GRUPO DE TRABAJO DE NACIONES UNIDAS SOBRE LA UTILIZACION DE MERCENARIOS CONCLUYE VISITA A PERU

2 de febrero de 2007

El Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación concluyó su visita al Perú, celebrada del 29 de enero al 2 de febrero de 2007.
El Grupo de Trabajo transmite su agradecimiento al Gobierno del Perú por su invitación extendida a los miembros para realizar la visita al país y desea expresar su agrado por el diálogo cooperativo y constructivo que se entabló con autoridades legislativas, ejecutivas, judiciales y otros órganos del Estado. Durante su visita, la delegación del Grupo de Trabajo tuvo reuniones con Ministras, Viceministros y Altos Funcionarios en los Ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa, Interior y Policía Nacional, Justicia y Trabajo; Presidentes de las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y del Trabajo del Congreso Nacional, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal Superior de la Fiscalía Superior Penal Nacional General de la República, el Jefe Nacional del Instituto de Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo. La delegación del Grupo de Trabajo también tuvo la oportunidad de reunirse con otros sectores de la sociedad civil peruana, incluyendo representantes del Colegio de Abogados, un número importante de organizaciones no gubernamentales, empresas de seguridad privadas, individuos y medios de comunicación.
Durante su visita al Perú, el Grupo de Trabajo recabó información útil para el cumplimiento de su mandato, el cual consiste en estudiar e identificar las actuales manifestaciones, problemas y tendencias emergentes relacionadas con mercenarios y actividades vinculadas al mercenarismo, así como el papel de las empresas militares y de seguridad privadas y sus posibles consecuencias en el impedimento del disfrute y ejercicio de los derechos humanos.
Conforme a las prácticas usuales de los Procedimientos Especiales de derechos humanos de las Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo preparará un informe detallado sobre su visita al Perú. Este informe será presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y será reflejado en el informe dirigido a la Asamblea General en el transcurso del presente año.
En el último día de su estancia en el Perú, el Grupo de Trabajo desea proporcionar algunas conclusiones preliminares y comentarios relativos a su visita.
Como principio general, la delegación del Grupo de Trabajo desea hacer hincapié en la responsabilidad primaria que recae sobre los Gobiernos en materia de mantenimiento de la seguridad pública, la ley y el orden con arreglo al derecho nacional e internacional.
El Grupo de Trabajo felicita al Estado peruano por las acciones que ha emprendido para adherirse a la Convención Internacional contra el reclutamiento, utilización, financiación y entrenamiento de mercenarios de 1989. Estas acciones permitirán a Perú convertirse en el quinto país de América Latina y el Caribe y en el vigésimo noveno Estado parte a nivel mundial. En el ámbito nacional, dicha acción deberá ser complementada con medidas nacionales tendientes a adaptar la legislación peruana que permitan penalizar y sancionar las actividades relacionadas con mercenarios y el mercenarismo. Estas medidas permitirán al Perú suplir un vacío jurídico. También observó que en el año 2006 se promulgó la Ley 28879 sobre Servicios de Seguridad Privada, de la cual se está preparando el reglamento para su aplicación y la Ley 28806 General de Inspección del Trabajo; al igual que la Ley 28950 Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, aprobada el 12 de enero de 2007.
El Grupo de Trabajo manifiesta su inquietud por información recibida acerca de la contratación y entrenamiento de cientos de ciudadanos peruanos por empresas de seguridad privada para desempeñar funciones de seguridad en Irak y en Afganistán. Algunas de estas empresas están registradas en Perú, siendo subsidiarias de empresas con sede en el extranjero, mientras que otras han operado sin estar inscritas. Asimismo, el Grupo de Trabajo ha recibido información de distintas fuentes con respecto a irregularidades contractuales, malas condiciones de trabajo, que incluyen hacinamiento, exceso de horas laboradas, falta de pago o pago incompleto de la remuneración, trato vejatorio y aislamiento, y desatención a las necesidades básicas como salud e higiene. Aunque se les había contratado como guardias de seguridad, estas personas recibieron un adiestramiento militar en Perú o en un tercer país del Oriente Medio, y terminaron desempeñando funciones no previstas en sus contratos y por lo tanto no acordadas.
Animismo, el Grupo de Trabajo recibió información del Ministerio de Defensa indicando que el 19 de septiembre de 2005, el Secretario General de la Comandancia General del Ejército, autorizó al Gerente General de FAME la suscripción de un contrato entre la empresa Gun Supply SAC y la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A. Después de una investigación el Ministerio de Defensa llegó a la conclusión de que el Ejército no había realizado una evaluación de las implicaciones políticas e internacionales del tema al aprobar esta propuesta, la cual no se puso en conocimiento de los Ministerios de Relaciones y de Defensa. El Ministerio de Defensa reafirmó al Grupo de Trabajo su compromiso de colaborar dándole las seguridades de que este tipo de situaciones no se volverán a producir.
