Resumen

El Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas realizó una visita a Honduras del 19 al 28 de agosto de 2019.

El Grupo de Trabajo acogió con beneplácito el compromiso del Gobierno de Honduras de aplicar los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos como elemento fundamental para la protección de los derechos humanos y el desarrollo sostenible en beneficio de todos y se mostró alentado por los esfuerzos a este respecto. No obstante, expresó su preocupación por el grado de aplicación y la eficacia de las medidas adoptadas para abordar las causas fundamentales de los conflictos sociales. Instó al Gobierno a que adoptara medidas urgentes y promulgara reformas legislativas e institucionales que contribuyeran a crear un entorno propicio para una conducta empresarial responsable.

El Grupo de Trabajo observó la ausencia de un marco normativo e institucional sólido que protegiera de los abusos de derechos humanos relacionados con las empresas y proporcionara acceso a un recurso efectivo, en un contexto en el que los proyectos de desarrollo y las inversiones parecían haber superado la protección de las personas y el medio ambiente. Observó que la falta de rendición de cuentas por los daños causados por las empresas a menudo se veía agravada por los ataques, el hostigamiento y la intimidación contra quienes se pronunciaban en contra de los abusos y exigían responsabilidades por las víctimas, lo cual a su vez había alimentado conflictos sociales y la falta de confianza en las instituciones del Estado, con repercusiones negativas duraderas en las comunidades locales, las empresas y los inversores.

Una de las causas fundamentales de la mayoría de los conflictos sociales es la falta sistemática de transparencia y de una participación significativa de las comunidades afectadas en las decisiones relativas a los proyectos de desarrollo y la explotación de los recursos naturales, así como en los sectores de la energía y la agroindustria.

El Grupo de Trabajo aconsejó a las empresas que no utilizaran normas deficientes o ineficaces en materia de medio ambiente o consultas y que proyectaran la “socialización” como medio de relacionarse con las comunidades. Instó a la comunidad empresarial a que se implicara en la debida diligencia en materia de derechos humanos y la aplicación de los Principios Rectores, así como en una participación significativa de los titulares de derechos, como clave para una actividad empresarial sostenible y la prevención de los conflictos sociales.

El Grupo de Trabajo advirtió que la impunidad y la corrupción habían erosionado la confianza en las autoridades públicas y su capacidad para proteger a las comunidades afectadas de los abusos de derechos humanos relacionados con las empresas, en particular en el caso de las personas que se encontraban en situaciones más vulnerables, como los pueblos indígenas y las mujeres trabajadoras. Sumó su voz a la de otros interesados, incluidas algunas asociaciones empresariales, expresando preocupación por el reciente retroceso en la lucha contra la corrupción y las consiguientes repercusiones negativas en todos los agentes de la sociedad y los esfuerzos del Estado por aplicar los Principios Rectores.

* El resumen del informe se distribuye en todos los idiomas oficiales. El informe propiamente dicho, que figura en el anexo del resumen, se distribuye únicamente en el idioma en que se presentó y en español.
** Se acordó publicar el presente informe tras la fecha de publicación prevista debido a circunstancias que escapan al control de quien lo presenta.