El Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género (IE SOGI), Sr. Graeme Reid, dedicará su informe la 79ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas a explorar los obstáculos para lograr la participación en los procesos electorales que enfrentan las personas, vinculada a su orientación sexual e identidad de género real o percibida. El informe se preparará teniendo en cuenta no solo el número récord de elecciones que se convocarán a nivel mundial en 2024, sino también la importancia de las cuestiones de género y sexualidad en la política contemporánea en todo el mundo y, por tanto, la realización de los derechos en las democracias electorales.

Dentro del marco del derecho internacional de derechos humanos, el IE SOGI explorará los obstáculos estructurales que surgen de leyes, políticas, regulaciones y prácticas administrativas o de otro tipo que inhiben la participación electoral, contrarias a los estándares internacionales para elecciones democráticas. Dichos obstáculos incluyen acciones de actores estatales y no estatales, y los resultados inequitativos (como votantes, candidatos a cargos públicos, trabajadores electorales y con respecto a cuestiones que tratan de SOGI). Esos obstáculos y resultados se analizarán en relación con la realización de la gobernanza democrática en general, con especial atención a los ejemplos proporcionados de las diversas experiencias de discriminación y violencia por motivos de SOGI, incluso las que se cruzan con raza, casta, religión, lugar, etnia, discapacidad y otras estructuras de exclusión. En la medida en que existan obstáculos a la participación efectiva que surjan de situaciones específicas, como personas detenidas/con antecedentes penales, personas que buscan el sufragio (por cambio de estatus legal como inmigración, estado civil, etc.), o para personas fuera su país, el informe buscará resaltar los obstáculos en relación a los temas de SOGI y considerar soluciones integrales. Reconociendo que las elecciones son parte clave de los procesos políticos, el informe prestará especial atención al impacto de los discursos políticos, incluso durante el proceso de campaña y en línea, en la participación electoral de lesbianas, gays, bisexuales, personas trans (LGBT) y otras personas de género diverso.

Además de describir los desafíos que enfrentan las personas LGBT, el informe identificará buenas prácticas y políticas para superar los obstáculos y garantizar una participación electoral significativa para todas las personas, como base para desarrollar las correspondientes recomendaciones correctivas para los Estados.

El informe presentará recomendaciones a los Estados y otras partes interesadas relevantes para ayudarlos a cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional de derechos humanos de proteger y empoderar a todas las personas, incluidas las personas LGBT, en el ejercicio y disfrute de todos sus derechos humanos. El objetivo es subrayar los muchos factores que contribuyen a la participación plena y equitativa en la determinación de las estructuras de gobernanza, incluso a través de una participación electoral efectiva que responda a las necesidades actuales y futuras de las personas LGBT y sus sociedades, a nivel mundial.

Fondo

El artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) establece el “derecho y la oportunidad, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2 y sin restricciones irrazonables […] de votar y ser elegido”. También señala que las elecciones deben ser periódicas, genuinas, basadas en el sufragio universal e igualitario, secretas y libres. Si bien las variaciones en los sistemas electorales y los métodos de votación pueden deberse a tradiciones y antecedentes históricos, el ejercicio de estos derechos sólo puede estar condicionado por “criterios objetivos y razonables” y “ cualquier sistema [electoral] que opere en un Estado parte debe ser compatible con las derechos protegidos por el artículo 25.”^[1]

"La democracia y los derechos humanos se refuerzan mutuamente".^[2] Una democracia significativa requiere no sólo una participación electoral plena e igualitaria de todos los miembros de la sociedad, sino también la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los miembros de la sociedad.^[3] Por lo tanto, el discurso político y el entorno más amplio para el ejercicio libre y pleno de los derechos humanos impactan el derecho y la oportunidad de las personas LGBT de participar significativamente en los procesos electorales. El respeto hacia otros derechos relevantes para la participación electoral, como la no discriminación (de hecho y de derecho) por motivos de sexo y género, raza, casta y discapacidad, entre otros motivos, así como las libertades de expresión, asociación y reunión, es crucial para facilitar la plena participación electoral de las personas LGBT. Más allá de las brechas formales en la protección de estos derechos, las amenazas, la incitación o los casos reales de violencia (por parte de actores estatales o no estatales) vinculados a la orientación sexual y la identidad de género, por sí solos o en intersección con otras bases de exclusión, también pueden restringir la protección política y participación electoral.

