A invitación del Gobierno de Chile, la Relatora Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Dra. Alice Jill Edwards, tiene programado realizar una visita oficial a Chile del 16 al 27 de octubre de 2023.

El foco principal de la visita serán los esfuerzos e iniciativas realizadas en Chile para luchar contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

La Relatora Especial comenzará su visita en Santiago de Chile. También tiene previsto viajar a Valparaiso, Temuco y Tarapaca (Iquique and Colchane).

Durante la visita, se reunirá con representantes del Gobierno, organizaciones internacionales, incluidas entidades de las Naciones Unidas, la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, víctimas y sus familiares.

Al final de la misión, la Relatora Especial informará al Gobierno sobre sus conclusiones preliminares y, de acuerdo con la práctica establecida, también celebrará una conferencia de prensa para compartir esas conclusiones preliminares con el público en general. En las próximas semanas se comunicará información adicional sobre la hora y el lugar de la conferencia de prensa.

La experta presentará un informe sobre la visita al país al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2025.

En preparación de la visita, la Relatora Especial agradecería recibir información pertinente de todas las partes interesadas sobre cuestiones relacionadas con la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el contexto actual de Chile, incluyendo en relación con:

- los marcos jurídicos, procesales e institucionales para la prohibición y prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

- los procedimientos de denuncia, investigación, enjuiciamiento y rendición de cuentas de los responsables de delitos de tortura y desapariciones forzadas, así como de lesiones o muertes bajo custodia, así como la protección, indemnización y rehabilitación de las víctimas y supervivientes y sus familiares, tanto en casos históricos como recientes;

- las salvaguardias jurídicas y procesales y tratamiento de sospechosos, testigos y víctimas y supervivientes en el sistema de justicia penal, incluida la no admisibilidad de pruebas obtenidas mediante tortura u otras conductas ilícitas, así como técnicas y procedimientos de interrogatorio;

- el uso de la fuerza por parte de la policía, las fuerzas de seguridad y las fuerzas del orden, incluida la vigilancia policial de reuniones (en relación también con los actos de 2019);

- las condiciones y procedimientos relativos a la custodia y la detención, incluidas prisiones, instituciones psiquiátricas, centros de protección de menores y residencias de ancianos;

- la protección de las personas vulnerables en la sociedad y en los lugares de privación de libertad, incluidos niños/jóvenes, mujeres (incluida la violencia contra las mujeres), niñas, LGBTIQ+, indígenas y personas con discapacidades o dificultades intelectuales, mentales o psiquiátricas y otras discapacidades o dificultades físicas o psicológicas;

- el trato y las normas de protección para solicitantes de asilo, refugiados y otros migrantes;

- los sistemas de formación, creación de capacidad, contratación y ascensos para la policía y las fuerzas del orden, los servicios penitenciarios, las fuerzas armadas y otras autoridades públicas pertinentes;

- las funciones del parlamento, el mecanismo nacional de prevención, las instituciones de derechos humanos y la sociedad civil en la prevención y respuesta a la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.