Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluye visita oficial a Colombia

BOGOTÁ -- La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Navi Pillay, finalizó una visita de 6 días a Colombia, en donde su oficina tiene una presencia numerosa.

La Alta Comisionada se encontró con las más altas autoridades civiles y militares del país, incluidos el Presidente Álvaro Uribe, varios ministros, el Fiscal General de la Nación, el Procurador General, el Defensor del Pueblo, y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, otras autoridades en Bogotá y en Arauca.

La señora Pillay también se encontró con representantes de la sociedad civil, entre ellos miembros de organizaciones de derechos humanos y de mujeres, de asociaciones de víctimas y de sindicatos de trabajadores.

Integrantes del gobierno pusieron al día a la Alta Comisionada sobre los avances en la promoción, la responsabilidad y el respeto por los derechos humanos en las instituciones del Estado y en el interior de las Fuerzas Armadas.

La señora Pillay reconoció los esfuerzos hechos por el gobierno para proteger a grupos vulnerables en un país como Colombia, que se enfrenta a un conflicto complejo y multifacético. A pesar de que Colombia ha avanzado en la puesta en práctica de políticas en favor de los derechos humanos, la Alta Comisionada expresó la preocupación por los serios desafíos que persisten.

La Alta Comisionada reiteró la posición de las Naciones Unidas de que todos los rehenes deben de ser liberados de inmediato y sin condiciones. “La toma de rehenes, en la que las personas son mantenidas en las condiciones más inhumanas, realizada de forma sistemática, prolongada y generalizada, puede ser considerada un crimen contra la humanidad,” dijo la señora Pillay durante una conferencia de prensa que tuvo lugar en su Oficina en Bogotá. “Debemos asegurarnos de que luego de la liberación reciente de rehenes de alto perfil, el caso de todos los otros rehenes no sea olvidado,” agregó.

Tanto en Bogotá como en Arauca, la Alta Comisionada escuchó el testimonio de personas cuyos seres queridos fueron arrestados y detenidos, debido a acusaciones no siempre suficientemente fundamentadas, por períodos de hasta dos o más años. La señora Pillay advirtió sobre el uso de la detención y el arresto arbitrarios, y urgió a las autoridades competentes para que se aseguren de que las acusaciones hechas sean fundadas.

La Alta Comisionada también expresó preocupación sobre otras graves violaciones del derecho internacional humanitario que tienen lugar en el contexto del conflicto armado.

Al felicitar los esfuerzos hechos por las instituciones del Estado para garantizar los derechos de la población desplazada, la señora Pillay expresó su preocupación por el alto número de desplazados, así como por los nuevos desplazamientos que se están produciendo como resultado del conflicto, las actividades guerrilleras y los cultivos ilícitos en muchas partes del país. “Para prevenir el desplazamiento y mejorar la protección de las personas ya desplazadas se requieren más medidas de seguridad”, afirmó.

En relación con las ejecuciones extrajudiciales, la Alta Comisionada urgió al Ministerio de Defensa a que continúe trabajando para que sus órdenes a nivel central sean adoptadas a nivel operativo.

La señora Pillay expresó su apoyo a la decisión de calificar servicios a un número de oficiales y sub-oficiales, entre ellos tres generales, por sus fallas al ejercer el control sobre los miembros de las Fuerzas Armadas bajo su mando. La Alta Comisionada dijo que “la decisión es una buena señal para que esas atrocidades no sean toleradas, alejándose del número de muertos como criterio de éxito en sus operaciones de contra-insurgencia.”

Refiriéndose a la ley de justicia y paz, la Alta Comisionada afirmó que su implementación debería de ser agilizada para garantizar el derecho a justicia de todas las víctimas.

La señora Pillay urgió al gobierno a evitar amnistías de hecho para anteriores y recientes graves violaciones de derechos humanos y asegurar que el respeto por los derechos de las víctimas continúa siendo fundamental en la política de desmovilización. Añadió que programas de reparación para las víctimas deberían incluir mecanismos de restitución de las tierras y debería beneficiar por igual a las víctimas de los grupos ilegales como a las víctimas de los agentes del Estado. Manifestó que “la nueva ley sobre víctimas actualmente debatida en el Congreso será una buena oportunidad para promover los derechos de las víctimas.”

La Alta Comisionada aplaudió la valentía de la Corte Suprema y de la Fiscalía para investigar y llevar a juicio a servidores públicos vinculados a grupos criminales y de narcotráfico en el marco de la “parapolítica”. La señora Pillay expresó la necesidad de apoyar su trabajo y respetar la independencia de la rama judicial.

La Alta Comisionada comunicó su preocupación por los ataques y la victimización de la población civil por parte de grupos armados ilegales. También expresó su preocupación por la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y servidores públicos quienes son estigmatizados y a menudo atacados o amenazados por el trabajo que realizan. “Debemos todos asegurar su protección y públicamente reconocer su invaluable trabajo”, declaró la Alta Comisionada, añadiendo que el gobierno y la sociedad civil deberían unir sus esfuerzos para enfrentar más eficazmente los desafíos del país.

La señora Pillay expresó su gran tristeza por el asesinato del señor Jairo Luis Álvarez Ruiz, personero municipal en el departamento de Antioquia, ocurrido el 31 de octubre. Ofreció sus condolencias a la familia, colegas y amigos del señor Álvarez Ruiz y rechazó enfáticamente este crimen. Al mismo tiempo instó al gobierno a priorizar la investigación del crimen e identificar y sancionar a los culpables.

La señora Pillay comentó que las mujeres siguen siendo las más afectadas por el desplazamiento interno, violencia, inequidad y discriminación, a pesar de los importantes programas gubernamentales para promover equidad en el sistema educativo, así como otras oportunidades.

Haciendo referencia al sufrimiento de la población indígena y afro-colombiana, quienes han informado la Alta Comisionada sobre la discriminación y el racismo del cual se consideran víctimas, la Alta Comisionada instó al gobierno colombiano a continuar sus esfuerzos por promover particularmente los derechos de estos dos grupos, señalando que: “Por mi experiencia personal como víctima del racismo institucionalizado en mi propio país durante la época del apartheid (Sudáfrica) tomo esa problemática muy a pecho”.

La Alta Comisionada expresó su satisfacción de que todos sus interlocutores en Colombia, incluyendo el gobierno, señalaron los beneficios que ha traído la presencia de su Oficina en Colombia. “La comunidad internacional debería seguir asistiendo a Colombia en temas de promoción y protección de los derechos humanos en el país.” Y añadió que el ejercicio de revisión de la situación de derechos humanos en Colombia en el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra el 10 de diciembre, será una buena oportunidad de evaluar el progreso logrado así como los desafíos que continúan.