Resumen

Durante el período que abarca el informe, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria siguió documentando violaciones generalizadas de los derechos humanos y del derecho humanitario en todo el país. El conflicto se intensificó en varias primeras líneas, lo que entrañó consecuencias devastadoras para la población civil. Las fuerzas gubernamentales utilizaron municiones en racimo en un campamento de desplazados densamente poblado de Idlib, mientras los niños se preparaban para ir a la escuela, matando al menos a 7 civiles e hiriendo al menos a otros 60. Un ataque con cohetes mató a 16 civiles e hirió a otros 29 en la ciudad de Al-Bab, en la zona rural oriental de Alepo. La inseguridad persistió en todas las zonas controladas por el Gobierno, especialmente en el sur, donde no cesaron los enfrentamientos y los asesinatos selectivos. Continuaron las detenciones arbitrarias, las desapariciones y las muertes durante la detención, e imperaron el hostigamiento, la extorsión y otras violaciones. Los civiles de Afrin e Idlib —incluidos los que expresaban opiniones críticas— también fueron objeto de detención arbitraria y en régimen de incomunicación, y a algunos se los mantuvo en reclusión de manera equiparable a una desaparición forzada. En el nordeste, unas 56.000 personas, principalmente mujeres y niños, permanecían internadas en campamentos en condiciones espantosas. La violencia sexual y de género continuó en todo el país, lo que se inscribe en el marco de una legislación que no la penaliza de forma efectiva. En un momento en el que el 90 % de todos los civiles sirios viven en la pobreza, más de 13 millones son personas desplazadas o refugiadas, y se calcula que 15,3 millones necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir, el nivel más alto de personas necesitadas desde el inicio del conflicto.