“Migración, Covid-19 y derecho a la salud en América Latina: Desafíos y respuestas”

Discurso de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

14 de abril 2021

Estimadas y estimados colegas,

Agradezco la oportunidad de dialogar sobre los desafíos que nos trajo la COVID-19, especialmente en los ámbitos de la salud y de la migración.

Aunque la pandemia ha sacudido al mundo entero, ha golpeado con especial dureza a América Latina y el Caribe. 

Mientras la región solo tenía el 8,4% de la población mundial en 2020, en diciembre, se concentraron en ella el 18,6% de los contagios y el 27,8% de las muertes causadas por esta enfermedad.

Aún según el Panorama Social de América Latina 2020, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, tanto la pobreza como la pobreza extrema aumentaron en la región.

Esta grave emergencia sanitaria y socioeconómica nos reveló definitivamente la pandemia inaceptable de desigualdad y discriminación en que vivimos.

Ha sido impactante, aunque para nada sorprendente, ver el desproporcionado efecto de la COVID-19 entre los individuos y grupos marginados y discriminados.

Entre ellos, están las personas migrantes que, alrededor del mundo son particularmente vulnerables al estigma y la discriminación, y pueden resultar excluidas en las leyes, políticas y práctica del acceso a derechos, incluso en el contexto de la respuesta al COVID-19.

De hecho, me preocupan los efectos que tuvo la pandemia sobre la situación de las personas migrantes. En la región, estamos observando un recrudecimiento de los movimientos migratorios en las fronteras de México y los Estados Unidos, así como en varios países de Sudamérica debido a la migración de personas venezolanas.

También se ha mantenido el movimiento de migrantes del Caribe, sobre todo haitianos y cubanos, así como migrantes extra-continentales que desde Sudamérica cruzan la selva del Darién y Centro América con el fin de llegar a los Estados Unidos. 

Por un lado, el impacto socio-económico de la pandemia ha exacerbado las causas que obligan a las personas a dejar sus países de origen –de familias con niños y niñas menores de edad no acompañados. Los Estados deben adoptar medidas específicas que respondan a la edad, género, discapacidad y otros factores, en aras a apoyar a las personas migrantes en situación de vulnerabilidad.

También sabemos que las medidas en los países de destino tiene gran impacto para las personas migrantes, quienes se emplean desproporcionadamente en los sectores de servicios o en la economía informal, con bajos salarios y empleos temporales. Me ocuparé de este asunto más adelante.

Finalmente, bajo el argumento de prevenir la pandemia, varios Estados han decidido cerrar sus fronteras y fortalecer las operaciones de control migratorio por contener la propagación de COVID-19, incluso involucrando al ejército en las dichas tareas.

La situación ha incrementado la migración irregular, forzando a las personas a buscar rutas más peligrosas y a caer en redes de tráfico de migrantes, incrementando los riesgos de ser víctimas de abusos.

La gestión fronteriza resulta especialmente preocupante en el contexto del desplazamiento continuo y sin precedentes de venezolanos, con un saldo de casi 5,3 millones de personas que han abandonado o se han quedado fuera de su país este año. Estas cuestiones incluyen informes inquietantes sobre personas que están siendo expulsadas sin la debida evaluación de su vulnerabilidad ni de sus necesidades de protección.

La implementación de controles fronterizos y medidas más estrictas en las fronteras deben realizarse garantizando los derechos humanos de todos los migrantes, independientemente de su estado, incluyendo la no discriminación, confidencialidad y dignidad.

Aliento a los Estados a considerar la suspensión temporal de devoluciones forzadas durante la pandemia. En todos los casos, los procedimientos de devolución deben ser compatibles con las estrategias de salud pública y cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos, respetando el principio de no devolución y la prohibición de expulsiones colectivas.  

Además, los centros de detención de personas migrantes, los campamentos y otros lugares donde ellas son privadas de su libertad representan alto riesgo para la propagación de infecciones u otras enfermedades. Los Estados deben dar prioridad con carácter urgente a la liberación de las personas migrantes detenidas y adoptar una serie de alternativas a la detención basadas en un enfoque de derechos humanos. El objetivo principal es proteger el derecho la salud de las personas migrantes y del personal de los centros. Hago aún un llamado especial para que los niños y niñas y sus familias deben sean puestos en libertad inmediatamente.

Estimados colegas,

Me concentraré ahora en un desafío que nos preocupa profundamente a todos los que estamos hoy aquí.  

El reto muy concreto y muy grave que actualmente viven muchos migrantes en la región es el del ejercicio de su derecho a la salud. Me refiero en particular el acceso a los servicios básicos, debido a barreras culturales y de idioma, costos, falta de información y discriminación y xenofobia.

