La actual crisis de salud pública causada por la COVID-19 afecta desproporcionadamente a las personas y comunidades que ya están en situaciones vulnerables y marginadas. Alrededor del mundo, las personas migrantes pueden ser particularmente vulnerables al estigma y la discriminación y pueden resultar excluidas en las leyes, políticas y práctica del acceso a derechos, incluso en el contexto de salud pública y respuesta al COVID-19.