El Alto Comisionado para los Derechos Humanos expresa su honda preocupación por la creciente militarización del gobierno de Tailandia

GINEBRA (22 de abril de 2016) - El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, expresó el viernes su creciente preocupación por el aumento del protagonismo de los militares en el gobierno civil de Tailandia y por las estrictas medidas adoptadas contra la disidencia, mientras ese país se dispone a votar sobre un anteproyecto de Constitución. 

El Alto Comisionado afirmó que varios críticos del documento constitucional han sido arrestados, detenidos y acosados desde que el anteproyecto fuera dado a conocer a finales de marzo. El lunes, el ex ministro Watana Muangsook fue detenido por los militares tras haber criticado el anteproyecto en las redes sociales. Ayer, el Sr. Muangsook fue puesto en libertad bajo fianza. El martes, cinco defensores de derechos humanos habían sido detenidos por los militares tras haber participado en una reunión pacífica contra las restricciones gubernamentales, pero posteriormente fueron liberados.      

Zeid manifestó especial preocupación ante la perspectiva de que la represión de la crítica pudiera intensificarse tras los comentarios favorables a la línea dura emitidos por el Primer Ministro y otros altos funcionarios del gobierno. La nueva ley que rige el referendo fija límites a la actividad de los grupos y las personas que se manifiesten en pro o en contra del anteproyecto constitucional. La ley, que está pendiente del visto bueno del Rey, podría ser interpretada de manera arbitraria y ser usada en detrimento de la oposición.

“Un debate franco y dinámico en torno al anteproyecto de Constitución fomentaría la unidad nacional, reforzaría la legitimidad y aceptación del documento y propiciaría unl sentimiento colectivo de apropiación”, afirmó Zeid. “Insto al gobierno a que estimule el diálogo y el compromiso con el anteproyecto constitucional, en vez de disuadirlos. Esa sería una medida importante orientada a sentar bases sólidas para una democracia sostenible en Tailandia”.

Aunque el Alto Comisionado afirmó que estimaba el hecho de que se hubiera permitido a la población formular aportes y que se hubieran incorporado al anteproyecto algunas cláusulas de derechos humanos, insistió también en la necesidad de que al público en general, a los miembros de los partidos políticos, la sociedad civil, las ONG, los periodistas y los profesores se les permita expresar sus opiniones sin temor a ser objeto de acoso, represalias o arrestos.  

Desde el golpe militar de 2014, el gobierno de Tailandia ha promulgado varios decretos con el fin reforzar la función que desempeñan los militares en la formulación de políticas y el cumplimiento de la ley, tras años de trastornos políticos y protestas violentas.

“La ampliación de los poderes del ejército no es la respuesta que se necesita para reconstruir el contexto político tailandés”, declaró el Alto Comisionado. “Al contrario, Tailandia cuenta con instituciones civiles competentes y debería tratar de fortalecer el Estado de derecho y la gobernanza idónea, en vez de socavarlos”.

El 30 de marzo de 2016, el gobierno militar emitió la orden número 13/2016, en virtud de la cual los oficiales de las fuerzas armadas y la fuerzas paramilitares obtuvieron competencias sobre diversos delitos, en virtud de al menos 27 leyes. Entre las prerrogativas figuran la autorización de efectuar requisas, confiscar bienes, suspender transacciones financieras, prohibir los desplazamientos de personas sospechosas y detener a individuos hasta siete días sin orden judicial, ni supervisión de un tribunal ni rendición de cuentas. Aunque el gobierno ha declarado que esos poderes tienen por objetivo la lucha contra las organizaciones de delincuentes, existe el temor de que puedan ser usados contra la oposición política. Otra orden emitida el 4 de abril de 2016 por el Consejo Nacional de Paz y Orden  (NCPO, por sus siglas en inglés) otorga más poder a los militares en las provincias meridionales limítrofes, que han sido escenarios frecuentes de actos violentos y conflictos armados.

Además, el anteproyecto constitucional publicado en marzo institucionaliza la función de los militares en la formulación de políticas y el cumplimiento de la ley. Las secciones 265 y 279 del documento estipulan la legalización y continuación de las órdenes militares dictadas en virtud del artículo 44 de la Constitución provisional, que en la práctica han permitido que el jefe del NCPO dicte medidas legislativas, ejecutivas o judiciales de toda índole. En el último año, el NCPO ha dictado 61 órdenes en virtud del artículo 44.

“Pido al gobierno que dé prioridad a la suspensión de la aplicación de estas leyes y órdenes de carácter peligrosamente general, que han conferido más competencias a los militares”, dijo Zeid. 

El Alto Comisionado repitió también su llamamiento a que todas las causas judiciales que afectan a civiles se transfieran de la jurisdicción militar a los tribunales civiles y exhortó al gobierno tailandés a que cumpla plenamente con los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado.  

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