El Grupo de Trabajo ha evidenciado que una débil o escasa legislación, regulación y control nacional sobre las empresas de seguridad privadas, alientan a empresas que operan en el mercado internacional a buscar ciudadanos de otros países para ser contratados como guardias de seguridad en zonas de conflicto armado. En este sentido, ha llamado la atención de los Estados para fortalecer la legislación interna contra estas nuevas modalidades de delito relativas al mercenarismo. Una observación preliminar llevaría a considerar que la ausencia de medidas de control de las empresas de seguridad privadas ha hecho posible la contratación de un gran número de peruanos. Según algunas fuentes de información, más de mil ciudadanos peruanos continúan en Irak prestando esos servicios. A este respecto el Grupo de Trabajo toma nota de algunas acciones positivas realizadas por la Cancillería, a través del Servicio de Comunidades peruanas en el extranjero, tendentes a paliar problemas que han surgido a raíz de esta contratación, invitándola a que prosiga con acciones más contundente en esta dirección.
La información recabada revela graves omisiones por parte del Estado peruano y deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones previstas en el derecho internacional, incluyendo normas laborales, y pone en tela de juicio el carácter constitucional de estas actividades. La situación socioeconómica desfavorable y el pronunciado desempleo que han hecho atractivos este tipo de contratos para la población, no reduce la responsabilidad del gobierno. El Grupo de Trabajo está preocupado por la falta de actuación de los órganos estatales, particularmente el Ministerio de Trabajo y la Fiscalía de la Nación, siendo este un fenómeno masivo y ampliamente conocido y difundido por los medios de comunicación. El Ministerio de Trabajo hubiera tenido que controlar en algún momento los contratos y asegurarse que una posible reclamación por incumplimiento de derechos laborales era admisible; emitir una opinión sobre las cláusulas y condiciones de los contratos y tratar en lo posible de enmarcar los contratos bajo un convenio bilateral que asegurase a los contratados servicios de salud, de seguridad social y derechos laborales.
El Grupo de Trabajo es consciente que las formas en que están actuando algunas empresas de seguridad privadas, contratando personas en países de alto índice de desocupación, para ir a prestar servicios de seguridad en zonas de conflicto armado, son manifestaciones novedosas del mercenarismo y que en un primer momento puede haber sorprendido a las autoridades de los países en donde esto está ocurriendo. A este respecto desea hacer hincapié en que el antiguo Relator de las Naciones Unidas, Enrique Bernales Ballesteros, sobre el tema de los mercenarios, ha venido alertando desde hace varios años sobre las causas y las consecuencias de las nuevas modalidades de este fenómeno. Asimismo, la Asamblea General de la ONU, en repetidas ocasiones, ha llamado la atención de los Estados Miembros sobre el hecho que “cualquiera que sea la forma en que sean utilizados o la que adopten para aparentar legitimidad, los mercenarios o las actividades relacionadas con ellos son una amenaza para la paz, la seguridad y la libre determinación de los pueblos y un obstáculo para el disfrute de todos los derechos humanos por los pueblos.” Por último, recordar a las autoridades que el fenómeno de contratación de peruanos para ir a Irak y Afganistán, lleva ya produciéndose desde 2005, convirtiéndose en un fenómeno masivo que los medios de comunicación han estado alertando públicamente desde los primeros momentos.
Por otra parte, durante su visita, el Grupo de Trabajo ha recibido información que indicaría la realización de una serie de acciones para intimidar a la población, particularmente a defensores de derechos ambientales, en la región de Cajamarca, por grupos de seguridad privada, o policías ejecutando labores de seguridad privada. Los hechos han incluido la muerte de varios campesinos y delitos contra la libertad personal, bajo la figura de coacción a miembros de organizaciones ambientales. Preocupa al Grupo de Trabajo que la legítima protesta social de las comunidades respecto al uso de sus tierras, sea confundida con actividades delincuenciales o terroristas y se elimine, acuse o intimide a los líderes de esta protesta bajo acciones de fuerza. Sobre este caso, alienta a los organismos de gobierno a continuar proporcionando a los líderes las medidas de protección que fueron cauteladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En base a lo anteriormente expuesto, el Grupo de Trabajo desea presentar las siguientes recomendaciones preliminares:
- El deposito del instrumento de adhesión de Perú a la Convención Internacional contra el reclutamiento, utilización, financiación y entrenamiento de mercenarios de 1989 lo antes posible;