El papel de la sociedad civil, y especialmente de los grupos ciudadanos de observación electoral, es crucial para la protección y promoción de los derechos humanos durante las elecciones.[4] La cooperación entre observadores ciudadanos y organizaciones no gubernamentales (ONG) que se centran específicamente en cuestiones LGBT puede reforzarse mutuamente, pero las leyes y prácticas restrictivas pueden limitar su capacidad misma de operar.

Cada proceso electoral comprende aspectos legales, administrativos, fiscales, socioculturales y políticos. El informe del Experto Independiente tendrá en cuenta y considerará todos estos elementos para identificar y analizar cualquier obstáculo a la participación electoral plena y significativa de ciudadanos LGBT. Las leyes pueden otorgar formalmente derechos, como el derecho al voto, pero pueden negarse en la práctica, como cuando las mujeres y otras personas género no normativo no pueden acceder al voto debido a la ley de cédulas de identidad; la movilidad física, incluida la seguridad y protección, y el momento y el lugar de registro y votación, son importantes para la accesibilidad real de la votación, etc.

Entorno legal

Las elecciones no son un evento de un día, y todas las etapas antes, durante y después de la votación y el escrutinio se rigen por leyes y reglamentos, algunos de carácter constitucional. Las leyes pueden imponer restricciones irrazonables a los derechos garantizados por los tratados internacionales de derechos humanos, o pueden tener un efecto discriminatorio.

Si bien los derechos humanos de las personas LGBT a votar y presentarse como candidatos rara vez están expresamente restringidos por ley, otras medidas legales –dirigidas directa o indirectamente a las personas LGBT– pueden conducir a una privación de facto de sus derechos. Por ejemplo, el sufragio puede restringirse sobre la base de una condena penal o encarcelamiento, lo que afecta a las personas LGBT que se ven afectadas de forma desproporcionada por la penalización expresa de conductas entre personas del mismo sexo, el despliegue de disposiciones sobre moralidad y la aplicación de otras leyes aparentemente neutras. Si bien los derechos humanos de las personas LGBT a votar y postularse para cargos públicos rara vez están expresamente restringidos por ley, la aplicación de disposiciones sobre moralidad o la criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo pueden conducir a una privación de derechos de facto. Además, los esfuerzos para promover la diversidad y la equidad de género en la representación electoral, como las cuotas de género y otras medidas especiales temporales, pueden no permitir o interpretarse de maneras que no abarquen la gama de categorías de género, lo que presenta desafíos para la integración de hombres trans, mujeres trans, travestis y personas no binarias en estos marcos. La suposición de dos géneros puede afectar las regulaciones de registro de candidatos, campaña, cobertura mediática de las elecciones, financiamiento político y ocupación de los escaños vacantes. También puede ser relevante cómo la política nacional contra la discriminación por motivos de sexo o género, si tal política existe, se adapta a la diversidad de identidades de género y se aplica en el contexto electoral. Por ejemplo, el hecho de que la consideración de los delitos motivados por prejuicios tenga en cuenta las cuestiones SOGI repercute en la seguridad real y percibida de las personas públicas, como las personas candidatas LGBT, o de sus partidarios activos.

Guiadas por la ley, las elecciones son también un proceso administrativo. Incluso si los procedimientos están bien financiados, no son onerosos y son eficientes, pueden ser discriminatorios e impedir la participación plena y significativa de todos los grupos de la sociedad. Los procedimientos administrativos, como el registro civil o el uso de servicios digitales para la verificación de identidad o el procesamiento de documentación electoral, pueden parecer neutrales en apariencia, pero pueden tener un efecto discriminatorio para muchos votantes, incluidos las personas votantes y candidatas LGBT. Por ejemplo, la falta de acceso al reconocimiento legal de género y el consiguiente desajuste entre la documentación y la identidad de género pueden impedir la participación plena.

Aspectos políticos

Las elecciones no son sólo una cuestión jurídica y administrativa. También tienen que ver con la competencia política y el acceso a posiciones de poder, por lo que hay mucho en juego en cuestiónde  temas y candidatos. Algunos políticos pueden denigrar a personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y otras personas de género diverso para obtener beneficios políticos. La retórica intolerante y el discurso de odio pueden entrar en el discurso en relación con candidatos específicos, plataformas políticas o, en general, infundiendo miedo al “otro” proyectado retóricamente sobre las personas LGBT, con la intención de avivar el pánico moral. La GBTIfobia puede verse amplificada por otras actitudes negativas basadas en el origen nacional, raza, migración, discapacidad, etc., y ser una forma de expresión de actitudes xenófobas que pueden apuntar a varias categorías a la vez. La discriminación interseccional en la política y las elecciones no es un fenómeno nuevo y, a menudo, la llevan a cabo actores no estatales y medios informales.

