen afrontando periodistas, defensores de derechos humanos y dirigentes políticos, en el que se producen numerosos asesinatos, detenciones, actos de intimidación y el cierre de los medios de comunicación que ejercen la crítica.

En el informe, elaborado conjuntamente por la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Somalia (UNSOM, por sus siglas en inglés) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), se afirma que 2016 representa “una coyuntura decisiva para la transición política en Somalia”, y se pone de relieve los alentadores progresos logrados desde 2012 en el camino hacia la celebración de elecciones más inclusivas y la formación de un gobierno más responsable, lo que incluye la reconstrucción de las instituciones del Estado y la aprobación de nuevas e importantes leyes, tales como la ley de partidos políticos y la referente a la creación de una Comisión Nacional de Derechos Humanos de carácter independiente.

El informe muestra que los somalíes han sido capaces de desempeñar una función en el proceso de formación del Estado, gracias a la celebración de consultas de ámbito nacional. Aunque las elecciones generales han tenido que aplazarse hasta 2020, el proceso electoral es ahora mucho más participativo. En 2012, los 275 miembros de la Cámara Baja fueron elegidos por 135 ancianos de los diversos clanes, mientras que este año los diputados serán seleccionados por unos 14.000 delegados.

Pero las mujeres siguen sub representadas y sólo ostentan el 14 por ciento de los escaños del Parlamento Federal. “Las mujeres que compiten por los escaños son especialmente vulnerables”, señala el informe, y afirma que “la preponderancia de los ancianos de los clanes en los asuntos públicos constituye el principal obstáculo a la participación femenina”, y es la raíz de la grave discriminación que las mujeres afrontan en todos los ámbitos de la vida.

En el informe se señala también que la libertad de expresión, que desempeña una función esencial en la consolidación de los Estados democráticos, especialmente en periodos de transformación política, sigue siendo sumamente limitada.

A pesar de la “dinámica cultura mediática” existente en Somalia –país que alberga más de 90 medios de comunicación y docenas de sitios web y blogs- el informe documenta numerosas violaciones de derechos cometidas contra periodistas y dirigentes políticos, entre otras, asesinatos, agresiones, arrestos y detenciones arbitrarias, intimidación, acoso, clausura de medios de prensa, confiscación de equipos y bloqueo de sitios web.

Los peligros que acechan a los trabajadores de los medios de comunicación y a las figuras públicas quedan reflejados en el hecho de que, de agosto de 2012 a junio de 2016, un total de 30 periodistas y 18 miembros del parlamento fueron asesinados en Somalia.

En el informe se documentan también 120 casos de arresto y detención arbitrarios de trabajadores de la prensa ocurridos entre enero de 2014 y julio de 2016.

El grupo armado Al-Shabaab ha prohibido a todos los medios de comunicación que operen en las zonas bajo su control y ha atacado a trabajadores de la prensa en todo el país. Pero los principales violadores de los derechos de los periodistas y activistas políticos son las fuerzas de la seguridad del Estado, entre otras, el ejército nacional, la policía y la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA). La emisora Radio Shabelle ha sido un objetivo predilecto de esos ataques y ha registrado cinco incidentes graves entre 2013 y 2015. En el informe se señala que las autoridades han llevado a cabo esfuerzos muy limitados para investigar esas violaciones y presentar a sus autores ante los tribunales.

El informe añade que “la tendencia a arrestar y detener a periodistas y otros empleados de los medios de comunicación parece indicar que existe la intención de intimidar o acosar a los profesionales de la información y los propietarios de los medios, lo que inevitablemente conduce a la autocensura o a que, a la larga, los trabajadores de la prensa abandonen su profesión”.

Es habitual que la NISA haga caso omiso de las garantías de los reclusos, entre otras, del acceso a la asistencia letrada y las visitas de los familiares.  Periodistas y activistas políticos permanecen recluidos en el centro de detención de la NISA junto con sospechosos de militar en Al Shabaab, sin que medie ninguna supervisión judicial. Una novedad inquietante es que, desde febrero de 2016, la NISA empezó a usar a los medios de comunicación para mostrar a los sospechosos de militar en Al-Shabaab mientras confiesan sus delitos.  

