Webinar “Pandemia, vacunas y derechos humanos en las Américas”

Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Intervención de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

10 de mayo de 2021

Señora Presidenta, Comisionada Antonia Urrejola 
Señora Relatora Soledad García Muñoz,
Estimadas y estimados colegas,

Me complace dirigirme a ustedes hoy, en el contexto de la Resolución 1/2021 adoptada por la Comisión Interamericana de los derechos humanos.

Saludo este análisis tan pertinente sobre las vacunas contra el COVID-19 en el marco de las obligaciones interamericanas de derechos humanos.

Este es, sin duda, un tema tan crucial como amplio.

Hoy me concentraré en el primer punto de la parte resolutiva de la resolución: acceso a las vacunas, bienes y servicios de salud en atención al principio de igualdad y no discriminación.

Amigas y amigos,

Este último año ha cambiado nuestras vidas de maneras que aún nos cuesta comprender.

La pandemia tomó por asalto al mundo entero, pero el golpe fue más fuerte en las Américas.

La región ha superado recientemente la terrible marca de 1,5 millones de vidas perdidas para la COVID-19, y dos de sus países -Estados Unidos y Brasil -- tienen el mayor número de muertes absolutas del mundo.

El impacto socioeconómico no es menos angustioso.

Un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, CEPAL, muestra que, en finales de 2020, el 33,7% de la población de la región vivía en la pobreza. Esto significa 209 millones de personas, 22 millones más que el año anterior. La pobreza extrema alcanzó niveles no vistos en los últimos 20 años, llegando al 12,5% de la población.

Según el Fondo Monetario Internacional, FMI, con una desaceleración del 7% en 2020, la región tuvo la contracción económica "más brusca" del mundo, superando con la desaceleración de la economía mundial, del 3,3%.

Las cifras son asombrosas.

Y detrás de ellas hay asombrosas tragedias humanas.

Aunque el virus no discrimina, sus impactos sí lo hacen.

Las personas cuyas voces han sido histórica y sistemáticamente silenciadas son las que más sufren las consecuencias sanitarias y socioeconómicas de la crisis

La COVID-19 y sus impactos se han alimentado y han exacerbado las brechas en la protección de los derechos humanos; construidas sobre la discriminación y las desigualdades profundas, cruzadas y estructurales.

Los más afectados por las crisis sanitaria y socioeconómica son aquellos que no han cosechado los beneficios del desarrollo experimentados por muchos países de la región.

Los que se han quedado atrás - y se están quedando más atrás. Las mujeres y las niñas, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las personas LGBTI, los migrantes, las personas con discapacidad y las personas privadas de libertad, entre otros.

La COVID-19 ha desnudado la inaceptable pandemia de desigualdad y discriminación en la que hemos estado viviendo.

Incluso antes de esta crisis, los determinantes socioeconómicos de la salud, como la desigualdad, la discriminación y la pobreza, ya eran las principales razones por las que millones de personas carecen de acceso a servicios de calidad.

En todos los aspectos, la crisis demostró hasta qué punto la vulneración de los derechos humanos pone en peligro a nuestras sociedades – y mucho nos enseña sobre el valor de invertir en derechos humanos.

Y por muy dolorosa que haya sido – y aún sea – esta es una lección que debemos aprender.

La pandemia de COVID-19 ha también sido acompañada de una "infodemia" de desinformación, que socava nuestra capacidad de evaluar correctamente los hechos y las pruebas y mina el disfrute del derecho a la salud. 

Los Estados deben estar atentos y ser proactivos a la hora de garantizar un acceso no discriminatorio a la información y educación sanitaria oportuna y precisa, incluso en relación con las vacunas contra la COVID-19.

Hay que tenerlo claro: la salud es un derecho.

Ello es indispensable para el ejercicio de muchos otros derechos y necesario para que se pueda vivir con dignidad.

La COVID-19 ha hecho que su realización sea aún más urgente.

La crisis demuestra la importancia de contar con sólidos sistemas públicos universales de salud, con una atención de buena calidad que sea disponible, accesible y asequible para todos, sin discriminación alguna e independientemente de la capacidad de pago de cada persona.

Las profundas desigualdades en el acceso y el gasto en atención sanitaria han sido un grave problema incluso antes de la pandemia.

La cobertura sanitaria universal debe ser una prioridad fundamental. Así como la protección social, que es una salvaguarda vital frente a las crisis financieras, no sólo para los individuos, sino para sociedades enteras.

Los argumentos para ello nunca han sido más fuertes ni lo que está en juego es más importante.

Las crisis sanitaria y socioeconómica deben abordarse conjuntamente.

Hay que dar a las personas las condiciones para protegerse del virus.

En febrero, presenté al Consejo de Derechos Humanos mi informe sobre el impacto global de la pandemia en los derechos humanos.