Los procesos electorales tienen lugar en todos los niveles y la política puede desarrollarse de manera diferente en las elecciones a nivel nacional y local. Las prácticas políticas y culturales locales, que a menudo varían según la geografía, pueden desempeñar un papel importante: ¿es seguro viajar a los colegios electorales? ¿Seguro para quién? ¿Cómo se registran las personas de diferente género en los sitios locales? ¿Son accesibles para personas con discaoacidad? ¿Son las tradiciones de género en movimiento (por ejemplo, los acompañantes masculinos) un aspecto de la igualdad de poder de voto?

En algunas localidades, los votantes LGBT pueden ser un bloque de votación importante, o ser valorados como parte de alianzas de solidaridad, y en algunos distritos las cuestiones y derechos SOGI pueden ser un tema de campaña más destacado que en otros. Dicho esto, la práctica muestra que las cuestiones SOGI no entran en el discurso político debido a su prominencia, sino que más a menudo se basan en cálculos políticos de actores clave. Los referendos sobre temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo o los derechos de las parejas LGBT a adoptar niños o la educación sexual integral se introducen en ocasiones con el propósito de polarizar políticamente o distraer a la opinión pública de otros asuntos de interés social. En otras ocasiones, las cuestiones de derechos sexuales han sido parte de políticas exitosas y avances políticos, como en el caso de las leyes municipales y municipales contra la discriminación aprobadas mediante votación, o las votaciones parlamentarias sobre el reconocimiento de la identidad de género en línea con las promesas de campaña. Cuando las cuestiones LGBT no aparecen en el discurso político o como temas de campaña, esto puede estar relacionado con la restricción general del entorno político y la intolerancia hacia la disidencia política.

Las campañas políticas utilizan una multitud de métodos para llegar a los votantes. Las asambleas públicas, donde las consideraciones de seguridad son importantes, siguen siendo un componente importante de las campañas. La cobertura en los medios de comunicación tradicionales, como la televisión, la radio o las ediciones impresas, sigue llegando a la mayoría de los votantes, configurando las opiniones públicas y normalizando ciertos discursos. Las campañas en línea siguen estando insuficientemente reguladas, a pesar de que mucho países intentan encontrar formas de contrarrestar la desinformación, la retórica intolerante y la incitación a la violencia en línea. Parece que la retórica que es menos aceptable socialmente fuera de Internet puede ocurrir con más frecuencia en línea, al igual que la violencia verbal y las amenazas de violencia física contra las personas LGBT. El financiamiento de campañas y los recursos disponibles para candidatos y campañas no tradicionales son un tema que requiere atención y análisis de derechos.

Convocatoria de aportaciones

El Experto Independiente invita a todos los Estados interesados, organizaciones de la sociedad civil, académicos, organizaciones internacionales, instituciones nacionales de derechos humanos, activistas, corporaciones y otros a realizar aportaciones por escrito a las siguientes preguntas para su informe temático. Se acogen con agrado las aportaciones en relación con prácticas y políticas específicas en Estados o territorios, así como las aportaciones más generales relativas a las regiones o a la comunidad internacional en su conjunto.

Las siguientes preguntas se proporcionan como puntos de referencia ilustrativos para guiar la formulación de insumos. Proporcione cualquier respaldo relevante de aportes sustantivos (como documentación, enlaces a evidencia de impacto, etc.) con las presentaciones.

