Informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela

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47a sesión del Consejo de Derechos Humanos
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidos para los Derechos Humanos

Ginebra, 5 de julio de 2021

Señora Presidenta,
Excelencias,

En este Día de la Independencia de Venezuela, reitero mi compromiso, junto con el de mi Oficina, de seguir prestando nuestro apoyo a la plena realización de los derechos humanos en el país. Confío en que pronto avancemos hacia el establecimiento de una oficina de país en Venezuela.

Mi último informe, publicado la semana pasada, ofrece una visión general de los últimos desarrollos acerca del estado de derecho y del espacio democrático, así como una evaluación de la implementación de mis recomendaciones anteriores. En septiembre presentaré un informe complementario.

Saludo las nuevas iniciativas anunciadas por el Gobierno incluyendo las reformas de la policía y de la justicia. El trabajo de las Comisiones recién creadas guiará el camino a ser recorrido, que esperamos conduzca a resultados significativos y eficaces, de acuerdo con los estándares de derechos humanos.
Mi oficina está dispuesta a acompañar estos esfuerzos.

Señalo en mi informe la tendencia a la baja de las muertes en el contexto de las protestas y en las operaciones de seguridad. Sin embargo, una sola muerte ya es demasiado. La reforma de la policía es la ocasión de marcar un cambio significativo y sostenible hacia una mayor protección de los derechos humanos, y la prevención de violaciones de los mismos. Es una oportunidad para reforzar los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, fortalecer la profesionalización y formación de los miembros de las fuerzas de seguridad.

Por otro lado, continúan las protestas sociales ante un acceso cada vez más difícil a los servicios básicos. Efectivamente, las desigualdades socio-económicas preexistentes se han visto agravadas por el impacto de las sanciones sectoriales unilaterales y la pandemia de COVID-19.  En consonancia con recientes anuncios,
insto a que se continúen los esfuerzos que llevan al levantamiento de las sanciones sectoriales unilaterales y contribuyan a aliviar la situación de la población del país.

El personal sanitario se ha manifestado repetidamente en favor de condiciones de trabajo adecuadas y seguras y del acceso a la vacunación, alegando la insuficiencia de equipos de protección personal, la falta de pago de los salarios y las condiciones insalubres. Se calcula que más de una quinta parte de las muertes por COVID-19 en el país han afectado a trabajadores sanitarios. La vacunación debe ser accesible para todos.

En consonancia con el espíritu de las reformas anunciadas es urgente continuar avanzando con los procesos judiciales de rendición de cuentas por las muertes en el contexto de las protestas de los últimos años. En este sentido saludo los avances contra la impunidad, incluyendo a la reciente condena de un agente de policía por el asesinato de César Pereira durante una protesta en 2017. Los procedimientos judiciales sistemáticos en casos similares, incluyendo la consideración de la responsabilidad de la cadena de mando, reflejarían la voluntad firme de llevar a los perpetradores ante la justicia. Mi Oficina está trabajando para apoyar estos esfuerzos. Hemos acordado con la Fiscalía General de la Republica tener acceso a los expedientes de casos de violaciones de derechos humanos, y confió que pronto mis equipos puedan tener acceso a las audiencias judiciales.

Las condiciones de detención siguen siendo preocupantes, aún más en el contexto de la pandemia del COVID-19. Hago un llamado para a que se garantice a todas las personas privadas de la libertad el acceso a una alimentación adecuada, agua, saneamiento y atención sanitaria, de acuerdo con las Reglas de Mandela. La reciente declaración del presidente Maduro en la que reconoce los problemas de detención y se compromete a tomar medidas para mejorar la situación es alentadora.  

Acojo con satisfacción el inminente cierre de todos los centros de detención gestionados por los servicios de inteligencia, como ha anunciado el Presidente. Aliento a que se produzca con prontitud los traslados de todos los detenidos a centros con mejores condiciones para los reclusos. Insto a las autoridades a que mantengan una comunicación transparente y proactiva con familiares y defensas legales durante todo este proceso.

Hasta el día de hoy, mi equipo ha visitado 8 estados, y sigue haciendo visitas a centros de detención, 26 hasta el momento, incluyendo una visita la semana pasada al centro de detención del SEBIN, con entrevistas individuales y confidenciales a detenidos. El plan para reducir el número de presos en los centros de detención preventiva es otra iniciativa a destacar.

En el marco del dialogo de mi Oficina con las autoridades, saludo las 40 liberaciones y las medidas humanitarias de casos individuales documentados por mi Oficina desde mi actualización el mes de marzo. Sigo instando a que se conceda la libertad plena a todas las personas detenidas arbitrariamente. Llamo también a que se estudien medidas alternativas para reducir el hacinamiento, así como la aplicación de medidas humanitarias a los detenidos con un cuadro médico serio.

En mi informe, también señalo las continuas preocupaciones relacionadas con el debido proceso. Hay que garantizar el derecho a un juicio justo y sin demoras indebidas, incluido el acceso sin restricciones a una defensa legal de elección propia, la presunción de inocencia, y un tribunal independiente, imparcial y transparente. Sin duda, la confianza en el sistema judicial se construye mediante la aplicación sistemática de estas garantías.

Excelencias,

El reciente nombramiento del Consejo Electoral Nacional prepara el camino para los procesos electorales regionales y locales previstos para el mes de noviembre. Apoyo las iniciativas para establecer un diálogo directo entre las autoridades y la sociedad civil como medidas necesarias para fomentar la confianza.

Sin embargo, las restricciones al espacio cívico siguen siendo motivo de preocupación. Resalto, en particular, la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes, sobre todo hacia la sociedad civil, los medios de comunicación y los miembros de la oposición.

Desde junio del año 2020 hasta mayo de este año, mi Oficina documentó 97 incidentes de este tipo relacionados con personas defensoras de los derechos humanos, muchas acusadas de delitos penales por formas legítimas de participación cívica. Estas son señales de la reducción del espacio cívico y de la agudización de la polarización. El arresto de tres miembros de Fundaredes hace solo tres días es un ejemplo preocupante. Aprovecho esta intervención para solicitar el acceso urgente de abogado defensores de su elección.

Cualquier desarrollo legislativo o reglamentario debe tratar de reforzar las medidas de fomento de la confianza y la toma de decisiones inclusiva. Animo a las autoridades a continuar revisando el actual marco legal en aspectos concretos sobre la imposición de una fiscalización desproporcionada a la sociedad civil y vinculación de actividades humanitarias y de derechos humanos con el terrorismo.

Saludo los recientes esfuerzos realizados para atender algunas de mis anteriores recomendaciones insto a que continúen. Igualmente saludo el compromiso de las autoridades a colaborar con mi Oficina, y sigo tendiendo la mano para que mi Oficina y yo acompañemos la aplicación verdadera de las reformas anunciadas para lograr mejoras concretas de los derechos humanos en Venezuela.