El Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Sr. Olivier De Schutter, tiene la intención de dedicar su informe para el 75º período de sesiones de la Asamblea General, que se presentará en octubre de 2020, a la cuestión de cómo pueden incorporarse los derechos humanos de las personas que viven en situación de pobreza a los planes nacionales destinados a poner la economía en una senda más "verde", mitigar el cambio climático y preservar y mejorar la diversidad biológica. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) deben leerse como un conjunto integrado, y los ODS 1 (para poner fin a la pobreza en todas sus formas en todas partes) y 10 (para reducir las desigualdades) deben orientar las acciones hacia el cumplimiento de los demás ODS, incluidos los ODS 12 (consumo y producción responsables), 13 (acción climática) y 15 (gestión sostenible de la vida en la tierra). El presente informe tendrá por objeto identificar tanto los desafíos asociados a ese enfoque integrado como las buenas prácticas, tanto en las políticas públicas como en las iniciativas privadas, que vayan más allá de las compensaciones habituales y puedan garantizar que esos objetivos se aborden de forma combinada, permitiendo sinergias y complementariedades entre la justicia social y la sostenibilidad ambiental.

Convocatoria para la presentación de contribuciones

El Relator Especial invita a todos los gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, académicos, organizaciones internacionales, activistas, empresas y otros interesados a que aporten contribuciones por escrito para su informe temático.

Se pide a los encuestados que limiten sus comentarios a un máximo de 2.500 palabras. Se podrán adjuntar a la presentación materiales de apoyo adicionales, como informes, estudios académicos y otros tipos de material de antecedentes.

El Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos agradecería especialmente que se le hicieran comentarios, observaciones y ejemplos de buenas prácticas en las siguientes áreas:

1. Energía: el paso a fuentes de energía renovables y el mejoramiento de la eficiencia energética

1.1. ¿Qué políticas (como las subvenciones para la reubicación, la asistencia para la búsqueda de empleo y los programas de reorientación profesional) han demostrado ser las más eficaces para apoyar a los trabajadores afectados por la transición a las energías renovables y para superar las barreras que los trabajadores poco cualificados pueden encontrar para entrar en el sector de las energías renovables?

1.2. 1.2. ¿En qué incentivos fiscales y financieros innovadores se puede confiar para reducir las diferencias de costos entre las tecnologías de las energías renovables y las de los combustibles fósiles, a fin de que la energía limpia sea asequible para todos?

1.3. Las pruebas indican que, en las zonas rurales en particular, la producción de energía a gran escala en la red no es rentable, mientras que los sistemas de energía renovable en miniatura y fuera de la red, desplegados de manera descentralizada en colaboración con las comunidades locales, son más prometedores y económicamente viables. ¿A qué obstáculos se enfrenta el establecimiento de esos sistemas descentralizados de energía renovable? ¿Qué experiencias podrían servir de fuente de inspiración a este respecto?

2. Vivienda: fomento del rendimiento energético de los edificios

2.1. ¿Qué instrumentos han resultado eficaces para garantizar que la imposición de normas más estrictas relacionadas con el rendimiento energético de los edificios no dé lugar a un aumento del nivel de los alquileres, haciendo que la vivienda sea menos asequible para los hogares de bajos ingresos?

3. Obsolescencia planificada y ciclo de vida de los productos

3.1. ¿Cuáles han resultado ser los medios más eficaces para combatir la obsolescencia planificada o "incorporada" de los productos, es decir, prohibir o desalentar la práctica de los fabricantes de diseñar deliberadamente productos para que fallen prematuramente o queden anticuados? ¿Cuáles son los obstáculos para la aplicación de los reglamentos que prohíben esas prácticas?

3.2. Los consumidores de productos de larga duración incurren en mayores costos de compra por adelantado, pero menores costos totales anuales, en comparación con los consumidores de productos de corta duración (excluidos los costos de reparación). ¿Qué políticas deberían considerar los gobiernos para alentar a los consumidores a elegir productos de larga vida, cuyos efectos en el medio ambiente son mucho menos importantes? En particular, en el caso de las personas que viven en situación de pobreza, sus limitados ingresos disponibles en el momento de la compra pueden desalentar la compra de productos de larga vida y, por lo tanto, más sostenibles. ¿Qué políticas podrían ayudar a superar este obstáculo?

3.4. Las iniciativas de economía funcional y de economía compartida (consumo en colaboración), como el intercambio de herramientas, automóviles o tractores, fomentan y facilitan el intercambio o la puesta en común de bienes infrautilizados y amplían el acceso a bienes y servicios, reduciendo al mismo tiempo el impacto ambiental. ¿Qué medidas reglamentarias o normativas han tenido más éxito en el fomento de esas formas de consumo? ¿Cuáles son los factores más importantes que limitan el crecimiento del sector de la reparación (por ejemplo, la disponibilidad de piezas de repuesto, la mano de obra calificada, las limitaciones de tiempo a las que se enfrentan los consumidores, los costos)? ¿Y cómo podrían superarse esos obstáculos?

4. Los efectos de la transición en el empleo

4.1. Los esquemas de pagos por servicios de los ecosistemas (PSE), cuando se diseñan cuidadosamente, pueden ayudar a mantener la salud de los ecosistemas y proporcionar ingresos adicionales a las personas y comunidades que viven en la pobreza. Esto requiere la cuidadosa y compleja integración de criterios económicos, ecológicos y sociales en el diseño y la aplicación de los PSE para promover la resistencia económica, la integridad ambiental y el desarrollo social. ¿Cómo podría diseñarse el PSE para asegurar que las personas en situación de pobreza (pobres sin tierra y pequeños propietarios) no queden excluidas de ellos, lo que podría ocurrir al exigir un título formal de propiedad de la tierra, un tamaño mínimo de la tierra o procesos de aplicación costosos?

4.2. Para la reestructuración ecológica, los trabajadores de muchas ocupaciones e industrias existentes necesitarán nuevas aptitudes. Los gobiernos, los representantes de los trabajadores y los empleadores deberían colaborar para ello: 1) determinar las posibles pérdidas tempranas de puestos de trabajo en las industrias emisoras y 2) proponer la actualización de las aptitudes y la capacitación de los trabajadores de esas industrias, ya sea para adaptar sus aptitudes a una nueva tecnología ecológica o para pasar a las industrias ecológicas.  ¿Qué políticas o medidas del mercado laboral pueden garantizar que los trabajadores más vulnerables del mercado de trabajo reciban asistencia específica y un trato preferencial para identificar las deficiencias de sus aptitudes y asegurar su acceso a empleos verdes mediante una capacitación a medida, directamente vinculada a ofertas de empleo específicas?

Mire aquí las contribuciones recibidas...

Consultas de los medios de comunicación

El informe del Relator Especial se presentará a la Asamblea General de las Naciones Unidas en octubre de 2020 y se hará público más o menos al mismo tiempo.

Las preguntas de los medios de comunicación, incluidas las solicitudes para asistir a la presentación del informe temático en la Asamblea General de Nueva York, pueden dirigirse a Junko Tadaki (jtadaki@ohchr.org) y Patricia Varela (pvarela@ohchr.org).

Twitter: @ DeSchutterO