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convocatoria a contribuciones | Procedimientos Especiales

Convocatoria de aportaciones: “El contrato social fiscal y la economía basada en los derechos humanos” informe temático a la Asamblea General de las Naciones Unidas

Publicado por

Experto Independiente sobre los efectos de la deuda externa

Plazo límite

20 abril 2024

Propósito: Recopilar las aportaciones de Estados, a las organizaciones y redes de la sociedad civil, a las INDH, a las instituciones académicas, a los grupos de reflexión, a las empresas, a las organizaciones internacionales, a los particulares y a otras partes interesadas para elaborar su informe temático sobre "El contrato social fiscal y la economía basada en los derechos humanos". El informe se presentará en el 79º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en octubre de 2024.
Contexto

La Experta Independiente sobre deuda externa y derechos humanos, Attiya Waris, desea agradecer a los Estados, a las organizaciones y redes de la sociedad civil, a las INDH, a las instituciones académicas, a los grupos de reflexión, a las empresas, a las organizaciones internacionales, a los particulares y a otras partes interesadas por su compromiso continuo con este mandato. La Sra. Waris inicia el proceso de recopilación de aportaciones de los Estados y otras partes interesadas para elaborar su informe temático sobre "El contrato social fiscal y la economía basada en los derechos humanos". El informe se presentará en el 79º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en octubre de 2024.

Introducción

En su informe temático anual a la 79° sesión de la Asamblea General de la ONU, la Experta Independiente sobre deuda externa y derechos humanos tiene como objetivo hacer hincapié en las formas de abordar la creciente desconexión entre los ciudadanos y las instituciones que los atienden, ya que muchos se sienten abandonados y ya no confían en el sistema, con una susceptibilidad aumentada por la pérdida de la verdad y la comprensión compartidas.

El concepto de "contrato social fiscal" se refiere al acuerdo implícito entre un gobierno y su población sobre la recaudación y asignación de fondos públicos. Es un pilar fundamental de las sociedades democráticas modernas, donde los ciudadanos aportan impuestos y, a cambio, el gobierno proporciona bienes y servicios públicos.

El contrato social fiscal se basa en el principio de responsabilidad mutua y reciprocidad. Los ciudadanos se comprometen a pagar impuestos, que sirven como un recurso financiero para que el gobierno cumpla con sus obligaciones y responsabilidades con la sociedad. Estas obligaciones incluyen la prestación de servicios esenciales como educación, atención médica, vivienda, infraestructura, seguridad y programas de bienestar social.

A cambio de sus contribuciones fiscales, los ciudadanos esperan que el gobierno utilice estos fondos de manera eficiente y efectiva para el mejoramiento de la sociedad. Anticipan que los fondos públicos se asignarán sobre la base de principios de justicia, equidad y transparencia. Esto garantiza que el contrato social fiscal siga siendo sólido y que los ciudadanos continúen confiando en el gobierno con sus contribuciones fiscales.

Además, el contrato social fiscal requiere la rendición de cuentas tanto del gobierno como de los ciudadanos. Los gobiernos deben rendir cuentas de sus decisiones fiscales y garantizar que los fondos públicos se utilicen en el mejor interés de la sociedad. Esta rendición de cuentas puede facilitarse a través de mecanismos como la transparencia presupuestaria, las auditorías y la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones.

Por otro lado, los ciudadanos tienen la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones tributarias de manera honesta y completa. La evasión o elusión fiscal socava el contrato social fiscal, ya que priva al gobierno de los recursos necesarios para proporcionar bienes y servicios públicos. Es imperativo que los ciudadanos reconozcan su papel en la defensa del contrato social fiscal mediante el pago de su parte justa de impuestos.

En conclusión, el concepto de contrato social fiscal constituye la base de una sociedad que funciona. Establece una relación de confianza y responsabilidad entre el gobierno y sus ciudadanos, asegurando la provisión de bienes y servicios públicos esenciales. Mantener este contrato requiere transparencia, rendición de cuentas y respeto mutuo. Al adherirse al contrato social fiscal, los gobiernos y los ciudadanos pueden trabajar juntos para construir sociedades prósperas y equitativas.

Dado que el mundo se enfrenta a una situación de múltiples crisis que tienen lugar en todo el mundo, incluidas las socioeconómicas (desempleo, pobreza, desigualdades), la salud (COVID-19) y la degradación ambiental (cambio climático e inseguridad alimentaria), la aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos a los planes y políticas de recuperación implicaría proteger el medio ambiente como nuestro bien común, al tiempo que se prioriza el cumplimiento de los derechos humanos básicos de la población en materia de salud, seguridad alimentaria, vivienda, seguridad social, etc.

