Resumen

El presente informe de la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Siobhán Mullally, fue elaborado en cumplimiento de la resolución 44/4 del Consejo de Derechos Humanos.

La trata de personas, que se caracteriza por un alto grado de empleo informal y por una escasa vigilancia y protección, sigue siendo un problema grave en el sector agrícola y afecta tanto a adultos como a niños. Los trabajadores temporales, estacionales y migrantes están poco protegidos y siguen expuestos al riesgo de ser explotados. La discriminación por motivos de raza, origen étnico, situación migratoria, género y discapacidad crea condiciones propicias para que la trata se lleve a cabo con impunidad. Las políticas migratorias restrictivas persisten, pese a la demanda de trabajadores agrícolas. Aunque durante la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) se consideró “esenciales” a los trabajadores agrícolas, no se mejoró su protección ni se abrieron más vías para la migración segura. El trabajo infantil sigue siendo frecuente en el sector agrícola, y los riesgos de trata siguen siendo importantes tanto para los niños como para las niñas. El aumento de los agronegocios y el poder de las empresas, sumados a la velocidad con que avanza el cambio climático, han exacerbado aún más el riesgo de trata de personas. La agricultura, en particular la intensiva, está contribuyendo negativamente al cambio climático, lo que refleja la relación más amplia entre la trata de personas, la degradación ambiental, la pérdida de biodiversidad y la crisis climática. Las desigualdades con respecto a la tierra, que afectan especialmente a las mujeres y las niñas, siguen siendo una de las causas principales de la explotación, incluida la trata con fines de trabajo forzoso. Estas desigualdades —vinculadas a los legados del colonialismo, los conflictos, las estructuras patriarcales de la familia y el Estado, y la discriminación racial— se ven agravadas por el crecimiento de los modelos de agricultura industrial a gran escala y por la limitada aplicación del derecho internacional de los derechos humanos y de las normas laborales. En el presente informe se examina la persistencia de la trata de personas en el sector agrícola, en particular con fines de trabajo forzoso. En el informe, la Relatora Especial destaca la importancia de adoptar medidas obligatorias de diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente para combatir la trata de personas en el sector agrícola a fin de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.