- En el proceso que se debe adelantar para adecuar la legislación peruana a la norma internacional, el Estado peruano debería adoptar la interpretación normativa más amplia posible, que incluya no sólo el delito de mercenario sino también las formas relacionadas con el mercenarismo. Para ello sería importante que en la elaboración del proyecto participen los distintos ministerios y órganos estatales responsables, así como la Defensoría del Pueblo y sectores de la sociedad civil vinculados con la protección de los derechos humanos;

- El mantenimiento por parte de las autoridades de registros transparentes de las empresas de seguridad privadas, incluyendo todo lo referente a la propiedad, estatutos, fines y funciones, así como un sistema de inspecciones periódicas. También adoptar medidas legislativas y reglamentarias para evitar posibles conflictos de intereses cuando agentes del Estado en ejercicio, actúen como propietarios o administradores de estas empresas.

- La investigación por parte de las autoridades competentes, particularmente la Fiscalía de la Nación para que se investiguen todos los casos que no han sido debidamente esclarecidos, particularmente las muertes de ciudadanos peruanos como consecuencia de las actividades que han desarrollado en Irak y Afganistán.

- Solicitar a las instituciones competentes la rápida entrega de las informaciones que les sean demandadas por los organismos de control, encargados de realizar las investigaciones correspondientes, a fin de aclarar las responsabilidades del Estado y de las empresas de seguridad privadas e individuos involucrados, teniendo en cuenta las posibles cuestiones de jurisdicción extraterritorial.

- Tomar medidas de carácter urgente, con el fin de defender los derechos de los ciudadanos peruanos que todavía se encuentran trabajando en Irak y en Afganistán en las condiciones antes mencionadas.
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El Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, fue establecido en 2005 por la Comisión de Derechos Humanos.
El Grupo de Trabajo está compuesto de cinco expertos independientes trabajando en sus capacidades personales: Sra. Najat Al-Hajjaji (Libia Arab Jamahiriya), Presidente-relator Sra. Amada Benavides de Pérez (Colombia), Sr. José Luis Gomez del Prado (España), Sr. Alexander Nikitin (Federación de Rusia) y Sra. Shaista Shameem (Fiji).

Si desea obtener más información sobre la resolución que establece el mandato del Grupo de Trabajo, consulte la página web de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos: http://www.ohchr.org/english/issues/mercenaries/index.htm.