Resumen

En el presente informe, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania se refiere a las conclusiones sobre acontecimientos ocurridos a finales de febrero y en marzo de 2022 en las cuatro provincias de Kyiv, Cherníhiv, Khárkiv y Sumy, tal como lo solicitó el Consejo de Derechos Humanos en su resolución S-34/1.

Durante esta primera fase de sus investigaciones, la Comisión ha constatado que desde el 24 de febrero de 2022 se han cometido en Ucrania crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Las fuerzas armadas rusas son responsables de la gran mayoría de las violaciones detectadas.

En algunos casos, también las fuerzas ucranianas han cometido violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos dos incidentes que se califican de crímenes de guerra.

La Comisión, compuesta por tres expertos, aplica un criterio de prueba de “motivos razonables para concluir” al llegar a sus conclusiones, basadas en un conjunto de información verificada.

El uso incesante de armas explosivas con efectos de amplio alcance en zonas pobladas ha matado y herido a decenas de civiles y ha devastado vecindarios enteros. La Comisión documentó ataques indiscriminados con municiones en racimo, misiles no guiados y ataques aéreos en el contexto de los intentos de las fuerzas armadas rusas de capturar localidades y asentamientos más pequeños.

Es muy probable que esos sistemas de armas tengan efectos indiscriminados y causen un daño sensible a los civiles. De hecho, la mayoría de las muertes verificadas desde el inicio de las hostilidades han sido causadas por esas armas. Edificios residenciales, escuelas y hospitales, entre otras partes de la infraestructura civil, se han visto dañados o destruidos.

La Comisión también constató que las fuerzas armadas rusas habían disparado contra civiles que intentaban huir y que, en el curso de las hostilidades, las partes habían desplegado sus medios militares y sus efectivos de forma que pudieran poner en peligro a los civiles, en contravención del derecho internacional humanitario. Además, la Comisión documentó patrones de ejecuciones sumarias, confinamiento ilegal, tortura, malos tratos, violaciones y otros actos de violencia sexual cometidos en zonas ocupadas por las fuerzas armadas rusas en las cuatro provincias en las que se centró su labor. Se ha detenido a personas, algunas han sido deportadas ilegalmente a la Federación de Rusia y muchas siguen dándose por desaparecidas. La violencia sexual ha cobrado víctimas de todas las edades. En ocasiones, se obligó a las víctimas, entre ellos niños, a presenciar los crímenes.

Los niños se han convertido en víctimas de todo el espectro de violaciones investigadas por la Comisión, entre ellas ataques indiscriminados, tortura y violación, y han sufrido las previsibles consecuencias psicológicas.

Esas violaciones siguen teniendo un efecto devastador para las víctimas y los supervivientes. No es motivo de asombro que las víctimas hayan puesto de relieve el papel esencial de la justicia y la rendición de cuentas. A ese respecto, la Comisión recomienda que se mejore la coordinación de los esfuerzos internacionales y nacionales para promover la rendición de cuentas, aumentar la eficacia y evitar que se inflija daño a víctimas y testigos. La Comisión, de conformidad con su mandato, tratará de contribuir a la identificación de los responsables