Mi informe destaca que "gran parte del impacto negativo de la pandemia de la COVID-19 se ha visto exacerbado por un fracaso a la hora de abordar las causas estructurales previamente existentes de desigualdad, exclusión social y privación, y la incapacidad de muchos países, ricos y pobres por igual, de satisfacer las necesidades básicas de una proporción considerable de sus poblaciones." 

Y agregaba que "la habilidad de muchos Estados para responder a una pandemia de la magnitud actual se ha visto comprometida por años de subinversión en los servicios de salud pública y la falta de acceso universal a la atención sanitaria".

Es ahora evidente lo mucho que, en un contexto de pandemia, la salud de uno puede depender del comportamiento de los demás.

Asimismo, es incuestionable cómo evitar el colapso del sistema médico de cualquier país es un asunto de interés para todos los países.

Las políticas públicas para proteger la salud de todas y todos son esenciales. Así como la protección de trabajadores sanitarios de primera línea, sus condiciones de trabajo y su adecuada remuneración.

Por otra parte, es esencial recordar que una vida saludable es más que una buena salud física.
Esto siempre fue fundamental, sin embargo, ahora estamos viendo las consecuencias de la pandemia en la salud mental de las personas.

En todas sus formas, la promoción de la salud, y de la salud pública principalmente es, innegablemente, crucial.

Lo que me lleva a un punto que no puedo destacar lo suficiente: cualquier vacuna contra la COVID-19 debe ser distribuida como un bien público mundial.

El Consejo de Derechos Humanos también está debatiendo activamente cómo garantizar su acceso equitativo y oportuno.
Estimadas y estimados colegas,

Las vacunas se han convertido en la nueva frontera en la lucha por la igualdad, demostrando que la brecha entre países ricos y pobres sigue siendo tan marcada como siempre.

Me preocupa ver cómo históricas inequidades, tanto dentro como entre países, están repitiéndose.

Con varias vacunas autorizadas por los organismos reguladores nacionales de todo el mundo, hasta ahora, se han administrado más de 1.100 millones de dosis de vacunas a nivel global. Sin embargo, más del 80% de ellas se han administrado en países de renta alta y media-alta, mientras que sólo el 0,3% se ha administrado en países de renta baja.

Este enfoque no sólo va en contra de la solidaridad y la cooperación necesarias para una respuesta global eficaz y basada en los derechos humanos.

También es ineficiente en el contexto de una pandemia mundial que ha dejado claro que sólo estaremos a salvo cuando todos estén a salvo.

Para eso, es necesario garantizar que las vacunas sean asequibles y accesibles para todas las personas.

Los principios de igualdad y no discriminación deben respetarse a la hora de acceder a las vacunas, independientemente de la situación migratoria.

Es esencial que los planes nacionales de vacunación se hagan públicos y accesibles, en consulta con la sociedad civil y las comunidades afectadas antes de su aplicación.

Y además, necesitamos solidaridad global y una acción política concertada para garantizar que las vacunas estén disponibles para todos, en cualquier lugar.

En este sentido, felicito a los Estados Unidos por haber anunciado un paso en la dirección de la protección del derecho a la salud de las personas de todo el mundo y garantizar que las patentes funcionen para la gente. Espero que ese anuncio pronto se acompañe de medidas concretas para hacerlo realidad. 

Pero la ayuda no puede esperar. También debemos aumentar urgentemente la financiación actual de la fabricación y de las vacunas.

El mecanismo COVAX es un ejemplo inspirador.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se han entregado casi 11,5 millones de dosis de vacunas en las Américas a través del mecanismo COVAX, principalmente en Brasil, Argentina y Colombia.

La ausencia de vacunación en partes masivas del mundo amenazará a todos, directamente. Del mismo modo, cuando sectores enteros de la economía de un país se desmoronan, todos se ven perjudicados.

Esto significa que el apoyo a COVAX es vital.

Amigas y amigos,

De esta tragedia, tenemos el deber – la responsabilidad moral -- de recuperarnos mejor.

Para esto tenemos un solo camino.

Necesitamos priorizar sistemas que aseguren el derecho a la salud y a la protección social, inversiones esenciales para brindar apoyo social a todas y todos que, en muchos casos, se han deteriorado por políticas de austeridad.

Necesitamos anclar nuestros esfuerzos en los derechos humanos, construyendo un nuevo contrato social con oportunidades para todas y todos como nos alienta el Secretario General en su “Llamado a la acción”.
En este sentido, acojo con satisfacción la adopción de esta Resolución de la Comisión Interamericana, que busca “contribuir a que los Estados asuman el alcance de sus obligaciones internacionales en el contexto de las decisiones sobre vacunación, a fin de garantizar los derechos humanos, especialmente el derecho a la salud y a la vida.”
Todos hemos visto el precio de no proteger los derechos humanos.

Espero que en nuestra vida todos podamos ver el premio de protegerlos.

Muchas gracias.