Cuestionario

La Experta independiente invita a todas las partes interesadas a que aporten opiniones, documentación, análisis e información pertinente para su informe temático sobre “ El contrato fiscal social y la economía basada en derechos humanos", en particular, a los académicos/instituciones académicas, a los investigadores independientes, a los centros de pensamiento, a las organizaciones internacionales, a las entidades de las Naciones Unidas, a las instituciones financieras internacionales, a los órganos fiscales, a las instituciones nacionales de derechos humanos, a las empresas y asociaciones empresariales, a las organizaciones no gubernamentales, así como a los partículas y otras partes interesadas. El informe será presentado en el 79º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Información clave solicitada

Para facilitar la recepción de aportaciones, la Experta Independiente preparó una lista de información clave que considera esencial para el informe. La lista puede responderse total o parcialmente en función de los conocimientos y la experiencia de los actores dispuestos a contribuir al informe. La lista de temas es la siguiente (por favor, haga referencia al número de la pregunta en su respuesta):

General
  1. Por favor explique, ¿cuál es el papel de la tributación en el contrato social fiscal?
  2. ¿Qué entiende usted por una economía basada en los derechos humanos?
  3. ¿Cómo impactan el sistema tributario y las políticas en la solidez y eficacia del contrato social fiscal? ¿Cuáles son las posibles consecuencias de la evasión o elusión fiscal en el contrato social fiscal y en la sociedad en su conjunto?
  4. ¿Cuáles son los principales factores que influyen en las percepciones y expectativas de la población respecto a sus obligaciones tributarias y el papel del Estado en la provisión de bienes y servicios públicos? ¿Cómo pueden los gobiernos evaluar, comunicar e interactuar eficazmente con los ciudadanos en las políticas fiscales para fortalecer el contrato fiscal social?
  5. ¿Qué mecanismos y prácticas existen para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la recaudación y asignación de fondos públicos? ¿Qué pueden hacer los ciudadanos para que el gobierno rinda cuentas?. Sírvanse proporcionar ejemplos de prácticas exitosas e identificar áreas de mejora.
  6. ¿Cuáles son los resultados económicos y sociales asociados con el contrato social fiscal? ¿Cómo contribuye un contrato social fiscal que funcione bien al desarrollo sostenible, a la reducción de las desigualdades y a la promoción de la cohesión social?
  7. ¿Qué desafíos y oportunidades existen para fortalecer el contrato fiscal social en el contexto de la globalización y los avances tecnológicos? ¿Cómo pueden los gobiernos adaptar sus políticas y prácticas fiscales para garantizar la pertinencia y eficacia continuas del contrato social fiscal en un mundo cambiante?
  8. ¿Cómo se entrecruzan el contrato social fiscal y la economía de derechos humanos y cómo estos conceptos pueden complementarse y reforzarse mutuamente?
  9. Desde una perspectiva política y jurídica, ¿cuáles son las responsabilidades financieras de un Estado en materia de derechos humanos y asignación de impuestos? En este contexto, ¿cómo puede evaluarse las obligaciones estatales para la realización inmediata y progresiva de los derechos humanos?
  10. En su opinión, ¿cómo integra una economía basada en los derechos humanos la sostenibilidad medioambiental en las actividades económicas?
  11. Desde su punto de vista, ¿la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales impiden o apoyan la realización de los derechos humanos?
  12. En el caso de los países en desarrollo, donde el desafío del cambio climático, la erradicación de la pobreza y los servicios básicos están en juego, ¿cómo pueden el crecimiento verde ofrecer oportunidades económicas y de inversión al mismo tiempo que mejora la calidad ambiental y social? ¿conoce ejemplos en los que el crecimiento verde haya mejorado tanto el medio ambiente como la calidad de los servicios sociales al mismo tiempo?
Otro
  1. Sírvanse proporcionar cualquier otra información, documentos o material que pueda ser pertinente para el concepto de contrato social fiscal y para las preguntas anteriormente listadas.
Tratamiento de las respuestas

Todas las propuestas se publicarán en la página web oficial del Experto Independiente. Las organizaciones de la sociedad civil o los particulares pueden solicitar que sus comunicaciones permanezcan confidenciales. 

Próximas etapas

Por favor, envíe sus contribuciones en inglés, francés o español en formato Word a hrc-ie-foreigndebt@un.org.

Por favor indique " Submission for GA 79 Report" en el encabezado del correo electrónico.

Por favor, limite sus contribuciones a un máximo de 2.500 palabras y, si es necesario, facilite enlaces a los documentos pertinentes o adjunte los correspondientes anexos.

Su contribución debe enviarse antes del 20 de abril de 2024. 

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