1. ¿Existen en su país leyes, políticas o prácticas que, explícita o implícitamente, prohíban o restrinjan los derechos de sufragio de formar vinculada a creencias sobre la orientación sexual, la identidad de género u otros conceptos más amplios de sexo o género que puedan incluir SOGI de alguna forma?
   1. Si dichas leyes incluyen limitaciones al derecho al voto o a presentarse a cargos públicos vinculadas a factores de jure o de facto vinculados a la identidad de género o la orientación sexual, identifique el mecanismo mediante el cual se crea la privación de derechos. (Es decir, ¿exclusión por condena penal o aplicación de disposiciones morales?)
   2. ¿Qué otras exclusiones se cruzan con estas exclusiones de facto o de jure? (Es decir, ¿estado civil? ¿registro en el partido? ¿pruebas de alfabetización?)
   3. ¿Permiten las prácticas y procedimientos administrativos el cambio de notación de sexo o género en los documentos oficiales que sirven para la identificación de los electores? ¿Ha habido casos en los que se haya privado a personas del derecho a votar o a presentarse a cargos públicos debido a tales imprecisiones en los documentos de identificación?
2. ¿Existen leyes, políticas o prácticas que, explícita o implícitamente, prohíban o restrinjan la participación de personas en cualquier elemento del proceso electoral, como eventos de campaña o cobertura mediática, vinculados con la orientación sexual y/o la identidad de género, incluso en relación con a restricciones más amplias a la libertad de expresión, asociación, reunión o de otro tipo?
   1. En particular, ¿hay ejemplos de cómo las prácticas y procedimientos administrativos prohíben o restringen la participación electoral de personas LGBT basándose en la suposición de dos géneros?
3. ¿Qué otras leyes, políticas o prácticas y procedimientos administrativos de los procesos electorales funcionan como barreras al sufragio pleno o a la participación en campañas? Identifique las prácticas específicas que constituyen barreras.
4. ¿Alguna de las leyes señaladas anteriormente tiene carácter de disposición constitucional?
5. ¿Se han impugnado dichas leyes, políticas o prácticas ante los tribunales? En caso afirmativo, ¿cuáles fueron los resultados?
6. Si no existen leyes, políticas o prácticas vigentes como las descritas anteriormente o que sean motivo de preocupación, ¿ha habido intentos o incentivos en los últimos diez años (2014-2024) para introducir restricciones explícitas o implícitas? De ser así, ¿quiénes fueron los actores/grupos/individuos u organizaciones detrás de estos intentos y cuál es la situación actual?
7. En los últimos diez años (2014-2024), ¿se han documentado casos de violencia física, violencia psicológica o amenazas de violencia contra candidatos, activistas políticos o votantes por motivos de orientación sexual o identidad de género? ¿Ha habido casos relevantes relacionados con las elecciones de incitación a la violencia, incitación al odio y retórica discriminatoria o intolerante? En caso afirmativo, ¿quiénes fueron los actores/grupos/individuos u organizaciones detrás de estos actos, intentos o retórica, y cuál fue la reacción de las autoridades?
8. ¿Participan los políticos u otros actores públicos (incluidos los líderes religiosos y culturales) en la propagación de la sensación de pánico moral para obtener beneficios políticos mediante la denigración de las personas basándose en su orientación sexual e identidad de género real o percibida (por ejemplo, en el contexto de la promoción de determinadas leyes, difamaciones electorales de los opositores, o de otra manera)? ¿Ha habido campañas políticas o legislativas centradas en cuestiones SOGI? ¿Cuáles fueron las motivaciones políticas detrás de ellos?
9. Al considerar la importancia del contexto general y el clima político para los derechos, describa cómo se presentan y posicionan las cuestiones SOGI en relación con las divisiones políticas e ideológicas dominantes. ¿Hay casos en los que el posicionamiento político de las cuestiones SOGI ejemplifica actitudes xenófobas u otras actitudes racistas/antimigrantes, etc. más amplias? ¿Existen ejemplos concretos de cómo factores como la raza, etnicidad, la clase social, el género, la edad y la discapacidad agravan la discriminación por orientación sexual e identidad de género en relación con la participación electoral?
10. ¿Es diferente la retórica sobre candidatos, activistas políticos o votantes LGBT en los ámbitos offline y online? ¿Cuál es el discurso en los medios de comunicación tradicionales? ¿Existen casos de retórica política discriminatoria específicos del ámbito en línea? ¿Las políticas de las empresas tecnológicas logran un buen equilibrio entre la protección de la libertad de expresión y ayudar a garantizar una participación electoral significativa, segura e igualitaria de las personas LGBT?
11. ¿Tiene algún ejemplo de buenas prácticas, políticas o intervenciones que:
    1. ¿Se creó espacio político para la entrada de candidatos no tradicionales de todos los géneros y sexualidades?
    2. ¿Ha creado materiales o formas de comunicación e información que contrarresten la información errónea (ya sea sobre el VIH, el desarrollo infantil, el matrimonio y los valores familiares) en las campañas electorales?

¿Prácticas institucionales revisadas para facilitar una mayor accesibilidad y participación electoral en toda SOGI?