Independientemente de su estatus migratorio, todas las personas deben ser tomadas en cuenta como parte integral de cualquier repuesta efectiva de salud pública y recuperación a la COVID-19.

Esta no es sólo la única forma efectiva de proteger los derechos de las personas migrantes, sino también de evitar poner en peligro la salud de la sociedad en su conjunto.

La pandemia ha dejado claro que sólo podemos estar a salvo si todo el mundo está a salvo.

La cobertura sanitaria universal es un elemento esencial. Exige que los Estados garanticen el derecho a la salud y aseguren a todas y todos servicio médico apropiado y atención médica en caso de necesidad, incluso a las personas migrantes.

Resalto la obligación de proporcionar a las personas con medios insuficientes la atención médica necesaria y de evitar cualquier discriminación.

En este sentido, como ha sido resaltado por mi Oficina,  es fundamental incluir a las personas migrantes en losesquemas de vacunación nacional por la COVID-19 independientemente de su nacionalidad y estatuto migratorio. Es crucial que se establezcan ‘firewalls’ para separar las actividades de ejecución migratoria de las de provisión de servicios médicos. Los mensajes de comunicación y campañas de información pública deben clarificar que las personas migrantes en situación irregular no serán penalizados o señalados ante las autoridades migratorias cuando acudan a los servicios médicos para la vacunación.

Por otra parte, como resalté más temprano, la situación laboral de las personas migrantes también es preocupante. Este es el caso en particular de aquellas que trabajan en el sector informal y doméstico, frecuentemente en condiciones de trabajo precarias y desproporcionadamente afectadas por la pandemia.

En una encuesta de la Organización Internacional para las Migraciones sobre la población migrante en Centroamérica y México, el 51% respondieron que habían perdido el empleo debido a la pandemia.

Según el último informe de la CEPAL y datos de la OIT, más de un tercio de las trabajadoras migrantes en América Latina está ocupada en el trabajo doméstico remunerado (35,3%). Las mujeres migrantes trabajadoras domésticas pueden verse desproporcionadamente afectadas por las medidas de distanciamiento social y el aislamiento en los hogares de los empleadores, potencialmente sujetas a discriminación e incluso violencia sexual y basada en género sin poder recurrir a ayuda.

Los migrantes que están en situación migratória irregular muchas veces no tienen acceso a los programas sociales o servicios de atención básica implementados en el contexto de la pandemia. Además de incrementar el riesgo de que sean contagiados, corren el riesgo de perder sus empleos, sus ingresos o incluso de ser desalojadas de sus viviendas por falta de pago.

Es fundamental que las medidas de protección social sean disponibles y accesibles para migrantes y sus familias, independientemente de su estado migratorio.

También es importante destacar que, en situaciones de miedo e incertidumbre, como la pandemia actual, las personas migrantes pueden ser particularmente vulnerables a las actitudes y comportamientos que les estigmatizan. En muchos casos hasta son convertidas en chivos expiatorios.

Las autoridades deben garantizar que el discurso público y la respuesta a COVID-19 no contribuyan a la xenofobia y la discriminación racial. Esto incluye la introducción de medidas para prevenir, controlar y abordar estigmatización e incidentes de racismo, xenofobia, incitación a la discriminación, odio y violencia, así como haciendo responsables a quienes las generen.

Estimadas y estimados colegas,

Esta tragedia nos sitúa en un momento histórico.

No podemos volver a una supuesta normalidad que nos llevó a una crisis como ésta.

Tenemos el deber de recuperarnos mejor.

Para ello, la respuesta es clara: necesitamos anclar nuestros esfuerzos en los derechos humanos, construyendo un nuevo contrato social con oportunidades para todas y todos, como nos alienta el Secretario General.

Su “Llamado a la acción por los derechos humanos” destaca el papel transformador de los derechos humanos para abordar los retos a los que se enfrenta la región y el mundo.

Tenemos todas las evidencias de este papel.

Como dije anteriormente, los derechos humanos son nuestra única vacuna para el hambre y la pobreza. Para la discriminación y la desigualdad. Para la falta de salud universal y de un sistema de protección social capaz de enfrentarse a esta y a futuras crisis.

Es una vacuna que desarrollamos a raíz de anteriores crisis mundiales masivas, incluso dos guerras mundiales.

Debemos utilizarla sin demora.

Como médicos y personas defensoras de los derechos humanos, ahora más que nunca debemos exigir esta vacunación universal urgente.

Cuento con ustedes.

Muchas gracias.