Resumen

La Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Fionnuala Ní Aoláin, realizó una visita oficial a Uzbekistán del 29 de noviembre al 7 de diciembre de 2021.

Durante los últimos cinco años, Uzbekistán ha experimentado cambios políticos fundamentales. Se han puesto en marcha iniciativas de reforma centradas principalmente en cuestiones de orden económico y social, pero también en relación con el estado de derecho y con cambios estructurales. Uzbekistán ha sido elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos y tiene el importante cometido de demostrar y poner en práctica un compromiso continuo con la protección de los derechos humanos.

La Relatora Especial felicita al Gobierno de Uzbekistán por haber repatriado a sus nacionales de manera sostenida y eficaz desde las zonas de conflicto en el extranjero. Destaca el enfoque integrado, multidisciplinar e interinstitucional del Gobierno en materia de reintegración como buena práctica, así como la productiva cooperación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de mantener un enfoque a largo plazo con el fin de lograr una reintegración constructiva. La Relatora Especial cree que otros países podrían extraer valiosas y prácticas enseñanzas de la labor que está llevando a cabo el Gobierno de Uzbekistán en este ámbito. Recomienda encarecidamente que se establezcan mecanismos para realizar el seguimiento y la evaluación de los derechos humanos en las actividades de retorno y repatriación como forma de compartir las mejores prácticas y aprender de la labor llevada a cabo hasta la fecha.

La Relatora Especial señala varios problemas importantes de derechos humanos derivados de los marcos relativos a la seguridad, la lucha contra el terrorismo y el extremismo que están vigentes en Uzbekistán. Considera que el derecho penal en materia de terrorismo y extremismo está definido de manera general y vaga, lo que menoscaba directamente derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional. Le preocupa seriamente el uso del término “extremismo” en la legislación y la práctica nacionales. Destaca la necesidad de revisar a fondo varias disposiciones del Código Penal relacionadas con el "extremismo", el "terrorismo" y la seguridad nacional. Expresa una gran preocupación por las garantías de un juicio justo, el uso de pruebas "periciales" en los casos de lucha contra el terrorismo y el "extremismo", la fragmentación en el ejercicio de la acción penal, el acceso a una representación legal independiente y la igualdad de medios procesales de los acusados. Recomienda examinar y revisar los marcos jurídicos nacionales y ofrece su asistencia técnica para ello.

Afirma los retos históricos y endémicos que plantean la tortura y otros tratos inhumanos y degradantes en las dependencias de detención. Asimismo, aborda las desapariciones forzadas. Si bien reconoce que hay reformas en marcha, las prácticas y los problemas persisten, e insiste en que es preciso hacer más para eliminar los legados de esas prácticas.

La Relatora Especial aborda las medidas en vigor destinadas a luchar contra la financiación del terrorismo y el proceso de evaluación mutua continua en el que participa Uzbekistán. Formula varias recomendaciones para revisar y reformar la estrategia nacional contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de manera que se garantice el cumplimiento del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, la resolución 2462 (2019) del Consejo de Seguridad y la nota interpretativa de la recomendación 8 de las nueve Recomendaciones Especiales sobre la Financiación del Terrorismo del Grupo de Acción Financiera.

Felicita al Gobierno de Uzbekistán por el papel positivo que ha desempeñado frente a la catástrofe humanitaria que se está produciendo en el vecino Afganistán. Alienta a la comunidad internacional a que ayude a los Gobiernos de la región, incluido el de Uzbekistán, a prestar apoyo humanitario práctico al pueblo del Afganistán, en colaboración con las Naciones Unidas. Sobre la situación de los afganos que actualmente se encuentran en Uzbekistán, subraya la necesidad de respetar el principio de no devolución y apoya el establecimiento de normas nacionales que respeten los derechos humanos para regularizar la situación de los afganos en Uzbekistán.