El informe encomia a la nueva Ley Federal de Medios de Comunicación, aprobada en enero de 2016, que garantiza determinadas libertades, entre ellas el derecho a informar. Pero, al mismo tiempo, manifiesta preocupación por la terminología ambigua de la ley, que propicia interpretaciones subjetivas y restricciones indebidas de la libertad de expresión, y por las severas penas previstas para los periodistas que resulten condenados por haber transgredido sus cláusulas.

Numerosas violaciones del derecho a la libertad de expresión se basan, de hecho, en acusaciones de difundir “informaciones falsas”, un delito mal definido –punible con sentencias hasta de seis meses de cárcel- que las autoridades utilizan en todo el país para clausurar los órganos de prensa o arrestar a periodistas.

También son frecuentes las restricciones que se basan en criterios de seguridad nacional. Si bien resulta obvio que las amenazas a la seguridad son muy reales en Somalia, los casos en los que se puede limitar el derecho a la libertad de expresión, según el consenso de la comunidad internacional, son pocos y estas excepciones no deben usarse para sofocar el debate político, señala el informe. 

En el informe se hace hincapié en la necesidad de fortalecer el sistema judicial a fin de proteger mejor la libertad de expresión. Todavía persisten inquietudes legítimas sobre la independencia del sistema judicial, porque sigue bajo la influencia de la política de clanes, la corrupción y la falta de supervisión.

En consecuencia, hay escasa rendición de cuentas en lo tocante a las violaciones de derechos humanos. De los 48 periodistas y trabajadores de la prensa arrestados desde enero de 2015, sólo diez han sido presentados ante los tribunales.

“Somalia ha logrado grandes progresos en los últimos años, tras décadas de conflicto y violencia”, afirmó el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para Somalia, el Sr. Michael Keating. “Pero los somalíes siguen padeciendo graves carencias en materia de derechos humanos. Necesitan y merecen instituciones que rindan cuentas. Nos alienta saber que el gobierno del Estado y los gobiernos federales han tomado en serio el informe”.
“Según hemos sabido, los organismos pertinentes están examinando su contenido y sus recomendaciones”, agregó el Sr. Keating. “Albergamos la esperanza de que el informe suscitará medidas rápidas que mejoren su desempeño y que permitan a todos los somalíes disfrutar más de los derechos humanos”. 

“El periodismo sólido, independiente y crítico es un elemento fundamental de todo Estado democrático”, declaró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein. “Las agresiones contra los periodistas y las organizaciones de prensa tienen una repercusión sumamente corrosiva sobre la democracia, y repercuten muy negativamente sobre la libertad de expresión y los derechos humanos en general. Insto a las autoridades somalíes, tanto en el plano federal como el estatal, a que tomen con rapidez las medidas necesarias y garanticen que todas las violaciones del derecho a la libertad de expresión, comprendidos los graves ataques perpetrados contra los trabajadores de la prensa, son objeto de una investigación exhaustiva, cualquiera que sea la identidad de sus autores”.

El informe íntegro está disponible aquí; http://www.ohchr.org/Documents/Countries/SO/UNSOM_FreedomExpressionReport_Aug312016.pdf

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En Ginebra: Rupert Colville (+41 22 917 97 67 / rcolville@ohchr.org) ó Ravina Shamdasani (+41 22 917 97 69 / rshamdasani@ohchr.org) ó Cécile Pouilly (+41 22 917 93 10 / cpouilly@ohchr.org) 

En Mogadishu: Joe Contreras ( +252 699 590080 and +252 619 988211 / contrerasj@un.org)

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Un vídeo de la conferencia de prensa está disponible aquí: https://youtu.be/ItBMiPwWQKg