La Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos finaliza su visita a Guatemala

Guatemala, 20 de febrero de 2008


La Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Sra Hina Jilani, ha hecho público el siguiente comunicado sobre las conclusiones preliminares de su visita oficial a Guatemala.

La Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos finaliza hoy su visita oficial a Guatemala, que comenzó el 18 de febrero de 2008.

La visita es una misión de seguimiento a fin de identificar los progresos realizados, y los problemas por resolver, en la situación de los defensores de derechos humanos al cabo de 6 años de la visita que efectuó la Representante Especial en junio de 2002.

La Representante Especial agradece al Gobierno de Guatemala su invitación a visitar el país y agradece particularmente la colaboración brindada por la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH) en la preparación de su programa. Agradece también a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos el valioso apoyo prestado en la organización de su visita. El informe de la visita se presentará y debatirá en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en el próximo dialogo interactivo con la Representante Especial que se celebrará después del dialogo previsto para marzo de 2008.

Durante su visita la Representante Especial se reunió con representantes del Gobierno, miembros del sistema judicial y el Congreso, la Procuradoría de los Derechos Humanos, la comunidad internacional y los defensores de derechos humanos.

Guatemala es un país que afronta desafíos considerables. Se sitúa entre los países que tienen mayor desigualdad en la distribución de ingresos. La violencia y el crimen organizado son problemas acuciantes, el nivel de impunidad es casi total y la influencia de poderes paralelos obstaculiza el cambio. Esto ha deteriorado dramáticamente el entorno en el que actúan los defensores.

Sin embargo, en un contexto tan difícil, la Representante Especial ha observado algunos progresos desde su última visita en 2002, especialmente en la creación de instituciones, mecanismos y procedimientos. Entre ellos se cuentan:

? La creación y el fortalecimiento de la ONG “Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos” como una entidad de monitoreo establecida por el sector de la sociedad civil para mejorar la protección de los defensores de los derechos humanos desde dentro de la comunidad de derechos humanos;
? Los logros de la Procuradoría de los Derechos Humanos para responder a las denuncias recibidas y para ganarse la confianza de la población;
? La creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en diciembre de 2006, cuya función es investigar grupos de seguridad clandestinos e ilegales a fin de desmantelarlos;
? La creación de una Instancia de Análisis de Ataques contra Defensores de Derechos Humanos bajo el Ministerio de Gobernación (enero 2008); y
? El proyecto sobre Política Pública de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Otros Grupos Vulnerables que se debate actualmente bajo el liderazgo de la COPREDEH.

Sin embargo, estas iniciativas no dieron como resultado una mejora real sobre el terreno. Por el contrario, aumentó el número y la intensidad de ataques contra defensores de derechos humanos y en los últimos 5 años prácticamente se duplicó con un promedio de una agresión contra defensores cada dos días. Entre julio de 2002 y diciembre de 2007 fueron asesinados 50 defensores y sólo en los últimos 2 años se produjeron 23 muertes. El nivel de impunidad ante los ataques y violaciones contra defensores de derechos humanos es igualmente alarmante. Ante la cifra del 98% de impunidad en los ataques contra los defensores de derechos humanos la justicia en Guatemala se convierte en una palabra vacía.

Todos los sectores de la comunidad de derechos humanos han sufrido agresiones y violaciones. Entre los grupos más afectados se cuentan los defensores que trabajan en los derechos económicos, sociales y culturales. Son especialmente objeto de amenazas las organizaciones que trabajan en cuestiones de justicia y de derecho a la verdad. Entre ellos, algunos abogados de la Defensa Pública Penal que tratan casos de gran sensibilidad. Otros sectores de la comunidad de defensores sufren ataques específicos a su ámbito de trabajo, entre otros, sindicalistas, periodistas, defensoras, organizaciones de campesinos, organizaciones indígenas, jóvenes defensores, así como ONGs internacionales.

Dos instituciones estatales que deberían situarse en la vanguardia para brindar protección y reparación contra estos ataques constituyen parte del problema: la policía y el Ministerio Público.

La función de la policía es brindar medidas de protección a los defensores en situación de riesgo. Sin embargo, esta protección es selectiva, ineficaz y a veces incluso causa de mayor peligro cuando se cree que los propios policías participan en los ataques contra defensores.

A pesar de la creación de unidades especializadas dentro del Ministerio Público para facilitar la investigación de los ataques contra defensores y del aumento de recursos disponibles para llevar a cabo investigaciones, es decepcionante constatar la pasividad de los fiscales en la investigación de los casos comunicados por defensores o que les afectan personalmente. Deben adoptarse medidas contundentes para corregir las deficiencias del mecanismo de investigación.

Las constantes campañas de estigmatización y criminalización en los medios de comunicación y en algunos sectores de la clase política dan lugar a más amenazas y agresiones contra defensores y demuestran, una vez más, que hasta ahora ha faltado la voluntad política suficiente para resolver la situación.

La Representante Especial se siente alentada por el compromiso manifestado por el nuevo Gobierno y confía que sea lo bastante persistente para acompañar al país por el proceso de reforma y transformación que permitirá a Guatemala hacer frente a problemas estructurales, como las desigualdades, la violencia e impunidad, que obstaculizan el goce de los derechos humanos del pueblo de Guatemala y suponen un gran peligro para quienes defienden estos derechos.

La Representante Especial desea formular las siguientes recomendaciones preliminares:

Al Gobierno y los actores estatales correspondientes:

? Tomar medidas visibles y concretas para otorgar a la labor de los defensores de derechos humanos reconocimiento y legitimidad política. Esto puede lograrse condenando con firmeza los ataques sufridos por defensores y reconociendo la importancia de su trabajo.
? Adoptar una política gubernamental sobre la protección de defensores en consulta con defensores de derechos humanos y partes interesadas.
? Garantizar la coordinación entre instituciones responsables de la investigación de los casos, especialmente entre la policía y el Ministerio Público.
? Evaluar el sistema actual de medidas de protección e introducir medidas de respuesta rápida y protección efectiva.
? Tomar medidas para garantizar la plena cooperación de las instituciones correspondientes, especialmente el Ministerio Público, en la implementación de las recomendaciones y conclusiones de la Procuradoría de los Derechos Humanos y de la CICIG.

A la comunidad internacional:

? Seguir monitoreando la situación de los defensores de derechos humanos y manifestar su apoyo por su labor mediante, inter alia, las intervenciones de mecanismos de derechos humanos internacionales y regionales, la labor de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Guatemala, y las acciones previstas en las directrices de la Unión Europea sobre los defensores de derechos humanos.

A los defensores de derechos humanos:

? Fortalecer alianzas y coaliciones de defensores dentro y fuera del país para aumentar la protección que estas redes pueden aportar a los propios defensores.
? Aprovechar todas las oportunidades disponibles para participar en los procesos de toma de decisiones de las instituciones públicas, incluido estableciendo contacto con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.