Resumen

Los pueblos indígenas, que han soportado siglos de colonización, violencia y dominación, a menudo relegados a vivir en territorios marginales en arduas condiciones, ofrecen valiosas formas de abordar la crisis mundial del agua por medio de sus prácticas tradicionales, en lo que respecta no solo a la gestión sostenible de los ecosistemas acuáticos sino también a la gobernanza democrática del agua potable y el saneamiento. Sin embargo, en la actualidad, la minería, la construcción de inmensas presas hidroeléctricas, el desarrollo de grandes explotaciones agrícolas y ganaderas, los procesos de apoderamiento de enormes extensiones de tierras y agua y la implantación de grandes proyectos turísticos en sus territorios están dañando y contaminando sus fuentes de agua y poniendo en peligro sus medios de subsistencia. Los Gobiernos tienen la obligación de garantizar a los pueblos indígenas su derecho a la libre determinación, a consultas libres y bien informadas y al consentimiento previo a cualquier intervención en sus territorios; los Estados deben disponer los medios necesarios para asegurar que los pueblos indígenas disfruten de sus derechos humanos al agua potable y al saneamiento, lo que debe incluir un diálogo intercultural respetuoso con sus cosmovisiones, conocimientos y prácticas ancestrales.