Resumen

La Comisión de Investigación sobre Burundi comprobó que en 2017 y 2018 siguieron produciéndose violaciones graves de los derechos humanos —algunas de las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad— que había documentado durante su primer mandato, en particular ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, detenciones y reclusiones arbitrarias, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y violencia sexual, así como violaciones de las libertades civiles, como las libertades de expresión, de asociación, de reunión y de circulación (véase A/HRC/36/54 y Corr.1).

Aunque el Servicio Nacional de Inteligencia y la Policía siguen siendo los órganos estatales más implicados en esas violaciones, preocupa a la Comisión el creciente papel desempeñado por miembros de la organización juvenil del partido gobernante, los imbonerakures, en un contexto de reclutamiento de miembros de la población encaminado a silenciar toda forma de oposición. Los autores de las violaciones operan en un clima general de impunidad fomentada por la falta de independencia del poder judicial.

La crisis política en Burundi ha tenido un efecto muy negativo sobre la situación económica y social del país y ha contribuido a su deterioro. A pesar de ello, el Gobierno ha multiplicado los impuestos y contribuciones que constituyen una violación del derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, y no ha dedicado el máximo de sus recursos internos al ejercicio efectivo de los derechos económicos y sociales.